Una jueza de Bogotá condenó este viernes al mayor retirado Fabián Mauricio Infante por favorecimiento al homicidio, pues se determinó que planeó una estrategia para esconder la responsabilidad de Néstor Rodríguez Rúa, un exagente del Esmad condenado hace unos meses, en la muerte el 6 de mayo de 2005 del niño Nicolás Neira, a quien le disparó en medio de manifestaciones.
La jueza 9° penal de conocimiento de Bogotá le dio credibilidad a lo dicho por el también mayor retirado Julio César Torrijos, quien para la fecha de la muerte de Neira se desempeñaba como comandante de operación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Según Torrijos, Infante le ordenó llevar las versiones de quienes hicieron parte del operativo a otro lado para que no se le abriera investigación a Rodríguez; incluso por varios días se dijo que Nicolás Neira se había caído en la vía pública y más adelante que un bolardo lo había golpeado en la cabeza.
De esta manera, el delito imputado al mayor retirado Infante, que actualmente se desempeña como jefe de escoltas de la empresa Seguridad Atlas Ltda., podría tener una condena entre cuatro y 12 años de prisión, según el Código Penal. No obstante, podrá apelar la decisión y, en segunda instancia, demostrar su inocencia.
Al respecto, Alejandra Garzón, abogada de Yuri Neira, padre de Nicolás, considera que lo dicho por Torrijos no fue lo único que consideró la jueza para tomar la decisión. “De manera adicional, los testigos Jeffrey Smith y Héctor Stiwal Cubides, ambos agentes del Esmad durante el operativo, al unísono manifiestan y corroboran lo dicho por el agente Julio César Torrijos acerca de las reuniones que él hizo, donde instruyó a los patrulleros para que dieran una misma versión ante las autoridades”, dijo la abogada según El Espectador.
En enero de este año el patrullero de la Policía Néstor Julio Rodríguez, de acuerdo con la Fiscalía, fue responsable por atacar a Nicolás Neira, un menor de edad que participaba en las manifestaciones del día del trabajo en mayo de 2005. Quince años después, un juzgado declaró culpable a ese uniformado.
Desde que ocurrieron los hechos de 2005 la familia de Nicolás Neira inició una cruzada para obligar a la justicia a cumplir con la investigación y el juzgamiento de quienes fueron responsables de disparar una granada de gas lacrimógeno en contra del menor y que le provocó un trauma craneoencefálico severo.
La Fiscalía aseguró que los testimonios de personas que estuvieron el día y la hora indicados junto a Nicolás señalan al uniformado de accionar el arma conocida como truflay sin autorización de los superiores y en contra de la humanidad del menor.
La manifestación de ese primero de mayo de 2005 transcurría con normalidad por la Carrera Séptima en el centro de la ciudad de Bogotá y quienes participaban caminaban en dirección a la Plaza de Bolívar, entre ellos Nicolás Neira y sus amigos, que apenas cursaba noveno grado de bachillerato.
La Fiscalía inició una investigación que al inicio estuvo llena de dilaciones, falsas interpretaciones y versiones amañadas de los uniformados que ese día hicieron parte del operativo para dispersar a los manifestantes. Los investigadores tienen declaraciones que advierten cómo los policías, por orden de un mayor de la institución, acomodaron una versión de lo sucedido para entregarles a los medios y las autoridades.
Sin embargo, el dictamen de Medicina Legal era bastante concluyente. Las heridas que provocaron la muerte de Nicolás eran diferentes a las que se producen por una caída, que era la versión compartida por los uniformados en las indagaciones preliminares.
Fue el testimonio de otro uniformado, quien cuatro años después del crimen decidió contar la verdad, el que recondujo la investigación. Según él, un mayor ordenó entregar una sola versión y su compañero, el expatrullero ahora condenado, sí disparó en contra de Nicolás. Esa declaración le dio un giro a la investigación y la Fiscalía citó a imputación de cargos al patrullero Rodríguez.