Alquilar un vientre en Colombia para traer al mundo a una persona es tan fácil como encargar una encomienda por internet. El comprador debe tener en su cuenta, como mínimo, 35 millones de pesos y correr con el riesgo de que la inversión no entregue resultados.
En las redes sociales abundan las ofertas. Hay agencias que arman los paquetes o mujeres que caminan solas en la turbulenta negociación. El precio se fija con base en las exigencias del cliente frente a la apariencia de la madre: edad, peso, color de piel y experiencia.
Los procedimientos son espinosos. Por un lado, están los que se apegan a lo poco que dice la ley sobre la gestación subrogada para no vulnerar los derechos de los protagonistas y, por el otro, los que acuden a prácticas crueles para cumplir los objetivos que se pactaron.
Diana Cuéllar le prestó su cuerpo a un norteamericano para alcanzar el sueño de tener una niña y contó con el visto bueno de su esposo. Tras cuatro meses de exámenes médicos, recibió el espermatozoide del futuro padre y cuatro días después confirmó el embarazo.
Esto ocurre cuando un centro especializado en tratamientos de salud reproductiva está liderando la técnica. Las mujeres deben superar un seguimiento psicológico para no dudar del alquiler cuando nazca el menor y contar con un buen estado físico para soportarlo.
Mientras tanto, Sara Ramírez está a la deriva en internet buscando a una familia que la requiera y dispuesta a hacerlo de manera clandestina. Es la primera vez que pone en renta su fertilidad. “Soy colombiana, yo puedo”, le respondió a un hombre que buscó un bebé.
Aunque las propuestas son muchas, la mayoría llega por Facebook, no ha podido concretar la inseminación artificial. “Estoy en negociación. Sí me han consultado, pero no terminan en nada”, contó al revelar que el proceso lo está haciendo sin intermediarios.
“Labor humanitaria”
La historia de Diana empezó cuando escuchó en los pasillos de una clínica de Ibagué la posibilidad de ayudar a construir una familia desde su fertilidad. Aunque en ese momento le pareció una novedad y lejano de practicarlo, más tarde se ofreció para dar a luz.
Si bien en un principio hicieron estruendo los rumores y críticas, no consideró este procedimiento como un negocio para llenarse los bolsillos de dinero, sino como un acto de amor para la persona que benefició: “Esto es prestar una labor humanitaria”, señaló.
Optaron por la fecundación en un centro médico de Bogotá. El contratante pagó 18 millones de pesos por la realización de la técnica y le entregó a Diana 14 millones de pesos para que costeara durante nueve meses su alimentación, citas donde especialistas y el transporte.
Ambos tuvieron comunicación constante para conocer los pormenores del estado de salud de la madre gestante. Los mareos, vómitos y dolores comunes del embarazo no le fueron extraños. El mismo panorama padeció cuando experimento el embarazo de sus hijos, de 9 y 12 años.
Este es uno de los requisitos fundamentales para poder alquilar el vientre: en la lista de antecedentes debe tener, como mínimo, un hijo. Entre tantas exigencias, resaltan no haber consumido bebidas alcohólicas, no fumar y no estar en sobrepeso durante el trámite.
La niña nació el pasado 16 de diciembre. No la esperaban para esa fecha, pues se creía que este fin de semana llegaría. En su registro civil aparecen los nombres de Diana Cuéllar y del estadounidense, como padres. Él tomará la custodia y la llevará prontamente a su país.
Gestación clandestina
El relato de Sara Ramírez es revelador. Se enteró del alquiler de vientres porque un conocido le pagó 20 millones de pesos a una mujer para que le diera una hija, en el Caribe colombiano.
Se animó a declararse voluntaria para el embarazo porque podía ayudar a una familia necesitada y disfrutar el beneficio económico que deja esta práctica, que, por el dolor, hay ganancias de 12 millones de pesos. Empezó a recibir ofertas por internet.
Un hombre le clamó que le prestara su cuerpo para instalarle los óvulos congelados de su esposa, que había fallecido meses antes, pero debía ser idéntica a ella. Le puso precio al trámite y él aceptó, pero no volvió a aparecer para concretar el procedimiento.
La mujer siguió insistiendo en una ruta que ya conoce: no le paga a un centro especializado, sino que tiene sus propios contactos para que hagan la técnica que termine en la gestación. Hay muchos riesgos, por eso pide el dinero antes de arrancar.
El momento más crítico es cuando ya está respirando el menor. Aprendió que las ganancias tienen que ser compartidas con un funcionario de la Registraduría o de notarías para que modifique el acta de nacimiento y ponga los nombres de los clientes del parto.
“Al momento de nacer el bebé, está con los apellidos de la madre. Para poder registrarlo con el apellido de su madre putativa o adoptiva, hay que sobornar o, también, falsificar el documento de nacido vivo, que es un poco más complicado”, afirmó la mujer.
Todo “no es color de rosa” para Sara Ramírez. En los últimos dos años se ha tenido que enfrentar al temor de caer en las manos de un estafador o de alguien que le viole sus derechos. Por la desconfianza que le transmiten, se le han ido varios “negocios”.
Falta de regulación
El alquiler de vientres en Colombia no está prohibido ni regulado. Las autoridades actúan con base en los conceptos que ha emitido la Corte Constitucional porque el Congreso de la República, pese a los jalones de orejas de la rama judicial, ha sido tardío en legislar.
En una sentencia de 2009, fijó que la mujer debe someterse a los exámenes y cuidados pertinentes; una vez firmado el consentimiento, no puede retractarse de la entrega del menor; los padres no pueden rechazar al hijo y no puede quedar desprotegido.
Sin embargo, hace falta aclarar las reglas del juego para poder asegurarles los derechos a la madre y al menor. Aunque se contempla la posibilidad de que esta práctica sea prohibida, tal como se reglamentó en España, Alemania, Austria, Francia, Italia, Suecia y Suiza.
Han sido nueve los intentos en el Congreso de la República para poner en orden el alquiler de vientres. La disposición política y los tiempos de cada legislatura han frenado esta posibilidad. Uno de los tramitadores insistentes ha sido el partido Centro Democrático.
Desde esa colectividad se ha pensado que estos procedimientos no controlados podrían desencadenar en una trata de personas y una red de turismo reproductivo a las que se les debe poner un freno.
El congresista José Jaime Uscátegui Pastrana evalúa la posibilidad de proponer una pena carcelaria que va desde los seis hasta los ocho años, en dado caso de que se comprueben vulneraciones, y una multa de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Esto no caería sobre la mujer que está en gestación subrogada, sino sobre la persona que incide en la conducta. Nosotros no estamos gestionando un riesgo jurídico para ellas. Lo importante es salvaguardarlas, también a los menores de edad”, mencionó Uscátegui.
El fantasma de la prohibición ha tomado fuerza. Sin embargo, la abogada Nadia Afanador, experta en los trámites de este tipo de fecundación, dijo que no se puede prohibir el alquiler de vientres porque se frenaría el derecho reproductivo y a conformar una familia.
Mientras esta práctica se regula, historias como las de Sara y Diana se multiplican con el pasar de los días, especialmente en ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y Cartagena.