En el marco de la ceremonia de ascenso de generales de la Policía Nacional y la llegada de 1.000 uniformados a Bogotá, el presidente de la República, Iván Duque, envió un mensaje que al parecer iría dirigido para la alcaldesa Claudia López, luego del informe de relatoría de la Alcaldía sobre lo ocurrido en septiembre de 2020 en la capital del país y en la que se concluye que en la ciudad “ocurrió una masacre policial” con la muerte de 14 personas en medio de las manifestaciones.
De acuerdo con el jefe de Estado, en el país no se puede estar del lado de la Policía Nacional cuando sea conveniente para la foto y luego denigrarla.
“Nuestra Policía ha sido heroica, la que se enfrentó al narcotráfico, a los carteles de la droga, al terrorismo, al contrabando, a la extracción criminal de minerales. No se puede buscar estar del lado de la Policía para la foto, el aplauso y cobrar victorias, pero después a la más mínima estancia de oportunismo, lacerarla, insultarla, denigrarla”, dijo tajantemente el primer mandatario.
El presidente Duque indicó que no es posible prejuzgar sin agotarse el debido proceso de todas las instancias judiciales.
“El deber de quienes asumimos la función Ejecutiva es el de mantener el más alto estándar de exigencia, pero al mismo tiempo la comprensión de todas las circunstancias de modo, tiempo y acción operacional y respetar el curso de las instituciones que nos anteceden. Por eso prejuzgar y asumir comportamientos que no tienen todos los agotamientos del debido proceso, es en sí mismo un ataque a la institución (la Policía) y las instituciones”, complementó.
La relatoría que fue apoyada por las Naciones Unidas y que fue entregada a la Alcaldía de Bogotá señala que los uniformados se ensañaron contra la gente más pobre de la ciudad y en ese contexto de violencia se documentaron 14 muertes, incluido el caso de Javier Ordóñez, por quien se inició la manifestación.
El informe advierte que “los días 9 y 10 de septiembre de 2020, la Policía de Colombia reaccionó de forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad en la atención de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en Bogotá y Soacha”.
La relatoría indica además que durante el 9 y 10 de septiembre se presentaron siete prácticas violentas: uso ilícito de la fuerza, violencia contra la fuerza pública, detenciones arbitrarias, violencias basadas en género (VBG), estigmatización de la protesta social, violencia contra bienes públicos y privados e impunidad.
Luego de presentado el informe, la alcaldesa Claudia López, aceptó su responsabilidad tanto personal e institucional en lo ocurrido hace más de un año y entre lágrimas les pidió perdón a las víctimas.
“El dolor que nos causa confirmar lo que denunciamos desde el 10 de septiembre del año pasado, es profundo, pero no es comparable con el dolor que sienten las víctimas y familiares de esta tragedia, a quienes una vez más ofrezco perdón como alcaldesa por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera”, dijo López.
El ministro del Interior, Daniel Palacios, en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, ya había señalado que el informe presentado es un documento de la alcaldesa López, “donde contratan unos candidatos consultores que hacen parte de desarrollar eso contratados por el Pnud para dar un informe, que no es un dictamen policial ni es una institución judicial internacional, vemos un informe que reitera lo que la alcaldesa ha dicho frente a lo que sucedió”.
En ese sentido fue claro al asegurar que “cualquier muerte que haya sucedido como producto de protesta, actividad criminal nos tiene que doler a los colombianos, sea ciudadano, un policía, un manifestante, uno no se alegra por la muerte de nadie. Pretender que ahora un reporte de unos consultores que fueron propuestos por la Alcaldía de Bogotá para reiterar lo que la Alcaldía ha venido manifestando se convierta en una verdad absoluta o como un juicio ya hecho por una entidad judicial, pues eso no es la verdad”.