Luego de completar cerca de 30 meses al frente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), el abogado tributarista José Andrés Romero Tarazona anunció su retiro de la entidad. Este experto fue nominado para ocupar el cargo de delegado por Colombia ante el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), con sede en Washington. Romero habló con SEMANA de su gestión y los retos que vienen para la entidad.

SEMANA: ¿Qué tan satisfecho lo deja su gestión en estos dos años y medio?

José Andrés Romero: Me voy contento, porque cuando llegué a la Dian muchos pensaban que era una entidad fallida y no gerenciable. Pero logré orientar el recurso técnico y humano, que ha sido clave para multiplicar el recaudo tributario. Solo por acciones de gestión por recaudo y fiscalización (lograr que los evasores paguen lo que les corresponde) pasamos de 5,7 billones en 2017 a cerca de 22 billones el año pasado. Las dos últimas normalizaciones recaudaron más que las tres anteriores, y Colombia alcanzó, como nunca, avances en el sistema de intercambio de información. Hoy tenemos datos de autoridades tributarias de más de 150 países, y con algunas de las jurisdicciones en donde más ocultan activos los colombianos hoy es automático. La gente ya no podrá esconder su riqueza en ninguna parte del mundo.

SEMANA: ¿Por qué irse a pocas semanas de que el Gobierno presente una nueva reforma tributaria?

J.R.: Primero, debo aclarar que la Dian se encarga de administrar el recaudo y las aduanas. No es la competente en temas de política fiscal. Esta la maneja el Ministerio de Hacienda. Segundo, cumplí con la tarea que me asignaron de instalar, en agosto del año pasado, la comisión de expertos que hizo recomendaciones al Gobierno sobre los cambios tributarios. También lideré los cinco grupos de trabajo y participé en más de 85 reuniones para discutir a fondo esos temas. Ya la comisión presentó un borrador para comentarios del ministro de Hacienda, en el que están las sugerencias sobre cómo debe ser el sistema colombiano y qué beneficios deben eliminarse para mejorar el recaudo, tener un sistema más equitativo y transparente. Se trata de recomendaciones soportadas técnicamente y con profundo conocimiento.

SEMANA: ¿Cuáles son las principales recomendaciones de estos expertos?

J.R.: Hay varias, pero diría que las cinco más importantes son, primero, simplificar el sistema tributario; las normas complejas deben cambiarse por unas fáciles de entender. Segundo, seguir fortaleciendo en lo normativo a la Dian y al control tributario, sobre todo porque una reforma elimina unos beneficios y en la siguiente se meten nuevas exenciones o exclusiones. Tercero, hay una convicción de que este no es el momento de incrementar la tributación de las actividades productivas, pues muchas están quebradas, y lo que hay que ver es cómo incentivar la actividad productiva. Cuarto, el sistema en general debe ser más equitativo y eso implica que los beneficios tributarios no terminen en quienes menos los necesitan. Y, quinto, los expertos tienen claro que es necesario seguir beneficiando a los más pobres y eliminar exenciones para los que más tienen o más pueden pagar.

SEMANA: Desde su experiencia, ¿cuál sería su recomendación?

J.R.: Particularmente, creo que es más importante fortalecer la Dian y perseguir a los evasores que hacer nuevas reformas tributarias.

SEMANA: ¿Cuáles son los temas en los que debe avanzar el país?

J.R.: Hay varios, pero destacaría dos: mejorar la formalización de la economía y trabajar por la normalización de activos omitidos. La formalización es importante, porque 65 por ciento de la economía colombiana es informal, no paga impuestos ni seguridad social y compiten de manera desleal con los que sí cumplen. Ahí avanzamos con la facturación electrónica, las declaraciones sugeridas, mayor gestión y otros temas que nos ayudaron. La normalización tributaria es la formalización de los ricos, que han vivido con bienes en el exterior sin pagar los impuestos, y esconden en paraísos fiscales sus activos. Ellos ya tuvieron cinco oportunidades para normalizar, tres en el gobierno anterior y dos en este gobierno. Nos dimos cuenta, con la última normalización, de que ya no podemos dar más oportunidades, y con el intercambio de información tributaria vamos a mejorar su identificación.

SEMANA: ¿Cómo fue cumplir la meta de recaudo en medio de la pandemia?

J.R.: La pandemia le generó muchos retos a la administración tributaria, y uno de ellos fue cumplir la meta de gestión. Para el año pasado esperábamos 13 billones por este concepto y logramos 13,03 billones. En acciones de fiscalización logramos otros 9 billones de pesos. Lo hicimos adoptando una estrategia de cercanía con el ciudadano, en la cual invitamos a los contribuyentes a realizar sus pagos, concientizándolos sobre la importancia que tiene su compromiso para el crecimiento y desarrollo económico del país, más aún en momentos como la coyuntura actual. Las facilidades de pago han venido contribuyendo también para el cumplimiento de la meta. Esto ha permitido que los ciudadanos tengan un alivio en el pago de sus obligaciones tributarias.

SEMANA: Este año la meta de recaudo es 160 billones de pesos. ¿Cómo lograrla?

J.R.: Somos optimistas con esa meta. El inicio de la vacunación contra la covid-19 en la mayoría de países del mundo ha cambiado las expectativas de crecimiento económico para este año. A comienzos de diciembre, la Ocde estimaba que Colombia presentaría un crecimiento de 3,5 por ciento frente a 2020. En una actualización a mediados de diciembre, la Cepal estimó un crecimiento para Colombia de 5 por ciento, por encima del promedio para la región, que era de 3,7. Y las proyecciones del FMI también mejoraron al pasar de 4 a 4,6 por ciento. Todo ello señala que la recuperación se consolida, y nos hace sentir optimistas del cumplimiento de la meta para este año de 160 billones para el recaudo bruto y 146 billones para el neto.

SEMANA: ¿Cómo va la lucha contra el contrabando, que en medio de la pandemia subió enormemente?

J.R.: La guerra al contrabando la hemos librado teniendo presente la necesidad de los cierres de ciclos de ilegalidad. Por eso utilizamos principios en los operativos que dan prioridad a los objetivos, la sinergia entre las áreas de la entidad y la trazabilidad de las acciones para identificar las conductas trascendentes. Eso ha permitido encontrar los centros de acopio de mercancías de contrabando e identificar a las personas que intervienen en la cadena logística de este fenómeno irregular. Y en un año tan difícil y atípico como 2020, a pesar de todas las restricciones y baja en los índices de comercio exterior, logramos golpear duro al contrabando, generando aprehensiones de mercancías por 318.000 millones de pesos, 6,8 por ciento más que en 2019.

SEMANA: Las cifras muestran que estamos lejos de acabar ese delito. ¿Cómo lograrlo?

J.R.: Básicamente, con un cambio cultural. La gente debe ver el contrabando como un tema nefasto, no como una forma de rebusque o de conseguir cosas baratas. Todos debemos entender que esa es la forma de financiar 50 por ciento de delitos como el narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal. Si uno patrocina el contrabando, también está apoyando esas actividades ilícitas. Mientras se da ese cambio cultural, que puede tomar años, hemos dado pasos para transformar y liderar la gestión. Pero se necesita una decisión contundente, de todos los colombianos, para combatir esos delitos transnacionales, asociados al narcotráfico y al terrorismo, como contrabando y evasión tributaria.

SEMANA: ¿Cómo va el proceso de modernización de la Dian?

J.R.: Por la complejidad de las administraciones tributarias y aduaneras, el diagnóstico que se hizo desde finales de 2018 y principios de 2019 fue fundamental para lograr la transformación. Este diagnóstico estuvo a cargo de una amplia comisión de expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con quienes emprendimos la tarea de llevar a cabo un estudio exhaustivo área por área, a la luz de los más exigentes estándares internacionales. El año pasado se expidió un Conpes que le dio concepto favorable al Fondo Dian para Colombia y a la operación de crédito externo con la banca multilateral para la financiación de la transformación de la Dian. Y ya el BID aprobó un crédito por 250 millones de dólares para la fase inicial de modernización.

SEMANA: ¿Cómo garantizar que no se frene ese proceso de transformación?

J.R.: Porque es una realidad. En enero pasado, el BID reconoció que se cumplieron las condiciones previas para el primer desembolso y declaró la operación elegible para proceder con los desembolsos futuros. Esto implica que estamos listos para iniciar la ejecución de estos recursos. Esperamos que la Dian sea ejemplo de digitalización en todo el Gobierno, una vez esté listo y andando el proceso de modernización.

SEMANA: Hubo mucho ruido, en los últimos días, por el concurso para proveer 1.500 puestos de carrera en la Dian. ¿Qué pasó?

J.R.: Hicimos el plan de carrera en el que, además de evaluaciones, decidimos hacer tres concursos para proveer unas 5.000 plazas de carrera en la entidad durante tres años seguidos. Los concursos no están en problemas. Lo que sucedió es que en enero uno de los sindicatos puso una tutela argumentando que el concurso de este año, para proveer 1.500 cargos, estaría violando el derecho a la igualdad de algunos funcionarios en provisionalidad. El juez suspendió el concurso mientras verificaba la afirmación y acaba de reactivarlo al encontrar que esos argumentos eran infundados.

SEMANA: ¿Qué sigue en este proceso?

J.R.: El cronograma del concurso está en manos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Sin embargo, esperamos que para el mes de diciembre tengamos la lista de elegibles para los 1.500 cargos. Este concurso es el primero luego de diez años en la Dian, y permitirá la vinculación del mejor talento humano y la posibilidad de contar con profesionales jóvenes en cargos de responsabilidad.