Representantes de organizaciones criminales de Europa y Norteamérica se están dando cita en Medellín para cerrar millonarios negocios ilegales. Así lo alertan informes de inteligencia de la Policía Nacional conocidos por SEMANA.
Los datos dejan en evidencia que peligrosos delincuentes extranjeros están haciendo alianzas con grupos armados y narcotraficantes invisibles para que le suministren al mundo cocaína pura, con la promesa de hacer los pagos en efectivo.
Las autoridades han identificado pactos con capos de Argentina, Perú, Brasil, México, España, Alemania, Francia e Italia. La droga sale hacia esos destinos por aire, tierra y mar, aunque prefieren lanchas rápidas y submarinos para reducir los riesgos de incautación. Fuentes cercanas a los procesos de investigación narraron que los productos que se ofrecen en la capital de Antioquia, en su mayoría, serían producidos en el suroccidente de Colombia. Para sacarlos de esa zona, deben pagar ‘vacunas’ a disidencias, ELN y AGC.
Una tonelada de cocaína para exportación puede costar 18.000 millones de pesos, aunque estos precios cambian de acuerdo con los obstáculos del camino y el riesgo de seguridad que corran sus transportadores, ya sea con autoridades o con ilegales.
Según el Ejército Nacional, la producción de un kilo de clorhidrato de cocaína cuesta 528.000 pesos. Cuando sale al mercado, los delincuentes lo ofertan en el país por 4 millones de pesos, mientras que en Europa o Estados Unidos vale 200 millones de pesos.
Seis ‘pesos pesados’ de mafias extranjeras han sido sorprendidos en los últimos meses en Medellín y sus alrededores. Todos tienen circular roja de Interpol y están en proceso de extradición hacia diferentes rincones del mundo.
Oliden de Jesús Ruiz Agudelo, quien circulaba en el municipio de Bello, fue reclamado por las autoridades españolas para que responda por la venta de cocaína a terceras personas: lo enredan tres episodios de supuesta comercialización de estupefacientes. Gildardo de Jesús Taborda Castañeda cayó por narcotráfico, a solicitud de Perú, en la capital de Antioquia.
En el expediente se lee que él habría tenido participación en el envío de cargamento de drogas tóxicas desde el país inca hasta México. Sebastián Pulgar Espinosa era buscado por las instituciones de Brasil por el supuesto delito de drogas y armas, pues sería miembro de una banda dedicada al transporte fluvial de material ilegal entre Putumayo y Caquetá hacia el estado de Amazonas.
Marcel Muehlbach era rastreado en la Unión Europea por liderar una organización dedicada a la venta de metanfetaminas y cocaína en Alemania. Cuando se enteró de que lo buscaban, emprendió la huida por cuatro años y se detuvo en el municipio de Rionegro.
Wilberto Torres Pérez fue atrapado en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro cuando intentaba salir hacia Panamá. Argentina lo pide en extradición por enviar estupefacientes hacia Francia camuflados en instrumentos musicales.
El más reciente fue Luigi Belvedere, un italiano condenado por el tráfico de cocaína en el sur de ese país. Él logró escaparse antes de ingresar a la prisión, se refugió en Colombia y su banda estaría buscando al Clan del Golfo para que lo liberaran en Medellín.
La ciudad, a juicio de los investigadores, se convirtió en centro de operaciones criminales del narcotráfico donde se mueven múltiples actores y altas cantidades de dinero, todo en efectivo para no llamar la atención de las unidades de inteligencia que tienen la lupa puesta sobre las finanzas de los colombianos.
El secretario de Seguridad del Distrito, Manuel Villa, indicó que el crimen organizado de la ciudad está cruzando las fronteras, y las autoridades están en una lucha frontal para debilitarlo: “Medellín ha sido una ciudad que, a lo largo de la historia, ha presenciado la criminalidad alrededor del narcotráfico.
El crimen organizado que hay es un crimen con alcance transnacional”. De acuerdo con su versión, los extranjeros también tendrían vínculos con las estructuras que delinquen en el Valle de Aburrá, quienes están en acercamientos de paz con el Gobierno nacional.