Desde el 12 de febrero de 2016 poco o nada se sabe del paradero del periodista Alejandro Matamoros Vargas, quien protagonizó uno de los casos de pornografía infantil más sonados en los últimos años en Colombia. Después de que un juez de control de garantías lo dejara en libertad por vencimiento de términos, al considerar que la Fiscalía dejó pasar los 120 días que establece para radicar el escrito de acusación, por los delitos de pornografía infantil y acto sexual con menor de 14 años, el comunicador se esfumó.
Siete años después de esos hechos, y tras un complejo y largo proceso judicial, se emitió la primera decisión: Matamoros Vargas fue condenado a 156 meses de prisión, es decir, 13 años, y se ordenó su captura inmediata para que cumpla con los designios del fallo. Hasta el momento no ha podido ser ubicado.
En la decisión judicial conocida exclusiva por SEMANA, y la cual no se puede citar ni publicar porque hace referencia a hechos cometidos contra menores de edad, el juez de conocimiento de Bogotá fue claro en señalar que existen pruebas contundentes para demostrar la responsabilidad de Matamoros en la obtención, mediante una serie de engaños, de fotografías y videos con contenido netamente sexual de menor de edad en la capital de la República.
Para llegar a esa conclusión fueron clave los peritos del CTI de la Fiscalía y agentes de la unidad de ciberdelitos de la Policía, quienes lograron tener completo acceso a las computadoras y dispositivos electrónicos incautados a Matamoros, en el operativo que se adelantó en el apartamento en el que vivía con sus padres el 31 de agosto de 2015 en el occidente de Bogotá.
En estos dispositivos se encontraron miles de imágenes y videos de tinte sexual de niños y adolescentes a los que Matamoros engañó bajo viles estrategias. El modus operandi del comunicador social, aunque sencillo, reflejaba una mente atormentada y enferma, que se convirtió en la peor pesadilla de menores de edad que estudian en los más exclusivos colegios de Bogotá.
Los hechos datan de mediados del año 2011 cuando Matamoros, quien para ese momento hacía sus prácticas profesionales en un reconocido medio de comunicación, creó un perfil en Facebook, tal vez la red social más conocida y utilizada por aquel entonces.
Con el nombre de Juliana Salazar, una joven de 14 años, quien para los ojos de los preadolescentes era demasiado atractiva, empezó a moverse en el universo de Facebook para buscar a sus víctimas. Solo necesitó de un puñado de jóvenes estudiantes para empezar a darle rienda suelta a sus perversiones utilizando todas las herramientas que ofrecía la red social creada por Mark Zuckerberg.
Enviando las invitaciones de amistad y por el voz a voz que ya empezaba a nutrirse cada vez más en los pasillos de los colegios Juliana llegó a tener miles de “amigos” con los que conversaba a toda hora. La ingenuidad de los jóvenes, que no pasaban de los 14 años, los cegó por completo.
El tema se complicó cuando Juliana compartió fotos semidesnuda y un video en el que aparecía masturbándose con un objeto. Grabaciones que, para aumentar la perversión de los hechos, fueron conseguidas en la deep web. Mientras esto ocurría, poco a poco el tema de las conversaciones iba subiendo de tono: de saber qué música les gustaba, Juliana les preguntaba por preferencias sexuales.
A los pocos días les pedía a sus nuevos amigos que también le compartieran fotos y videos privados, haciendo lo que se les viniera a la mente cuando pensaba en ella, a lo que muchos de ellos accedieron. Después una persona, identificada como Andrés Monsalve, los agregaba para asegurarles que él tenía sus fotos íntimas y personales y que si no querían que las divulgara por toda la internet tendrían que hacer lo que él les pedía.
El tono amistoso, y hasta coqueto, se convirtió en amenazante y retador. Sabía que los jóvenes tenían miedo y eran vulnerables, por lo que aumentó las presiones para conseguir sus más abominables objetivos.
Presos del miedo, muchos jóvenes accedieron a estas aberraciones enviándoles videos haciéndose tocamientos de sus cuerpos desnudos, en el baño y haciendo todo tipo de acciones con índole sexual. Eran tiempos en los que poco o nada se conocía sobre delitos informáticos, riesgos en la red y explotación sexual mediante las redes sociales.
No fue hasta que un valiente joven, cansado de esa extorsión, venció todos sus miedos y le contó a sus padres lo que estaba ocurriendo. Inmediatamente pusieron el caso en conocimiento de las autoridades. En uno de los primeros casos de los que se tenga registro adelantaron una inspección minuciosa de direcciones IP y le pidieron a Facebook y Microsoft colaboración para que entregaran información sobre las cuentas de las que salían los mensajes de Juliana Salazar y Andrés Monsalve.
En el cruce de información, los agentes de la investigadores lograron identificar que las cuentas de Juliana y Andrés se manejaban desde el mismo computador. Con esto, ubicar el punto exacto fue cuestión de semanas. El meollo del asunto era identificar quién era la persona que estaba detrás, puesto que muchas personas se conectaban al computador.
Mientras esto ocurría, otros jóvenes víctimas presentaron toda la evidencia que tenían a su mano. El trabajo de los respectivos colegios fue fundamental para recaudar más y más pruebas que permitieran identificar al delincuente cibernético y acosador.
Y es que resultó que muchos de los estudiantes se conectaban a la red social Facebook en los computadores para chatear con la persona que creían que era Juliana, compartían información privada y recibían fotos de esta joven.
Cuando sospechó que podía ser capturado, intentó borrar por todos los medios la evidencia que estaba en su computador. Igualmente, le pedía a sus nuevas víctimas que no dejaran rastro de las conversaciones, ni del intercambio de fotografías y videos.
Mucha evidencia no se pudo recuperar y varias víctimas, por pena, prefirieron no declarar durante el juicio ni comentar nada de lo ocurrido a los funcionarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), que se sumaron al caso para darle un respaldo psicológico y restablecer sus derechos.
La caza
Los investigadores determinaron, tras hacer varias consultas con expertos internacionales, que estaban frente a un claro caso de grooming, que parecía sacado de una película de ficción y, si se quiere de terror. Pero, ¿qué es el grooming? El término que ha sido estudiado por psicólogos, sociólogos y antropólogos de la era de las redes sociales explica que son personas que consumen y obtienen pornografía para su satisfacción personal y hacen explotación sexual de allegados, pero solamente para llenar sus aberraciones. Nunca con fines lucrativos.
Estos se destacan por coleccionar imágenes y videos de sus víctimas y utilizarlas constantemente. Este término, que fue introducido en el juicio por expertos, señala claramente que el acusado tenía una adicción con acumular gigas y gigas de de este contenido en su computador.
El tema no para ahí en este caso también se comprobó que las conversaciones de índole sexual alimentaban los intereses sexuales de Matamoros.
El extenso juicio se adelantó de manera reservada y alejado completamente de los medios de comunicación, puesto que el juzgado primó la reserva y protección fundamental de los derechos de los menores, con el único fin de evitar una revictimización mientras recordaban esos escabrosos hechos que marcaron su vida.
No fue un caso sencillo pese a la avalancha de evidencia. La defensa de Matamoros intentó, en más de una oportunidad, tocar fibras con el hecho que el joven haya sido víctima de bullying y rechazo durante su niñez y adolescencia por su apariencia física y los problemas de salud que presentó desde mi corta edad.
Por esto no dudó en radicar varios recursos, con el fin y anular todo lo actuado y tumbar varias evidencia recolectada, indicando que se había vulnerado la cadena de custodia. En el juicio, la estrategia de defensa consistió en demostrar que ese material no era suyo y que jamás se logró demostrar que él era la persona que había creado los perfiles y mucho menos enviado los mensajes de tipo sexual en redes sociales.
Pese a que estaba en libertad, Matamoros tenía una restricción para salir del país, sin embargo, nadie sabe dónde está este joven. Desde hace algunas semanas se emprendió un operativo con el fin de ubicarlo para detenerlo y que cumpla la sentencia.
El abogado de oficio de Matamoros radicó un escrito de apelación el cual ya está en estudio en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.