Los desmanes, incendios y enfrentamientos con los custodios del Inpec en la Cárcel La Modelo durante la noche del sábado dejaron 23 reclusos muertos y casi un centenar de heridos.
Aunque no se sabe con exactitud la causa del deceso de estas personas, Medicina Legal entregó el listado completo de nombres y edades de los fallecidos, información que solicitaban decenas de familias que no habían podido comunicarse con sus parientes. Los privados de la libertad que murieron están entre los 21 y 46 años de edad.
El Comité de Presos por la verdad de Colombia, del que hacen parte los privados de la libertad de 24 cárceles en el país, contradijo que los reclusos hayan intentado fugarse y, por el contrario, afirma, fueron masacrados. “La muerte de nuestros 23 hermanos y compañeros asesinados y masacrados en la cárcel Modelo de Bogotá por el Estado y por su fuerza pública, fue el precio que pagó la población carcelaria para que se oyera su clamado Humanitario a no ser condenados a muerte por el COVID -19. Estos asesinatos deben ser investigados por la Fiscalía General de la Nación”, dice la misiva enviada por el comité. El Director General del INPEC, Norberto Mujica, y la ministra de Justicia, Margarita Cabello, tomaron la decisión de decretar la emergencia carcelaria "por temas de salud y orden público" este lunes. Sin embargo, el pedido lo hizo la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo días antes de que los reclusos de diez cárceles del país retaran al sistema penitenciario a tomar medidas excepcionales debido a la pandemia del coronavius.
Con la medida en firme, el Ministerio de Justicia puede facilitar la excarcelación de presos en aras de proteger su integridad, entre otras acciones. Pero para que esto suceda, un juez debe analizar las causales por las cuales un recluso tendría este beneficio por al menos tres meses mientras se controla la expansión del virus. Diez mil personas podrías pagar su pena en domicilio, pero esto implica un despliegue de recursos que el sistema no tiene por ahora, y que debería recibir bajo es estado de emergencia. Cabe recordar que los establecimientos de reclusión presentan un 54.9% de hacinamiento ya que solo están capacitados para atender a 80.156 personas y tienen (a corte de 31 de enero) 124.188 personas recluidas en condiciones poco óptimas para cualquier ser humano.