Una verdadera batalla jurídica fue la que tuvo que enfrentar durante años el reconocido médico Jesús Orlando Dueñas Fajardo por la custodia de su hijo. Desde un principio, su excompañera sentimental hizo todo lo que estaba a su alcance para impedir que el profesional de la salud tuviera un contacto constante y permanente con el menor de edad, para lo cual acudió a todo tipo de chantajes, presiones y denuncias de delitos que iban en contra de la razón.
Después de casi nueve años, el caso dio un inesperado giro y, en un documento conocido en exclusiva por SEMANA, la Fiscalía General rechazó todos los señalamientos hechos en contra del doctor Dueñas Fajardo y decidió llamar a juicio, por el delito de violencia intrafamiliar agravado, a la mujer; esto en una decisión sin antecedentes recientes, visibles y conocidos en Colombia.
Los problemas iniciaron cuando el menor tenía tan solo un año de edad. La mujer fue designada como secretaria de Gobierno en la Alcaldía de Villeta, Cundinamarca. Sin embargo, la situación de estrés y depresión la llevó a ser sometida a un tratamiento psicológico en Bogotá. En esa oportunidad decidió entregarle la custodia al médico. Pocos meses después, la mujer puso en macha su estrategia para controlar la relación entre el padre y el menor.
“Luego de salir de su hospitalización y recaer en sus crisis mentales” la mujer regresa a la capital de la República, por lo que le pide a su expareja ayuda económica “siempre con el chantaje de que así podrá ver al menor y además de ponerlo a estudiar en un colegio de Bogotá”.
El factor común en los escasos encuentros que tenía la ya expareja era la solicitud de dinero por parte de la mujer. De no hacerlo, lo amenaza con devolverse a Villeta para impedir así cualquier contacto.
Pese a pagar cumplidamente con lo exigido, encontró que, sin consultárselo, sacó al menor del colegio en la capital de la República para devolverse al municipio de Cundinamarca. Esto motivó la presentación de una tutela y una petición ante el Instituto Colombino de Bienestar Familiar (ICBF) para que revisara el caso del menor. El informe no podía ser más devastador, el niño –según lo certificaron un grupo de especialistas del Instituto- presentaba una desnutrición aguda y un desplome nutricional.
La mujer contraatacó y presentó una acción judicial ante la comisaria de familia de Villeta en la que relataba que mientras el menor estuvo en Bogotá con su padre había sido víctima de “maltrato físico, psicológico, económico y emocional”. Esto llevó –ante la gravedad de las acusaciones- que se emitiera una medida de protección y restricción frente a las visitas del padre, impidiéndole estar en las festividades de Fin de Año y su cumpleaños.
Meses después, una Comisaria de Bogotá al revisar el caso determinó que los maltratos denunciados jamás se presentaron y tumbó las restricciones. Esto hizo que la situación empeorara puesto, que en marzo de 2017, en medio de las visitas consensuadas, el menor se negó a regresar con su madre, lo que generó que la mujer atacara físicamente tanto al médico como a la funcionaria del ICBF que lo estaba acompañando.
La gravedad del caso llevó a que el menor fuera trasladado a un hogar de paso durante dos meses “mientras se solucionan los problemas entre los padres”. Un juez de Villeta decidió que el niño debía estar en custodia de la madre hecho por el cual el médico presentó una demanda para obtener la custodia y cuidado personal. En los argumentos se señalaba la necesidad que se debían tomar las medidas para que el niño no desarrollara los mismos problemas mentales de la madre.
En medio del estudio de la demanda, la mujer radicó una denuncia por el delito de acceso abusivo de menor de catorce años. Las pruebas nuevamente arrojaron que los aberrantes hechos denunciados jamás se presentaron por lo que se archivó el caso. La denunciante intentó justificarse asegurando que fue presionada por su madre para presentar la denuncia con el fin de entorpecer todo el trámite por la custodia del menor.
Cuando el 2019 se estaba terminando, el médico recibió un mensaje en el que su expareja le informaba que quería cambiar al menor de colegio, ante la sorpresiva e injustificada petición se dirigió al centro educativo donde sorpresivamente le informaron que desde hace 32 meses (un año y medio) no habían pagado la matrícula del niño. La sorpresa fue aún mayor cuando se le aseguró que tampoco se había cancelado la mensualidad de la EPS pese a que él le enviaba sagradamente la cuota a la mujer.
Esto generó nuevamente una búsqueda de acompañamiento por parte del ICBF para el pleno restablecimiento de los derechos de la salud y educación del menor. El destino se encargó que, en marzo de 2020, por las medidas de confinamiento establecidas por la pandemia del Covid-19, el menor se quedara junto a su padre durante varios meses, tiempo en el cual se registró una mejora considerable en sus condiciones físicas, académicas y afectivas.
Una vez levantadas las medidas el menor volvió al hogar de su madre. En el informe reseñado por la funcionaria del ICBF se señaló claramente que el menor estaba en condiciones óptimas. Pese a esto, se presentó una nueva denuncia por parte de la mujer advirtiendo un supuesto maltrato físico del padre, situación que motivó un nuevo estudio de fondo de la situación del menor.
Para la Fiscalía General, todo lo anteriormente narrado solamente se puede entender como un caso de clara violencia psicológica de la mujer al doctor Jesús Orlando Dueñas Fajardo para impedir su rol de padre y la convivencia con su hijo. “(…) lo ve obstaculizando ante los ataques sin piedad que lanza la madre de su hijo quien sin ningún resquemor lo ha denunciado en todas las instancias, hasta llegar a afirmar que había accedido carnalmente a su hijo y continúa realizando afirmaciones en todas las instancias, logrando con ello una total desolación”.
Con su actuar, la madre del menor también afectó considerable y reiteradamente la calidad de vida de su propio hijo, sometiéndolo a valoraciones físicas, de tipo médico y sexual; psicológicas, generando que el niño fuera trasladado a un hogar de paso, “causando en el menor una gran tristeza, pues el menor no puede tener contacto con su padre como quisieran los dos”. El próximo 31 de julio será presentado el escrito de acusación.