No paran los aterradores casos de abuso sexual en contra de los niños en Bogotá. Este miércoles 9 de noviembre se hizo pública una denuncia que una menor de tan solo 13 años de edad estaría siendo abusada reiteradamente por su padrastro en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad, en complicidad con su madre.
La menor estudia en el colegio distrital de Bosa-Porvenir y aunque en la institución educativa se ha intentado activar la ruta correspondiente para activar este caso de abuso sexual, la señora madre de la menor, al parecer, estaría impidiendo el procedimiento, por lo que estaría protegiendo al agresor.
La encargada de hacer la denuncia fue la abogada de Derechos Humanos y excandidata al Senado de la República por el partido Nuevo Liberalismo, Viviana Vargas Vives.
De acuerdo con Vargas, la mamá también ha negado la autorización para hacerle el examen médico a la niña, el cual ayudaría a constatar las agresiones sexuales de las que ha sido víctima la menor.
Como si fuera poco, Vargas también reveló que el padrastro, presunto abusador sexual de la niña, tiene orden de captura por tentativa de homicidio y a pesar de todo esto, la menor sigue conviviendo con esta persona.
“Le prohibieron vivir con la niña, pero ahí sigue refugiado, amenazando a los celadores y toda persona que lo pueda denunciar. La niña está encerrada en esa casa con él”, precisó la abogada.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) le confirmó a SEMANA que ya está al tanto de la denuncia y que tiene en su poder los datos y la información de donde vive la menor y ya se dispuso de un equipo interdisciplinario para hacer el procedimiento correspondiente y poder determinar si la niña efectivamente estaba siendo abusada sexual para así poderle restablecer sus derechos.
Por otro lado, SEMANA consultó a la Secretaría Distrital de Educación para conocer si estaba al tanto de este hecho y para saber qué acciones ha tomado la entidad para poder brindarle una ayuda a la menor: “Desde Secretaría Educación y desde la institución educativa se activaron todos los protocolos correspondientes y se hizo reporte en el Sistema de Alertas, para que se pusiera en marcha la ruta y cada uno de las entidades, que hace parte de dicho Sistema, actuara de acuerdo con su competencia. En este momento, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está a cargo de este caso”, señaló la entidad.
A la cárcel profesor que abusó de estudiante de 7 años
Una niña de tan solo siete años de edad y que cursa primer grado en el colegio distrital Juan Lozano y Lozano, en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, habría sido abusada sexualmente por su profesor de educación física.
La niña le contó a su madre los vejámenes a los que era sometida por el profesor y de inmediato puso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y en las últimas horas uniformados del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturaron al agresor.
De esta manera, y por solicitud de la Fiscalía, un juez de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertada en centro carcelario al profesor que fue identificado como Jordy David Reyes Saavedra.
De acuerdo con el material de prueba, el docente abordó en, por lo menos, tres oportunidades a la niña en un baño y, al parecer, aprovechó su posición y nivel de confianza para agredirla sexualmente.
La víctima, de siete años contó lo ocurrido a su mamá, quien denunció inmediatamente a la Fiscalía. En una rápida acción investigativa, personal del CTI recopiló evidencia y elementos suficientes, y capturó al profesor en el barrio Pinares, en Suba.
Un fiscal de la Seccional Bogotá presentó a Reyes Saavedra ante un juez de Control de Garantías y le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado con circunstancia de agravación punitiva. El procesado no aceptó el cargo en su contra.
El profesor llevaba cuatro años en esta institución educativa y está vinculado al Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).
El IDRD indicó, por su parte, que el contratista se encuentra vinculado al Instituto desde el año 2016, a través de contratos por prestación de servicios, que cumplen con la normatividad estipulada, y dadas las circunstancias, su contrato será suspendido hasta tanto la Fiscalía General de la Nación se pronuncie.