“Todos me identificaban con nombre y apellido. Me decían: ‘Esta es la terrorista’. Me decían que yo sería la siguiente en ser detenida de mi movimiento estudiantil”. Ese es el relato de Angélica Ángel, una defensora de Derechos Humanos quien tuvo que huir desde Colombia a Venezuela para buscar protección porque en su país, allá en el estado Mérida, la amenazaron con llevarla presa por “alborotar todo”.
Ese “alborotar” del que la acusaron en repetidas ocasiones encapuchados que la abordaron en la calle desde antes de las elecciones presidenciales de julio y en los días posteriores no era más que estar entrenando a los estudiantes universitarios en cómo hacer control como testigos electorales para los comicios del 28 de julio en los que el régimen terminó declarando a Nicolás Maduro como ganador.
“Preparé a los estudiantes universitarios, todos los días daba de 3 a 5 talleres. Un día una persona me llama a decirme que necesitaba hablar conmigo de forma anónima y me cuenta que le pidieron infiltrarse en los talleres saber qué hablábamos y para avisar dónde estaríamos. Después de eso comenzaron a llegar grupos colectivos a los lugares donde estábamos”, contó Ángel en entrevista con SEMANA.
Ella estaba a punto de terminar su carrera en Ciencia Política cuando tuvo que huir del país, dejando a sus padres y cargando consigo solo un pequeño morral en el que trajo a cuestas hasta Colombia dos vestimentas y sus documentos de identificación para pedirle protección al Estado porque es una de las miles de personas que cuenta con doble nacionalidad.
Angélica Ángel huyó porque sabía que su libertad estaba en peligro. “Nos acorralaron de cada lado diez motos de colectivos, me dicen que ya me tienen ubicada y en esas llegan diez tipos más en una van. Yo logro escapar, me monto a una moto y me voy. Me persiguieron y tuve que esconderme”, relató la defensora de Derechos Humanos.
Con los comicios presidenciales en los que la dictadura declaró sin pruebas el triunfo de Nicolás Maduro la crisis social se agudizó. Las manifestaciones por el resultado de las elecciones del 28 de julio dejaron a cientos de jóvenes detenidos por desconocer el resultado electoral y ella fue señalada como la agitadora de las protestas en Mérida porque su tarea era coordinar a los estudiantes para recavar las pruebas del fraude electoral que se estaban gestando.
Sin embargo, después del 29 de julio ni siquiera pudo acudir a los centros de detención porque un familiar de los jóvenes detenidos le contó que la estaban buscando y que, si se acercaba a pedir información sobre ellos, también podía quedar en la cárcel por supuesto “terrorismo”. Es más, a los familiares de los detenidos les revisaron sus teléfonos buscando conversaciones con ella.
El gobernador de Mérida, Jehyson Guzman, creó una comisión especial para presentar a las personas que no reconocieron el supuesto triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones. Ese mismo día, en la noche, le llegó un mensaje en el que le advirtieron que su expediente era el número uno del catálogo de casos por procesar porque el régimen aseguraba que había pruebas en sus redes sociales que daban cuenta de su activismo.
Entonces, la defensora de Derechos Humanos tuvo que huir a Colombia para evitar terminar en una cárcel en Venezuela. Su historia da cuenta de los cerca de 230 casos de activistas, políticos o periodistas que han llegado al país desde las elecciones en busca de protección porque su integridad corría peligro en territorio venezolano.