“Me voy sabiendo que dejo mucho por hacer”

María Jimena Duzán: ¿Se va del Incoder?Miriam Villegas: Sí, me voy. Este es un momento electoral de muchas tensiones. De todas formas yo hace más de 15 días le presenté mi renuncia al presidente. M.J.D.: ¿Por qué cree que le aceptaron la renuncia si llevaba apenas un año y siete meses en el Incoder? M.V.: Hay un nuevo ministro de Agricultura. Él tendrá que hacer sus cambios y trabajar con un equipo con el que se sienta a gusto. M.J.D.: Los rumores dicen que su salida fue motivada por presiones del Partido Conservador para no inhabilitar a Germán, su hermano, quien quiere volver a ser senador. M.V.: Inicialmente ese pudo ser uno de los motivos. Pero con el cambio en el ministerio, se precipitó mi salida. M.J.D.: La eventual salida de una persona como usted que tiene una trayectoria en materia de trabajo social con comunidades campesinas, ¿podría indicar que hay un cambio de política en materia de tierras?M.V.: Cuando el presidente me nombró, él sabía de dónde venía. Yo trabajé 14 años en el Magdalena Medio. Allí, con el padre De Roux implementamos un laboratorio de paz que ha sido modelo para ser replicado en otras regiones como la del Catatumbo. Cuando el presidente me nombró sabía que yo tenía una legitimidad ante el campesinado y ante las comunidades negras e indígenas. Por eso, consideró que yo debía estar en su gobierno al frente de su política bandera, que es la de la formalización y la redistribución de la tierra. M.J.D.: Sin embargo yo tengo la impresión de que su salida y la de Jennifer Mojica tuvieron que ver más con lo que dijo esta última en una entrevista con Cecilia Orozco en ‘El Espectador’, en el sentido de que el Incoder se había convertido en un problema a la hora de discutir los términos de la nueva ley de baldíos, al punto de que dicha entidad fue sacada de esa discusión. ¿En qué consistió ese desacuerdo? M.V.: Lo que pasó fue lo siguiente: con el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, hicimos una primera versión de la ley. Esta versión fue modificada y ajustada por diferentes asesores tanto del ministro como de la Presidencia. Entiendo que muchas de las propuestas que hicimos, como el registro de baldíos, la interpretación de la Ley 160, antes de 1994 y la propuesta de cómo seguir de aquí en adelante, fueron tomadas en cuenta. Desde ese momento, la preparación de la ley, la retomó el Ministerio de Agricultura. M.J.D.: ¿Y por qué cree que el Incoder, que es el instituto encargado de ejecutar la política de tierras, fue sacado de una discusión tan importante?M.V.: En el tema de qué hacer con la acumulación de los baldíos desde 1994 hasta hoy, nosotros no compartimos la tesis de que si no estaba en el registro del baldío inscrita la prohibición de acumulación, esta acumulación debía ser permitida. Cuando esta tesis se discutió, nosotros no participamos. M.J.D.: Y entonces, ¿qué va a pasar con las acumulaciones desde 1994 hasta hoy, entre las cuales están las de Riopaila, Manuelita, etcétera? M.V.: Esto terminará siendo un problema entre privados que van a decidir los jueces y el Incoder tendrá que poner las demandas de acumulación pertinentes. El Incoder ha puesto 18. De esas, solo han sido admitidas tres. M.J.D.: El senador Robledo dice que esa nueva ley de baldíos lo que busca es legalizar una acumulación de UAF hechas por los grandes industriales. ¿Qué opina usted?M.V.: Mire, este tema de los baldíos salió a flote desde que la Corte Constitucional tumbó dos artículos del plan de desarrollo donde se permitía la acumulación de las UAF para los grandes proyectos agroindustriales. De ahí en adelante, la Ley 160 volvió a ser efectiva y prohíbe la acumulación de las UAF. Para ello, lo que nosotros nos propusimos es hacer un inventario de los baldíos de este país. No hay duda de que hay que hacer una reforma a los baldíos, comenzando por el hecho de que hay que reformar las UAF, pues hace más de 15 años que no se reforman. Pero hasta donde yo sé, estas reformas son para ser aplicadas de aquí en adelante. M.J.D.: Los baldíos, por ley, no pueden ser entregados sino a campesinos pobres. Sin embargo la tesis de la SAC es que hay baldíos como los de la Altillanura que no pueden servir de sustento a los campesinos porque requieren de inversiones muy altas que solo las puede hacer el gran capital. ¿Usted cree que hay que cambiar la ley para que estos baldíos puedan ser entregados a los grandes industriales? M.V.: Los baldíos de la Nación tienen que ser entregados prioritariamente a campesinos pobres. Eso dice la Ley 160. Se les pueden entregar a las comunidades afro, indígenas y a entidades de derecho público. Pero los baldíos no se les pueden entregar a los empresarios ni a las personas que quieren tener una casa de recreo o una finca. M.J.D.: Según el representante Wilson Arias, unos familiares del ministro del Interior fueron beneficiados con la entrega de un baldío en 1996. ¿Usted encontró muchos de esos casos en el Incoder?M.V.: Sí, desde que empezamos esta administración, revisamos expedientes en cinco territoriales y encontramos más de 2.000 expedientes que fueron mal entregados, pues los beneficiarios no cumplían con los requisitos de la reforma agraria y los hemos empezado a revocar. Espero que estos procesos hayan avanzado lo suficiente y que tengan la normatividad necesaria para que no se puedan echar para atrás sin importar quién esté al frente del Incoder. M.J.D.: ¿Es cierto, como dice el superintendente de Notariado y Registro, que el 80 por ciento de los baldíos está en manos de personas que no son campesinas?M.V.: Esas cifras nosotros no las tenemos en el Incoder. Sabemos cuántos baldíos hemos titulado desde 1961. Yo me voy del Incoder dejando un registro organizado y sistematizado de los baldíos que se han entregado, cosa que se debió haber hecho hace mucho tiempo. Lo que no sabemos es cuántos de esos baldíos siguen ocupados por sus beneficiarios iniciales. Ese es un seguimiento que debe hacer el Estado a las familias, acompañándolas y dotándolas de proyectos productivos y bienes públicos, para que no vendan o sean desplazadas de sus predios. M.J.D.: Sigo con el superintendente. ¿Es cierto, como él dice, que el Incoder no ha registrado ni un baldío desde 2010? M.V.: El superintendente dijo tres cosas que hay que aclarar, sin ánimo de entrar en una discusión: que no habíamos registrado ningún baldío, que el Incoder no tiene registro de tierras y que por eso no se podía saber qué estaba pasando con las tierras baldías. En cuanto al primer punto, quiero aclarar que el estatuto registral, que se sacó en 2012 para registrar los baldíos a nombre de la Nación que están ocupados mas no formalizados, no se ha reglamentado. Sin embargo, los baldíos que entrega el Incoder a cualquier sujeto de reforma agraria, deben ser registrados por el beneficiario, según la ley. Para evitar que el campesino no registre su título por falta de plata, tenemos un acuerdo con la Superintendencia para que no haya costo en el registro de estas titulaciones de baldíos desde hace más un año. Y en cuanto al registro de tierras, estamos avanzando en lo que nos compete, que es el inventario de los baldíos que ya hemos titulado. M.J.D.: Sin embargo, en esa entrevista el superintendente dio la impresión de que quien maneja el tema de las tierras es su oficina. Incluso afirma que él se inventó la idea del fondo de tierras y que ustedes en el Incoder han sido incompetentes…M.V.: Para que el país no se confunda: el rol de la Superintendencia es el registro de las tierras y el del Incoder, la formalización y redistribución de la tierra. Y el Fondo de Tierras, en el que se espera recuperar 1 millón de hectáreas en baldíos indebidamente ocupados y de otras fuentes, lo presentamos desde el Incoder con el exministro Restrepo a la Presidencia de la República. M.J.D.: ¿Y cuántos baldíos se han titulado desde el gobierno Santos?M.V.: Desde 2010 se han formalizado 2.100.000 hectáreas incluyendo a las comunidades negras, campesinas e indígenas. Y en ese millón de hectáreas que irían al Fondo de Tierras ya tenemos identificadas y con procesos 571.000 hectáreas, todas con auto de inicio. Además tenemos ya en camino los procesos de recuperación por revocatoria de las tierras del Porvenir de Carraza, que son 25.000 hectáreas, el Carmen, de Cuchillo, 18.000 hectáreas y los predios de Merheg, en donde está demandada la actuación del Incoder, que son 25.000 hectáreas. M.J.D.: ¿Le da tristeza salir del Incoder sin haber terminado las metas que se propuso?M.V.: Mire, en estos cargos uno siempre tiene que estar preparado para salir. Sin embargo le mentiría si no le dijera que sí me voy sabiendo que dejé mucho por hacer. Por ejemplo, los procesos de desarrollo rural con enfoque territorial que estábamos empezando a implementar en los Montes de María, Cauca y Magdalena Medio. El modelo que se puede desarrollar en la Altillanura debe partir de campesinos, medianos y grandes productores a través del ordenamiento del territorio y donde el pequeño campesino, ocupando productivamente su tierra y asociado, pueda ser parte de una alianza con un grande en condiciones de transparencia y de equidad en la toma de decisiones. M.J.D.: ¿Y sí piensa que el nuevo ministro va a continuar con la política que usted desde el Incoder viene aplicando en favor del campesinado?M.V.: Yo espero que hayamos fortalecido tantos los mecanismos institucionales del Incoder, como los deslindes, las extinciones de dominio, las clarificaciones y las recuperaciones de tierras, que ya sea un camino necesario a seguir. M.J.D.: Y ahora que vuelve a la sociedad civil, ¿qué piensa hacer?M.V.: Mi sentido de vida es trabajar por la gente y lo seguiré haciendo desde donde esté.