Los usuarios y pacientes de Saludcoop-Cafesalud creyeron que con Medimás terminaría el calvario que durante años sufrieron para recibir atención digna y oportuna. Pero se estrellaron de nuevo con la dura realidad: la EPS nueva resultó ser una versión más dañina que Saludcoop. Por lo menos eso creen varias entidades del Estado y organismos de control, en especial la Procuraduría General de la Nación. Esta se opuso, primero, a la venta de la antigua EPS en 2016 y, después, ha denunciado de forma sistemática el mal servicio de Medimás, desde que empezó a operar el 1 de agosto de 2017, y los aparentes malos manejos financieros, administrativos y accionarios. Las autoridades tienen pruebas de la forma como las empresas sociales de Medimás recibieron anticipos por más de 700.000 millones que habrían desviado de la salud. Esta semana, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se lanzó con todo. En dos sentencias prácticamente puso una espada de Damocles sobre Medimás y ordenó medidas que incluso llegan al terreno administrativo o de política pública. La primera disposición responde a una acción popular interpuesta el 20 de junio de 2016 por Aníbal Rodríguez. Allí advertía que el Gobierno había vulnerado el derecho e interés colectivo a la salud cuando trasladó a los 4.600.000 afiliados de la EPS Saludcoop a Cafesalud, el 25 de noviembre de 2015. Esto porque, como aseguró en el documento, la segunda no tenía suficientes médicos, clínicas y hospitales para atender a los afiliados. En una sentencia de 112 folios, los magistrados Luis Manuel Lasso, Claudia Elizabeth Lozzi y Felipe Alirio Solarte revisaron no solo este hecho, sino los detalles de la reorganización y creación de Medimás y la atención que han ofrecido a sus afiliados. Encontraron que, al final, Cafesalud quedó con 6.052.522 afiliados, 2.052.000 más de la licencia y capacidad que tenía para operar, “lo que afectó la continuidad y calidad de los servicios a los afiliados de Cafesalud”. Le puede interesar: Nuevas desviaciones de dinero en Saludcoop y Cafesalud llegarían a $269.808 millones El tribunal le ordenó a la Superintendencia de Salud revocar la habilitación de Medimás para operar como EPS, la misma que había heredado de Cafesalud. Y le dio seis meses para trasladar, de forma paulatina, a los cerca de 3.900.000 afiliados a otras EPS del país. Para esto, también le ordenó al Ministerio de Salud crear el marco necesario para adelantar este proceso.
El procurador general, Fernando Carrillo, libró una dura batalla contra la venta y funcionamiento de Medimás. Casi simultáneamente, el mismo tribunal dio a conocer otra sentencia en respuesta a la demanda interpuesta por los senadores Jorge Enrique Robledo y José Roberto Acosta, entre otros. Estos pedían dar marcha atrás a la enajenación que el Gobierno hizo de Cafesalud, cuyo proceso quedó en manos de un grupo de hospitales, clínicas e instituciones de salud reunidas en Prestasalud, que después le darían vida a Medimás. Al revisar toda la operación, los mismos magistrados Lasso, Lozzi y Solarte emitieron una sentencia de 340 páginas que prácticamente aseguró el comienzo del fin de Medimás. Entre otras decisiones, ordenaron suspender la arquitectura jurídica y las acciones que, tanto la Superintendencia de Salud como el ministerio, hicieron para sacar adelante la venta de Cafesalud. Además, le ordenó a la Súper intervenir la EPS para liquidarla. Los dos fallos, como era de esperarse, generaron gran revuelo, crearon incertidumbre entre los usuarios y recibieron duras críticas de los dueños de Medimás. “Son de gran trascendencia para el futuro del sistema de salud, fueron tomadas con razonabilidad y sustentación suficiente, y responden a la defensa del interés colectivo y de la legalidad. Con estos, la justicia llenó el vacío de los órganos de inspección y vigilancia, que por años han convivido con los incumplimientos y burlas de quienes anteponen intereses privados o de negocio, a la prestación cabal y oportuna del derecho fundamental a la salud de los colombianos. Desde inicios de 2017, la Procuraduría lo alertó y ahora el tribunal reconoce la razón de nuestras preocupaciones y tomó los correctivos que en derecho corresponden”, dijo el procurador general, Fernando Carrillo, a SEMANA. Por su parte, Medimás rechazó la decisión y anunció que apelará ante el Consejo de Estado, lo que le permite llevar el debate al campo judicial, en el que puede tener mejores resultados que en el de la salud. De nuevo, los afiliados y pacientes, los más afectados con el mal servicio que vienen recibiendo desde el final de la era Saludcoop, van a quedar en medio de la transición ordenada por el tribunal, la batalla judicial que se avecina y las investigaciones que adelantan los organismos de control a los socios de Medimás. Le sugerimos: Golpe mortal a Medimás, 5 millones de afiliados deberán ser reubicados en seis meses Esta semana, el Ministerio de Salud y la superintendencia del ramo le pedirán al tribunal aclarar y precisar algunas órdenes o decisiones expresadas en los fallos. Entre ellos, por ejemplo, si los seis meses de plazo para trasladar los afiliados corren a partir del fallo, de su notificación, cuando quede en firme o cuando esta cartera expida la normatividad necesaria. También, le pedirán estudiar la posibilidad de extender este tiempo, ya que en algunas regiones y municipios puede resultar muy complicado. Varias de las EPS más grandes del país le dijeron a SEMANA que tienen la capacidad de recibir a gran parte de la masa de afiliados de Medimás, operación que pueden adelantar relativamente rápido, una vez el ministerio expida las medidas necesarias. De hecho, en el último año, más de un millón de personas que estaban en esa empresa decidieron trasladarse sin mayores inconvenientes. Pero es claro que algunas EPS requieren ampliar su patrimonio, sus reservas y su red de servicios para no afectar a los actuales y nuevos usuarios.
El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, y el superintendente del ramo, Fabio Aristizábal, anunciaron que les garantizarán la atención a los afiliados de Medimás y su futuro traslado de EPS. Lo importante de este proceso es que no traumatice a los afiliados de Medimás y que evite al máximo caer en limbos jurídicos o administrativos, como ciertamente puede ocurrir. A los problemas operativos, se estima que en este momento las EPS les deben a los hospitales, clínicas, proveedores y empleados más de 1,2 billones de pesos, y el pasivo total puede superar los 2 billones de pesos. De los más de 330.000 millones de pesos que al mes la EPS recibía de transferencias del sistema de salud, la Contraloría General y la Procuraduría estiman que unos 70.000 millones de pesos terminaron en las 48 empresas socias y dueñas de Medimás. Lo hicieron por medio de anticipos, sobrecostos de procedimientos, tratamientos y medicamentos, o del incremento de facturas ya causadas, entre otras figuras. Estiman que unos 700.000 millones de pesos en anticipos están en entredicho o en riesgo de perderse. A esto se suma que desde octubre pasado el contralor especial de Medimás informó que la empresa no cumple los indicadores financieros y administrativos para operar, lo que la pondría, como mínimo, en causal de intervención para liquidarla. Esto sin contar que el año pasado los accionistas trataron de vender, de forma secreta, la EPS a la empresa de software DBMS, operación que el Gobierno y la justicia lograron detener. Lo grave es que a pesar de tener medidas especiales, el 5 de abril Miocardio y Medicalfly vendieron el 16,66 por ciento de la empresa Prestnewco (dueña de Medimás) a Jarp Inversiones SAS. Ese mismo día, la también accionista Organización Clínica del Norte vendió otro 16,66 por ciento de Medimás a la firma Seed Investment SAS. Estas operaciones llevaron a la Superintendencia de Sociedades a frenarlas y a pedirles a la Superintendencia de Salud y a la propia compañía frenar cualquier cambio accionario. Al Gobierno le preocupa que estén adelantando una operación para diluir las responsabilidades por las investigaciones y dejen solo una empresa de papel que no responda por nada. Lo ocurrido con Medimás ofrece una lección para Electricaribe. El Gobierno trató de mantener la estabilidad de un importante sector de la economía al salvar una esencial firma y sus activos, sin saber que unos empresarios iban a desarrollar mal esa buena idea. Al igual que Saludcoop, la historia de Medimás, Prestnewco y Prestamed está lejos de terminar.