El próximo 20 de enero, pese a que en el orden o agenda del día aparezcan varios expedientes y temas muy importantes, incluso como la discusión sobre la reforma al Código Electoral, la Corte Constitucional se concentrará en discutir únicamente uno de los temas más polémicos que ha pasado por los despachos del Palacio de Justicia: el aborto.
El alto tribunal discutirá dos ponencias cuya petición es una sola, la despenalización de esta práctica que actualmente se permite en Colombia bajo tres causales: cuando existe riesgo de salud física y mental para la mujer, por malformación del feto o en casos en que el embarazo sea producto de una violación.
Inicialmente, con un conjuez se decidirá si se acepta o no el impedimento presentado por el magistrado Alejandro Linares. Ese conjuez es Hernando Yepes, quien justamente hoy fue ratificado, luego de que se negara un impedimento presentado en su contra.
Si Yepes no está de acuerdo con la solicitud de sacar a Alejandro Linares de la discusión y decide que no existe impedimento, es probable que la Corte incluya la discusión de inmediato y se tenga decisión el mismo día.
Cabe recordar, en este caso, que la ponencia más importante que debe debatir la Corte es la del magistrado Alberto Rojas Ríos, quien terminará muy pronto su periodo como togado. Esa ponencia plantea la inconstitucionalidad del artículo 122 del Código Penal, que condena a las mujeres que aborten entre 16 y 54 meses de prisión; además, se le da un plazo de dos años al Congreso para que legisle con libertad sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
De otro lado, uno de los argumentos entre quienes están a favor del aborto es del Movimiento Causa Justa, quienes a partir de investigaciones y estudios concluyeron que existen barreras estructurales que aún impiden que a las mujeres se les practique un aborto seguro a pesar de que estén amparadas por alguna de las tres causales.
Por ejemplo, encontraron que la falta de conocimiento legal, la interpretación restrictiva de las normas y las fallas en la prestación del servicio de salud son realidades reinantes en Colombia y que se ven seriamente ahondadas por el hecho de que el aborto sea considerado un delito y se mantenga en el Código Penal.
A propósito, hace pocas semanas, la entidad Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres publicó un informe en el cual analiza el comportamiento de los abortos en Colombia desde 1998 en adelante.
El documento se llama Criminalización del aborto en Colombia y refleja los procesos judiciales a los que han sido sometidas las mujeres que llevan a cabo de manera ilegal esta práctica en el país.
La Corte, entonces, tiene la última palabra.