Mientras la Fiscalía avanza en el proceso de negociación con el coronel Benjamín Núñez, excomandante operativo de la Policía en el departamento de Sucre e implicado en el asesinato de tres jóvenes en esa zona del país, las víctimas de este caso se anticipan para oponerse a cualquier clase de acuerdo.

La Fiscalía imputó cargos por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y manipulación o alteración de elemento material probatorio en contra del coronel Núñez. El oficial no aceptó su responsabilidad y advirtió que no lo hizo por una razón especial, buscaría un acuerdo con el ente acusador.

En audiencias concentradas, el ente acusador detalló cuál sería la participación y responsabilidad del coronel Benjamín Núñez en el homicidio de Carlos Alberto Ibáñez, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo, los tres jóvenes que fueron capturados por la Policía y que luego llegaron sin vida a un hospital en Sincelejo.

En las audiencias de imputación de cargos, el coronel no solo dijo que quería descansar, luego de su viaje desde México, donde se entregó a la justicia, sino que aseguró quería contar la verdad de lo ocurrido en Sucre. Aunque no entregó detalles, sí insistió en confesarse.

“La verdad yo quiero estar en mis cinco sentidos, la verdad apenas me comí una ensalada de frutas, estoy pendiente de que suspenda para poder ir al baño, la verdad me siento cansado y usted reconsidera, déjeme descansar por favor”, dijo el coronel Núñez al juez tras pedir el uso de la palabra durante la audiencia.

Ahora las víctimas y antes de conocer el contenido del eventual acuerdo, aseguran que su posición será negativa a cualquier clase de negociación con el oficial. Para el abogado Didier Pizza Genera, representante de víctimas, existen elementos de prueba suficientes que demuestran la responsabilidad del coronel.

“En este escenario y solo con estos dos EMP citados, es fácilmente deducible que el coronel en su momento, por su jerarquía, grado y cargo, tenía conocimiento, consintió, permitió y muy posiblemente además de asesinarlos, participó de las lesiones previas ocasionadas a estos jóvenes, pues él fue quien recibió y tomó el control desde el lugar donde los detienen, donde empezó la tortura, hasta el momento en que los entrega muertos en urgencias de la clínica”, señalaron las víctimas.

A través de un documento que remitieron a la Fiscalía, las víctimas aseguraron que harán oposición a los acuerdos que contemplen beneficios judiciales al oficial, en caso de aceptar responsabilidad. Señalan que entienden el sistema de justicia, pero también saben lo que tiene la Fiscalía en su poder y que claramente puede llevar a una condena ejemplar, sin beneficios.

“Finalmente, y afectos de aprovechar esta comunicación, reiteramos nuestra denuncia contra el señor Benjamín Núñez por el delito de tortura, pues hay EMP y EF que así lo demuestran al menos en grado de probabilidad de verdad, en la modalidad de dolo y en calidad de cómplice o coautor, de los cuales, a efectos de centrar la atención de la fiscalía delegada y del Ministerio Público”, advierte el documento.

Por ahora, ni la Fiscalía ni la defensa del coronel han informado sobre los acuerdos que ya se critican las víctimas. Lo único que resulta claro es la intención que advirtió el mismo oficial de llegar a una negociación con el ente acusador.