El escándalo de la excongresista Aida Merlano, en fuga y ahora condenada por delito al sufragante, le abrió los ojos al país frente a la compra de votos en elecciones. Lo que en algunas de las principales ciudades del país parecía una realidad lejana ocurrió en Barranquilla en medio de la campaña de la conservadora al Senado de la República.
La sorpresa creció cuando se conoció el nivel de sofisticación de la compra de votos. Un equipo cuantioso, bases de datos y hasta códigos QR para hacer seguimiento a los líderes y electores de la estructura.
Para estas elecciones, a pesar de este grave caso en la contienda anterior, las denuncias de fraude se centran en un gran robo de elecciones desde el software. A pesar de los fuertes argumentos que acompañan este indicio, Gustavo Petro, puntero de las encuestas, habla de que ya existe el fraude y que se están comprando “centenares de miles de votos”.
Por esto, SEMANA conversó con investigadores que hablaron sobre los astronómicos costos, riesgos localizados y las artimañas con las que se podría presentar el microfraude en las próximas elecciones.
Los lugares en riesgo de fraude
Según el mapa de riesgos por posible fraude de la Misión de Observación Electoral (MOE), para elecciones a Cámara de Representantes, existen 186 municipios con riesgo medio, 98 en alto y 51 en extremo para un total de 335.
Para Senado, 323 municipios se encuentran en riesgo. 194 registran medio, 99 alto y 30 extremo.
Los departamentos con municipios en riesgo extremo son Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cundinamarca, La Guajira, Meta y Nariño. En otras regiones también presentan este tipo de amenazas, como El Catatumbo, Arauca, sur de Bolívar, nordeste antioqueño, Chocó, Orinoquía, Amazonía, bajo Putumayo y la costa Pacífica.
¿Cómo se comienza a gestar el fraude?
El fraude electoral no es siempre una transacción directa entre líder de la campaña de un candidato y un votante. Es más compleja y se lleva a cabo en diferentes etapas de la elección.
Según Luis Trejos Rosero, profesor e investigador de la Universidad del Norte, el primer paso es conseguir un grupo cuantioso de personas que monitoreen el proceso. Coordinadores, capitanes y líderes en los distintos sectores de una circunscripción son necesarios en un sistema tipo cascada. También debe ser planear con mucha anticipación.
“Toda la transacción de compra y venta de votos arranca un año antes. Cuando los líderes llevan a sus votantes y los inscriben a todos en ciertos puntos de votación. Garantiza mayor control sobre el voto. Los coordinadores tienen capitanes, quienes tienen bajo su manto un número de líderes. Estos tienen entre 10 y 12 votantes”, precisó.
Ahí juega la trashumancia electoral, estrategia con la que los coordinadores inscriben a los ciudadanos en un puesto de votación en específico para fortalecer la votación en un municipio. En ocasiones, el trámite también facilita la logística para que voten en una sola mesa.
Después, vendría el financiamiento de los métodos, lo cual, por ser un tema poco conocido por las autoridades, aún no está claro.
¿Cuánta plata se necesita para comprar votos?
Existen topes para las campañas al Congreso de la República. Para Senado, no pueden ser superiores a 96.215 millones de pesos -que se deberá distribuir entre los candidatos, que pueden ser hasta 100- y Cámara de Representantes solo podrá gastar 2.641 millones de pesos. Las estructuras de compra de votos pueden exceder estos montos, astronómicos para la mayoría de la población colombiana.
En un audio filtrado, Julio Gerlein, presunto financiador de la campaña de Aida Merlano, dispuso 12.000 millones de pesos para su elección. Faisal Cure, supuestamente a nombre de la casa Char, entregó 6.000 millones de pesos para un total de 18.000 millones.
Laureano Acuña, senador del Partido Conservador, fue evidenciado en un audio hablando de la presunta compra de “mínimo 70.000 votos”.
Según las cifras de Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la Democracia, esta cantidad de votos le podría salir muy cara a cualquier candidato.
“En términos de cuánto puede costar una transacción, tenemos el reporte ciudadano en los que les ofrecen 50.000, 70.000 o 100.000 pesos por un voto. Hemos tenido reportes de personas a las que les ofrecen hasta 400.000 pesos por un voto. Es muy disímil entre regiones y municipios”, aseveró el investigador.
Esto se rige por oferta y demanda, incrementando el precio del voto si se trata de una elección cerrada. Además, suben los precios si se tiene en cuenta que los coordinadores, capitanes y líderes deben sacar sus comisiones por la transacción.
En conclusión, para 70.000 votos, si se tiene en cuenta que se trata de 50.000 pesos para el elector y 50.000 de comisión, sería una inversión de 7 mil millones de pesos. Esto, sin tener en cuenta los gastos de las otras actividades de campaña que se intercalan con la actividad criminal.
El origen del dinero
Otra incógnita radica en el origen de los recursos. Los montos son tan elevados que ni siquiera los altos sueldos de los congresistas logran darle sentido a la inversión.
Trejos aseguró que los dineros pueden venir desde diferentes frentes. De forma regular, pueden ser donados por futuros contratistas. En otros casos, pueden venir de las arcas del Estado.
“Es la pregunta de millón. Lo que nos demuestra la evidencia es que sale de la contratación pública. Utilizan porcentajes de la contratación pública para comprar votos. En algunos casos, no hay evidencia real, pueden venir de dineros ilegales y grupos armados del narcotráfico. Invierten en campañas para lograr algún tipo de retribución”, indicó.
¿Cómo esto se traduce en fraude?
En la jornada electoral, las estructuras actúan de forma cada vez más sofisticada, para con eso evadir a las autoridades.
“Lo que han hecho es sofisticar su actuar. De esta manera, hacen un mecanismo en el cual evaden las autoridades. No estamos en las típicas prácticas, sino se trata de una criminalidad mucho más adaptada y consciente de hasta dónde puede llegar”, indicó Danilo Sepúlveda, subcoordinador de Justicia Electoral en la MOE.
Según Ángel Tuirán, profesor e investigador de la MOE en la costa Caribe, asegura que la transacción puede darse con acceso a un cargo, educación, obras públicas y contratos. En otros, como se describe anteriormente, puede ser a cambio de dinero.
Este compromiso podría o no llevar a que el ciudadano vote a favor, con cerca de un 50 % de probabilidad de que lo haga. Esta inversión poco segura se afianza con el seguimiento a los votantes por parte de los equipos de los candidatos. Aida Merlano, con su sistema QR, habría garantizado el apoyo a su favor en un 70%.
“El día de las elecciones, el transporte es muy difícil. Los buses se demoran y no hay taxis. Las estructura tiene una capacidad de contratación de medios de transporte impresionante. Buses, taxis y mototaxis en territorios más rurales. Esto pone en desigualdad a las personas que no tienen la capacidad de hacer eso”, indicó Trejos.
“Si yo tengo planillados 100 votos y sé dónde están viviendo y dónde van a votar, yo garantizo llevarlos para que no se me pierdan en el camino. La persona puede postergar el voto por el sol o lluvia y ellos garantizan la trazabilidad del voto. También entra que si es a mediodía les da refrigerio o el almuerzo. Si hace sol, te presto la gorra”, agregó.
Otra artimaña recurrente es el voto asistido como abuso de acompañantes. Esto es utilizado con adultos mayores y personas en discapacidad, para evitar errores y que se pierda la inversión.
Según Rubiano, además, existe una modalidad que involucra también a los jurados de votación.
“Alianzas con jurados de votación. Por medio de ello, mostrar el tarjetón abierto antes de depositarlo en una urna. En otras, se les afecta para evitar que lleguen a cumplir su función. Para cumplir la cuota de jurados, es necesario utilizar la función de las personas que están cerca del puesto de votación”, señaló.
Los jurados también pueden marcar tarjetas no marcadas, anular votos de otras candidaturas y modificar los conteos por mesa. Incluso, existen cambios abruptos de un día para otro. “Es común que haya gente que se acuesta ganando elecciones y se despiertan ahogados. En el conteo final se anulan votos y le aparecen a otros. En la mesa no salen pero en el escrutinio aparecen”, explicó Trejos.
Lo que falta es la denuncia
Según ‘Pilas con el Voto’, plataforma de recepción de denuncias de la MOE, para estas elecciones se han reportado diversas irregularidades. Son 46 reportes de publicidad irregular, 76 de intervención de funcionarios públicos y 66 reportes de constreñimiento o corrupción al sufragante.
Sin embargo, estas denuncias no trascienden de publicaciones de redes sociales hacia las autoridades competentes.
“Lastimosamente, no pasan de ahí. Sin una denuncia efectiva, realmente es muy difícil iniciar un proceso de investigación contra funcionarios y candidatos involucrados”, dijo Rubiano.