Desde que la Procuraduría General decidió suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por supuesta participación en política la semana pasada, la ciudad no ha vivido un minuto de tranquilidad.
Medellín ha sido, desde hace varios años, un ejemplo. Su transformación de la capital del narcotráfico en la década de los ochenta al gran centro de emprendimiento, ciencia, tecnología e innovación que es hoy le han merecido amplios reconocimientos y la envidia de muchas regiones del país. Sin embargo, en la actualidad vive una de las crisis políticas e institucionales más fuertes de su historia reciente.
Más se demoró el Ministerio Público en anunciar la decisión de suspender al alcalde que un sector de la ciudadanía en manifestarse en defensa de Quintero y en contra de lo que él llamó un “golpe de Estado”, una narrativa que ha venido imponiendo.
Apenas 48 horas después, surgió la designación del comisionado de paz, Juan Camilo Restrepo, como alcalde encargado, de parte del presidente Iván Duque. La llegada del funcionario a la sede administrativa de La Alpujarra, despacho de la Alcaldía, no hizo más que caldear los ánimos. En su primera reunión con el gabinete, algunos de los secretarios portaban camisetas con el rostro de Quintero. El ambiente fue de alta tensión y la reunión se tuvo que levantar sin mayor consenso.
Restrepo es percibido en el gabinete municipal como representante de un sector político opuesto al de ellos. De hecho, el propio Quintero ha dicho que la suspensión en su contra no es más que una movida del presidente Duque para “favorecer a su candidato a la presidencia y nombrar a un alcalde apoyado por los grupos económicos que estaban acabando con EPM”.
Los amagos de rebeldía en el gabinete llevaron a una dura sentencia del alcalde encargado: “Si un funcionario se declara en rebeldía, solo tiene dos opciones: renuncia o firmo su insubsistencia”. La advertencia desató malestar.
El secretario privado de la Alcaldía, Juan David Duque, aseguró que, según la ley de garantías, “cualquier amenaza para declarar insubsistente a un funcionario podrá ser denunciada como acoso laboral”.
Y la denuncia no tardó en llegar. En apenas una semana como alcalde encargado, Restrepo ya tiene dos quejas disciplinarias en su contra en la Procuraduría: una del representante a la Cámara por Antioquia León Fredy Muñoz por llegar a su nuevo cargo, al parecer, con cuatro contratistas de su antigua entidad, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y otra por un supuesto acoso laboral a un funcionario de la Alcaldía.
Frente a la primera denuncia, Restrepo aseguró que los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que llegaron con él son abogados, que “no influyeron en las determinaciones que, como alcalde encargado, he tomado y tampoco tienen injerencia sobre ningún secretario de despacho”.
Y sobre la otra denuncia, Restrepo le dijo a SEMANA: “He estado en comunicación con varios de los secretarios para que, de manera individual y bajo conceptos de microgerencia, podamos revisar temas que ameriten a corto plazo tomar decisiones, como el cronograma de intervención de la malla vial en Medellín. Eso bajo ninguna circunstancia se puede entender como un acoso laboral”.
Y agregó que se encontró con una sociedad antioqueña que “está profundamente resquebrajada. Hay una desinstitucionalización de la ciudad”.
Estas fricciones han llevado a que, como le explicó a SEMANA la secretaria de Gobierno de Medellín, Camila Villamizar, el alcalde encargado vaya por un lado y los secretarios de despacho vayan por el otro.
Mientras que Restrepo se ha reunido con gremios económicos, convocó comités de seguridad de emergencias por las lluvias en el Valle de Aburrá sin la presencia de muchos miembros del gabinete, los secretarios han estado cumpliendo su propia agenda y “no hemos tenido que recurrir a él”, precisó Villamizar.
“En la última semana se nos ha impedido realizar unas reuniones que veníamos haciendo hace más de dos años, que se llaman los comités de gobierno, donde los secretarios nos reunimos, nos articulamos. Esta semana tampoco hubo consejo de gobierno porque no fue convocado por el delegado del presidente”, agregó.
Ante la imposibilidad de convocar a estos espacios, la secretaria de Gobierno aseguró que han recurrido a otros escenarios: “Todos los secretarios han estado esta semana en contacto conmigo, nos hemos estado reuniendo. Si bien no nos podemos reunir en los comités, sí nos hemos estado viendo en mi oficina”.
Restrepo, por su parte, le pidió a la Contraloría que realice una auditoría forense y acompañamiento de las funciones que corresponden a la administración municipal. Algunos sectores señalan que el alcalde encargado radicó esta solicitud luego de evaluar distintas quejas de veedurías y grupos ciudadanos sobre presuntas irregularidades en algunas dependencias de la Alcaldía de la capital antioqueña. Sin embargo, Restrepo le dijo a este medio que lo hizo “por transparencia administrativa”.
La terna
Lo que más preocupa es que esta situación de tensión podría continuar por algunos días más. La ley indica que el presidente de la república debe nombrar a un alcalde en provisionalidad de terna enviada por el movimiento político al cual pertenece Daniel Quintero. Hasta que no se dé ese nombramiento, Restrepo seguirá como alcalde encargado.
El movimiento político de Quintero ya envió desde esta semana la terna a Presidencia. Esta la integran la secretaria Villamizar, Andrea Uribe, secretaria de Salud, y Karen Delgado, secretaria de Suministros y Servicios.
Fuentes de Palacio le dijeron a este medio que no se ha hecho el nombramiento debido a que se están revisando las hojas de vida para analizar que no tengan incompatibilidades, y también se están resolviendo algunas “dudas jurídicas”.
Una de las inquietudes es si las secretarias estarían inhabilitadas para ocupar la alcaldía en encargo, puesto que son funcionarias en ejercicio que forman parte del gabinete. Normalmente, cuando un secretario quiere aspirar a ser alcalde en el periodo siguiente a su gestión, debe renunciar a su cargo y ahí sí lanzar su candidatura. Así lo hizo, por ejemplo, Miguel Uribe Turbay en Bogotá cuando aspiró a la alcaldía en 2019.
Sin embargo, una tesis jurídica que se maneja es que en este caso no se habla de un asunto electoral, sino de cubrir un vacío generado por la suspensión del alcalde. Es decir, obedece a una coyuntura específica que en todo caso es temporal, mientras se resuelve el proceso contra Quintero.
También hay dudas sobre quién debía enviar la terna. Quintero ganó la Alcaldía el 27 de octubre de 2019 inscrito por el Grupo Significativo de Ciudadanos Independientes. Luego, en diciembre de ese año, se conformó el Movimiento Independientes. ¿Quién debía enviar el listado con los postulados?
Al respecto, la secretaria Villamizar señaló: “La terna fue presentada tanto por el Movimiento como por el Grupo Significativo de Ciudadanos, puesto que ellos han manifestado que son lo mismo”.
Mientras se resuelve esta discusión jurídica y continúan las fricciones en la administración municipal, Quintero insiste en la narrativa de la persecución política en su contra, lo que ha provocado indignación en un sector de los medellinenses.
Asimismo, anunció que la próxima semana extenderá sus denuncias a Estados Unidos frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y lanzó una iniciativa en redes sociales para recoger fondos con el fin de financiar su defensa, lo que le costó un nuevo problema jurídico: fue denunciado en la Procuraduría por una supuesta violación al artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, que les prohíbe a los servidores públicos la solicitud directa o indirecta de favores o cualquier tipo de beneficios.
Mientras tanto, la capital ejemplo de Colombia se hunde en una crisis institucional que tiene como principales afectados a los ciudadanos, quienes lo único que esperan es que se resuelvan sus problemas diarios. Medellín, bajo tensión.