Inocente. Así respondió el mayor de la Policía, Duván Muñoz a la pregunta de la jueza de control de garantías de Bogotá frente a los hechos que le puso de presente este lunes la Fiscalía General en medio de la investigación por la prueba de polígrafo a la que fue sometida en enero de 2023, Marelbys Meza.

La Fiscalía General le imputó al mayor Muñoz el delito de constreñimiento ilegal, señalando que tuvo una activa participación en la prueba de polígrafo con la que se buscaba que Marelbys Meza reconociera su responsabilidad en la pérdida de una maleta llena de dinero en efectivo y documentos que estaba en el apartamento de la entonces jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

El fiscal de la Unidad contra las Violaciones a los Derechos Humanos advirtió que durante esa prueba, totalmente ilegal e injustificada, el mayor Muñoz utilizó varias palabras despectivas en contra de la niñera, amenazándola incluso con llevarla a la cárcel. De esta forma trató de inducirla para que aceptara haber tomado la suma reportada como extraviada por Laura Sarabia.

“Al término de la prueba, Marelbys Meza Buelvas habría sido despojada de su teléfono celular y quedado durante casi una hora en compañía del mayor Muñoz Hernández”, sostiene la investigación del fiscal de derechos humanos frente a la línea de investigación que se adelanta por la prueba de polígrafo en la Sala Galán, ubicada en inmediaciones a la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá.

Tras finalizar la audiencia, el abogado Jorge Ramírez, quien representa al mayor Duván Andrés Muñoz Hernández, manifestó que en el debate se rechazó la solicitud del apoderado de víctimas que pidió que se añadiera una imputación por el delito de tortura. Igualmente, la defensa del oficial insistió en que “existe un conflicto de jurisdicciones”, reseñando que el caso ya fue reclamado por un fiscal de la Justicia Penal Militar”.

Por esto cuestionó que se hubiese llevado adelante la respectiva imputación de cargos en la mañana de este lunes. “No puede ser legal una imputación cuando dos fiscales por los mismos hechos están persiguiendo al Mayor, ni si quiera él lo entiende y así lo expresó en la audiencia”, aseveró el abogado Ramírez.

En este caso, que fue revelado en exclusiva por SEMANA, la Corte Constitucional evalúa en la actualidad un conflicto de competencias presentado por la Justicia Penal Militar para asumir la investigación contra el corone Carlos Alberto Feria, jefe de la Oficina de Protección Presidencial; el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez; y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez. quienes habrían participado activamente en la prueba de polígrafo que se extendió durante varias horas.

Un juez de la Justicia Penal Militar sostuvo, a finales de marzo, que los hechos materia de investigación se pueden catalogar como “actos de servicio”. Por este hecho, el expediente debe pasar a su “juez natural” para que se adelante el respectivo proceso y, si existen méritos, emitir un fallo condenatorio.

Laura Sarabia, quien ahora es la jefa del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, ya rindió interrogatorio ante un fiscal delegado de la Corte. En dicha sesión, negó haber ordenado la prueba de polígrafo o haber tenido conocimiento de la misma.

“Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la jefatura de protección presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”, dijo la directora de Prosperidad Social.