Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, fue un peligroso jefe paramilitar, se metió en el narcotráfico y terminó extraditado a los Estados Unidos. Pagó una condena y lo deportaron a Colombia 12 años después y cuando esperaba retomar su vida civil, le recordaron una lista de crímenes que lo atornillaron a la cárcel. Ahora la Fiscalía revive una medida de aseguramiento por un crimen ocurrido en 2003.
De acuerdo con la Fiscalía, Rodrigo Tovar Pupo, participó, como determinador, en el asesinato de tres campesinos en el corregimiento de La Mesa, en Valledupar. El material de prueba permitió establecer la presunta responsabilidad en el asesinato y de paso ordenar una medida de aseguramiento en centro carcelario, 20 años después.
“Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, de acuerdo con los parámetros definidos en la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal), resolvió la situación jurídica del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, y le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por su posible participación en el homicidio tres campesinos en el corregimiento de La Mesa, en Valledupar (Cesar), el 22 de marzo de 2003″, explicó la Fiscalía.
Ese 22 de marzo de 2003, hace más de 20 años, las víctimas fueron interceptadas por el Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, luego las asesinaron. Pero en lugar de completar su crimen, extendieron la crueldad. Los cuerpos fueron entregados a soldados del Ejército y allí arrancó otro capítulo delictivo.
Lo que logró establecer un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, es que los integrantes del grupo paramilitar entregaron a las víctimas a los militares del Batallón La Popa, en el departamento de Cesar, para luego presentarlos como bajas en combate. Convirtieron a tres campesinos en miembros de una organización criminal que no existió.
“Los elementos de prueba dan cuenta de que estructuras paramilitares a cargo de alias Jorge 40 habrían asesinado a los tres civiles y se los entregaron a unidades militares del Batallón La Popa, las cuales simularon la existencia de un combate y presentaron los cuerpos como si correspondieran a integrantes de otra organización criminal que tenía injerencia en la región”, señaló el fiscal, jefe de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
El proceso contra alias Jorge 40 está en el sistema penal de la ley 600, donde la Fiscalía avanza con la recolección de pruebas, lidera la investigación y además impone las medidas de aseguramiento, como ocurrió justamente con el exjefe paramilitar tras advertir que su participación en el crimen está probado, por lo menos en grado de inferencia.
“Para la Fiscalía, la acción criminal fue perpetrada en atención a las directrices impuestas por Tovar Pupo, en su condición de máximo cabecilla del Bloque Norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”, señaló Hugo Tovar, director contra las Violaciones a los Derechos Humanos.
Las mismas evidencias advierten que alias Jorge 40 era cercano al entonces comandante del Batallón La Popa, el coronel Publio Hernán Mejía Gutiérrez, investigado como presunto responsable de varias ejecuciones extrajudiciales y sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP.