Este jueves el Consejo de Estado dio a conocer un polémico fallo. El alto tribunal decidió que un medicamento sin registro Invima puede ser suministrado a un paciente que lo necesite, siempre y cuando tenga orden médica. La decisión fue tomada después de haber concedido una tutela a una mujer de la tercera edad que padece cáncer de estómago y a quien la EPS le negó el medicamento por no tener dicho registro. El fallo ha causado una controversia en el mundo médico. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo a Semana.com que esta decisión desconoce la Ley Estatutaria aprobada el año pasado por el Congreso, en la que se prohíbe pagar con recursos públicos medicamentos o procedimientos que no estén registrados y certificados por la autoridad de alimentos y medicamentos. Este hecho pone de nuevo al descubierto la supuesta poca racionalidad que están teniendo algunos jueces, magistrados y médicos a la hora de formular medicamentos o insumos. Con el fallo se abre la puerta para que cualquier medicamento pueda ser prescrito y entregado a los pacientes. “Hay casos de médicos que son invitados a congresos o encuentros internacionales en los que muestran un medicamento que ha sido probado con éxito en 10 personas y llegan a Colombia a formularlo, sin que el Invima lo haya aprobado o se haya demostrado que es costo-efectivo más barato, mejor y efectivo que otros que hay en el mercado”, afirmó el ministro. El magistrado Jorge Octavio Ramírez, en ponencia en la Sección Cuarta, explicó que el derecho a la salud implica que se garantice el acceso al medicamento que el paciente requiere. Aunque eso es cierto, es posible que no tener en cuenta el registro y la calidad de los medicamentos se pueda convertir en un problema aún mayor. En el fallo el alto tribunal señaló que el medicamento sin Invima sólo se puede negar si se demuestra que existe otra alternativa médica o si la medicina prescrita no ofrece seguridad ni es eficiente. Así mismo, resalta el documento, no se puede ordenar un medicamento que se encuentre en etapa experimental. “El problema radica no sólo en el hecho de que estas decisiones van con el tiempo a quebrar al sistema de salud, sino que van a crear un modelo muy inequitativo... Se requiere que haya una mayor pedagogía y un acuerdo para que jueces y médicos entiendan que debe haber límites”, puntualizó Gaviria.