En pleno desarrollo de las fiestas municipales de Toro, Valle del Cauca, asesinaron a tres personas que departían en un bar.
Hasta el establecimiento comercial, ubicado cerca a la antigua plaza de mercado, llegaron a bordo de dos motos hombres armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego indiscriminadamente.
Las víctimas eran dos hombres y una mujer, entre ellos un padre y su hija. Este ataque sicarial dejó tres personas heridas que fueron remitidas a un centro asistencial.
El alcalde Juan Carlos Escudero emitió un comunicado en el que asegura que estos crímenes no están relacionados con las festividades del municipio.
“Se desconoce el motivo de los hechos sucedidos. Ya las instituciones correspondientes están investigando y desarrollaremos un consejo de seguridad extraordinario en las próximas horas”, explica la comunicación. Entre tanto, lamentó lo ocurrido y se solidarizó con la familia de las víctimas.
El Departamento de Policía Valle del Cauca confirmó la designación de un grupo especial de investigación que trabajará de la mano con la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los crímenes.
Las autoridades ofrecieron hasta $30 millones de recompensa por información que conduzca a los asesinos.
Esta es la masacre número 63 en lo corrido de este año en Colombia, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Esta nueva masacre pone en evidencia que, pese a la llegada del nuevo gobierno, continúan los actos de violencia en el país. Al respecto, el presidente Gustavo generó polémica con unas declaraciones en las que se refiere a los castigos que recibirían los miembros de la fuerza pública que permitan masacres y asesinatos de líderes sociales.
“La comisión de masacres y su impunidad en jurisdicciones de mandos militares y policiales afectará la hoja de vida de los mandos. Desde ahora todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacre y muerte de líderes sociales”, aseguró en su cuenta de Twitter.
La posición del mandatario, que de hecho fue apoyada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, generó malestar en la oposición. “Una cosa es aplicar la ley a un militar o policía que delinca, otra, muy grave, es presumir, como la Comisión de Verdad, que la institución democrática FFAA es la responsable de la violencia, tantos años tolerada por civiles refugiados en la palabra paz y negados a ejercer autoridad”, expuso el expresidente Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático.
Ante la polémica que han generado las palabras de Petro con relación a la postura que deben tomar las fuerzas militares para prevenir masacres y asesinatos de líderes sociales y los castigos a los que serían sometidos si fallan, por omisión, en esta misión, el ministro del Interior, Alfonso Prada, dio sus explicaciones.
“No sé qué le encuentran a eso de confuso, aquí no se está acusando a la fuerza pública de nada, todo lo contrario, nuestro mayor afecto y respecto. El lineamiento del presidente es el de todos a salvar vidas en este gobierno, incluidas las fuerzas armadas”, arguyó Prada.
El ministro del Interior, entre tanto, enfatizó que las fuerzas militares seguirán combatiendo y persiguiendo a los criminales. No obstante, dijo que el objetivo de este gobierno es diferente al de sumar bajas. “El estándar no es a cuántas personas matamos en las bandas criminales, sino cuántas vidas protegemos. Hay que cambiar un poco el chip”, concluyó.