Tras la conmemoración de los 30 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el tema sigue siendo noticia. Luego de reconocer la responsabilidad del Instituto Nacional de Medicina Legal, por el deficiente trabajo de identificación de las personas muertas en esa confrontación, el director de la entidad, Carlos Eduardo Valdés, anunció que todos los cadáveres deberán ser exhumados. Así lo destacó el jefe de la entidad, tras su participación en los actos de conmemoración que se produjeron este viernes en el Palacio de Justicia. Reconoció que el anuncio puede ser sensible para los familiares de las personas que enterraron a sus allegados tras la tragedia. Sin embargo, explicó que ya se tuvieron algunos diálogos con los seres queridos de los caídos, para convencerlos de que es la única alternativa para conocer la verdad. Para él, la disponibilidad de tecnología, personal y calificación de los funcionarios, en la actualidad, es una garantía para superar las dificultades que en estos últimos 30 años han impedido realizar una labor eficiente de identificación. Entre las muestras de restos fúnebres de las víctimas del Palacio, se cuentan algunos cuerpos que fueron trasladados a la Universidad Nacional y los del Cementerio del Sur. Esto además de fosas y tumbas que fueron exploradas en el cementerio Jardines de Paz, en el norte de Bogotá, dentro de los 16 sitios donde posiblemente podrían haber sido enterrados otros cuerpos. Se trata de la tarea más grande de identificación que se realiza desde 1998, cuando fueron exhumados los cuerpos sepultados en una fosa común del Cementerio del Sur. Algunos de esos restos fúnebres se encuentran en la Fiscalía, donde se han venido adelantando diferentes estudios, gracias a los cuales fue identificado el cadáver de Lucy Amparo Oviedo, una de las tres desaparecida halada el 20 de octubre pasado. En otra exhumación practicada en el cementerio del Sur en mayo del 2015 fueron encontrados los cuerpos de las desaparecidas Cristina Guarín y Luz Mary Portela León. Las familias de estas dos personas y de Luz Amparo Oviedo son las mismas que hace 20 días le anunciaron el país el hallazgo de sus seres queridos. Carlos Eduardo Valdés aprovechó su presencia en el lugar para pedir perdón a los familiares de personas muertas y desaparecidas tras la toma. Admitió que no se actuó con suficiente profesionalismo y que las labores desplegadas entonces constituyeron una falta a la ética médica. El funcionario hizo parte del grupo de servidores estatales que se dio a la tarea de cumplir con la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que le impuso a las instituciones el deber de reconocer públicamente su responsabilidad por los daños causados a las familias de los fallecidos y desaparecidos. El acto público fue encabezado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. A él se unieron los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, dos de las instituciones que sufrieron las pérdidas más notorias en esos hecho luctuosos, que siguen despertando dolor e indignación, después de 30 años.