Norman Maurice Armitage, alcalde de Cali, llegó a ese cargo convertido en un verdadero fenómeno político, no solo por ganarle a un peso pesado, el exvicepresidente Angelino Garzón, sino porque buena parte de su atractivo consistía en que las masas de votantes caleños lo veían como un hombre adinerado, empresario justo y de gran corazón.Se ganó esa fama de ‘rico bonachón’ por dos razones: una, porque cuando estuvo secuestrado no solo le pagó el abogado al agregado de una de sus fincas implicado en el delito, sino porque durante ese tiempo le sostuvo a la familia. Y la otra porque en la Siderúrgica de Occidente (Sidoc) la fábrica insignia de su conglomerado empresarial, desde hace varios años tiene por costumbre repartir entre sus empleados un porcentaje de las utilidades. Por eso, desde que arrancó la campaña por la Alcaldía, no se cansó de repetir que sin salarios justos “no habrá paz y justicia social en Colombia”.Por eso, en la capital del Valle desde hace varios días se armó una tormenta porque el alcalde Armitage lidera una cruzada para revocar o desmontar millonarios beneficios laborales que los trabajadores sindicalizados conquistaron en las Empresas Municipales de Cali (Emcali). Esto permitiría ajustar la entidad a la realidad y lograr, en lo posible, vender o buscar un socio estratégico para telecomunicaciones, el negocio más comprometido.Puede leer: “La corrupción política es un obstáculo para la paz”“Yo soy defensor de que a la gente hay que pagarle bien y que tenga beneficios, pero no tantos como los que tienen los señores de Emcali”, expresó el alcalde, quien se quejó puntualmente de que hubiera “empleados que tienen derecho a que los hijos, nietos y bisnietos se puedan educar en cualquier universidad. Eso ninguna empresa lo aguanta”. Para el alcalde, la empresa de servicios es inviable en esas condiciones.Como se sabe, Emcali es la ‘joya de la corona’ de la ciudad. Presta los servicios de energía, agua y telecomunicaciones y maneja un presupuesto similar al de la Alcaldía (2,6 billones de pesos). Además, tiene una torta burocrática de casi 3.000 trabajadores entre empleados y contratistas. Por tal razón, durante mucho tiempo algunos políticos de Cali se peleaban a muerte por exprimir esa ‘caja menor’. A tal extremo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) la intervino durante 13 años, y solo hace cuatro le devolvió el manejo a la ciudad. Tampoco es nuevo que para hacerla viable operativa y financieramente, Emcali requiere un proceso para modernizarla.Cristina Arango, gerente de Emcali, explicó que “hay preocupación porque la empresa tiene 2.345 trabajadores y se agrupan en dos asociaciones: Unión Sindical Emcali (USE) y Sintraemcali. Cifras oficiales muestran que esa nómina le cuesta a la entidad 200.000 millones y otros 25.000 millones en beneficios adicionales, que en resumen hacen que el sueldo más bajo para un operario supere los 5 millones de pesos”. La empresa asegura que mientras los costos de la nómina crecen cada año en un 13 por ciento, los ingresos operacionales lo hacen al 5,3 por ciento. Además, el 46 por ciento de los empleados tienen más de 20 años de servicio y muchos beneficios por primas legales y extralegales.Recomendamos: ‘Narcos‘ y el ‘Chapo‘ reviven el drama del tráfico en CaliSin embargo, desde los sindicatos tienen otra visión del problema y, por el contrario, lo atribuyen a viejos flagelos como “la politiquería, corrupción, excesivas asesorías y la existencia de una nómina paralela”, denunció Jorge Iván Vélez, presidente de Sintraemcali. La nómina paralela a la que se refieren abarca 500 contratistas de Emcali que, según los sindicatos, cumplen las mismas funciones misionales de los trabajadores oficiales.Pese a que el problema es de fondo y se requieren serios ajustes, la discusión se centró en las famosas becas, que se han convertido en un punto de honor. En 2016 sumaron casi 11.000 millones de pesos que, como aclaran los sindicatos, solo benefician a los hijos y cónyuges, no a nietos y bisnietos.Más allá de este debate puntual, la ciudad debe discutir minuciosamente sobre las causas que amenazan la viabilidad operativa y financiera de Emcali. Es claro que la empresa requiere un profundo ajuste y que todos, incluso los trabajadores, deben poner de su parte para salvarla. Lo irónico es que deba hacer el revolcón justamente Maurice Armitage, el alcalde que los caleños eligieron por justo con sus trabajadores. Pero algo va de la justicia laboral a oneroso privilegio sindical.