“No me allano a los cargos que se me imputan”. De esta forma respondió el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado a la pregunta hecha por un magistrado con función de control de garantías de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Este lunes, la Fiscalía General le imputó cargos por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros por las presuntas irregularidades que se presentaron en 2021 en la celebración de un contrato avaluado en 5.848 millones de pesos.
En la imputación de cargos, el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, aseguró que se presentaron varias irregularidades tanto en la entrega como en la celebración del millonario contrato entre la Gobernación de Santander y el canal regional TRO.
”No se realizó un estudio mínimo y aceptable sobre la necesidad y la forma adecuada desde el punto de vista normativo de estructurar los aspectos esenciales del futuro convenio”, explicó el delegado del ente investigador al advertir la falta de estudios previos que debía hacer la Gobernación de Santander.
El hecho que fuera el canal regional el que presentara la necesidad del contrato a la Gobernación para realizar labores de posicionamiento de la imagen institucional representó uno de las mayores irregularidades y falencias.
“Se evidencia que fue el canal TRO el que presentó la propuesta para el posicionamiento de la Gobernación de Santander cuando la norma establecer que debe ser la entidad la que haga el requerimiento (…) No existe un sustento de la necesidad y la conveniencia del contrato”, explicó el fiscal delegado.
En otro de los apartes de la imputación de cargos se aseguró que tras analizar la forma en cómo se presentó el contrato se puede concluir que no existe una justificación suficiente.
“Hay ausencia del estudio del mercado y las actividades que se realizaron en el término del convenio no permiten identificar la manera, horarios, impactos ni manejo de publicaciones”, detalló.
Igualmente, pese al monto del contrato no se hizo ningún tipo de licitación pública, situación que va en clara contravía de los principios de contratación pública.
Con la firma de este convenio, destacó la Fiscalía General, se buscó beneficiar a amigos y empresarios que apoyaron claramente la candidatura de Aguilar a la Gobernación en el año 2019.
“Se destaca que hubo un direccionamiento para dar contratos a empresas que guardan cercanía personal con el exgobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y que incluso en el reporte de ingresos y gastos para la propaganda electoral en campaña aparecen como empresas aportantes, como es Sega y Mapa SAS cuyos representantes legales son Sergio Eduardo García Aragón y Martha Patricia Orejarena, padrinos de matrimonio del exmadatario”, expuso.
El pasado 5 de agosto, la Procuraduría General citó a juicio disciplinario al exgobernador de Santander por las presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de una plataforma tecnológica para brindar información durante la pandemia por covid-19, que habría superado los 1.000 millones de pesos.
La decisión también cobija al exdirector técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo de ese departamento, Cesar Augusto García Durán, y al entonces supervisor del cuestionado contrato, Sergio Orlando Ferro Dávila.
El convenio bilateral tenía por objeto la atención a la comunidad, en lo relacionado con el covid-19, a través de un centro de atención telefónica, no se habría ejecutado de acuerdo con la propuesta presentada por el contratista con el 100 % del personal ofertado.
No obstante, la administración aparentemente pagó por un servicio que no fue prestado, a pesar de que los informes del supervisor eran manifiestamente contrarios a lo pactado.