Absoluta impotencia, pero sobre todo miedo. Esos son los sentimientos de quienes vivieron en carne propia el actuar criminal de la primera línea. En ocasiones los atacaron a ellos mismos, en otras a sus familias o compañeros, incluso llegaron a ocasionarles la muerte. Hasta sus negocios los acabaron.
SEMANA habló con ellos sobre la posibilidad de que queden en libertad, tal como lo anunció el presidente Gustavo Petro. En Cali, una patrullera fue abusada sexualmente en medio de la protesta, así lo narró cuando ocurrieron los hechos. “Uno de ellos se me sube encima, me despoja mi guerrera (la chaqueta del uniforme). Estaba encima mío, empezó a tocarme todo el cuerpo, a besarme. Tocaba mis partes íntimas mientras me golpeaba”. El miedo se convirtió en terror cuando escuchó que el hombre cogió el bolillo, “dijo que me lo metieran”. En ese momento logró escapar.
Con mucho temor por lo que le pueda pasar, fue contundente y afirmó que la decisión de convertir a “esos delincuentes” en gestores de paz “es una puñalada, una decisión mediocre, es premiar a quienes hacen daño a la comunidad. Esto lo digo con rabia, dolor y desprecio, ellos van a seguir delinquiendo. Esos señores gestores de paz, de cuál paz, no saben de paz”.
Con dolor, pero sobre todo indignación, dijo que no ha podido retomar su vida, como tampoco lo han hecho sus compañeros y las familias de ellos. “A uno lo mataron y lo tiraron al río como si fuera un animal y hasta trataron de quemarlos vivos. Pero para el presidente hay que premiarlos”.
Igual de indignado se manifestó el subintendente de la Policía Hugo López Solarte. A él la tragedia no le llegó en un acto de servicio sino por la muerte de su hijo de solo 13 años, una promesa del fútbol que no pudo recibir atención médica a tiempo porque a la primera línea no le dio la gana de dejarlo pasar en un retén.
Su hijo, Samuel López Castañeda, murió en mayo de 2021. Ese día el bacteriólogo que iba a atenderlo terminó en el piso porque la primera línea lo tumbó de su motocicleta. No hubo un diagnóstico temprano. Además, las horas pasaban y Samuel empezó a arrastrar una de sus piernas. Su mamá, Julieth Castañeda, desesperada, lo subió en una moto que conducía su cuñada y buscó que la dejaran pasar en los retenes, pero no lo logró, nadie se apiadó, ni siquiera mostrando a Samuel desgonzado en sus brazos. Llegó a la Clínica Imbanaco, tarde, entró directo a cuidados intensivos, pero murió seis días después por encefalitis.
Sobre la inminente liberación de los integrantes de la primera línea, los mismos que no tuvieron piedad, el subintendente López afirma: “Eso no tiene ni pies ni cabeza, no me parece justo con los compañeros que murieron, tanto policías como civiles. Yo tengo tratamiento psicológico y estoy muy pegado a Dios para perdonar, pero justicia no habrá”. Él solo recuerda el epitafio que escribieron en la tumba de Samuel: “Nadie muere realmente mientras haya quien lo ame y lo recuerde”.
La violencia con la que actuaron algunos integrantes de esa organización era claramente delincuencial. En ocasiones se dirigió directamente contra los policías, a quienes atacaban sin misericordia. A sus familiares no les cabe en la cabeza usar una figura como gestores de paz para garantizar la impunidad.
“No puede ser que los que quisieron quemar a mi hijo vivo, me lo masacraron y me lo asesinaron sean ahora gestores de paz”, son las duras palabras de Ana Silvia Beltrán, madre del mayor Jesús Alberto Solano Beltrán, quien era el jefe de la Sijín de Soacha, Cundinamarca, y fue asesinado violentamente en mayo de 2021. “El caso de mi hijo está en la impunidad y ojalá el Gobierno nos diera el regalo de Navidad a nuestra familia, que está destrozada por el crimen de mi hijo, de condenar a los responsables. Hoy lo único que llevamos es una cantidad de audiencias dilatadas, no se ve justicia. La noticia que se dejen personas libres que causaron tanto daño a la sociedad, que nos dejaron un vacío en nuestras vidas, aún no la puedo creer”, señaló.
Desde el anonimato, un miembro del Esmad que también estuvo a punto de ser quemado vivo resumió sus sentimientos en tres palabras. Dijo que lo que hace el presidente Petro “es una payasada”.
El uniformado hizo parte de varios escuadrones que para la época de los violentos enfrentamientos tuvo que lidiar con las denominadas primeras líneas. De esta forma, en diálogo con SEMANA, expresó su molestia: “Primero el Gobierno nos pone como carne de cañón, hace que nos enfrentemos contra la comunidad por sus decisiones, porque en esa época la gente se alborotó por la reforma tributaria y ahora buscan que quienes casi nos matan queden libres, y fuera de eso convertidos en gestores de paz, es una payasada”.
SEMANA también contactó a dos personas a las que les destruyeron sus negocios en Cali. No les quedó sino el humo y los escombros. En su momento, los locales fueron símbolos del terror y ellos hablaron ante los micrófonos, con bronca, por lo que les había sucedido.
Hoy la única reacción que tienen es el temor, un miedo profundo que ni les permite hablar. Dicen que nunca más darán la cara, saben que es una injusticia lo que sucede, pero consideran que están en juego sus vidas. Uno de ellos dijo: “Por ese tema no quiero ni aparecer, no quiero saber nada, estoy en tratamiento psicológico postraumático, no quiero que mi nombre aparezca para nada”. El otro comerciante advirtió: “Me causa mucho dolor y miedo, prefiero dejarlo como un tema cerrado”.
Uno de los hechos más violentos cometidos por la primera línea fue incendiar el Palacio de Justicia de Tuluá, en el Valle del Cauca. No solo fue un acto criminal, la tesis de la Fiscalía es que su interés era, en realidad, quemar los expedientes de criminales.
Jairo Hernán Santafé, juez tercero municipal de Tuluá, recordó este hecho como “un episodio trágico, delicado, en el que se atentó contra los usuarios del servicio y contra el Palacio de Justicia, que es un patrimonio arquitectónico”.
Su vida no estuvo en riesgo, el incendio fue cometido en la noche, pero sí manifestó su crítica a la propuesta del presidente Petro: “El Ejecutivo no puede salir a hacer una propuesta así, debe analizarlo jurídicamente; si cree que debe consolidar la paz con los jóvenes, deben ser temas manejables; no pueden ir en contravía o por encima de la ley y de las decisiones de los jueces”.
Según la promesa del presidente Gustavo Petro, los miembros de la primera línea que están en las cárceles, detenidos por haber cometido delitos, algunos de ellos ya condenados, tienen las horas contadas en prisión. Hicieron todo lo contrario a la paz, fueron violentos, cometieron delitos como homicidios, secuestro, tortura, violaciones y ahora, irónicamente, volverán a las calles donde sembraron el terror, con una misión que resulta tal vez una burla, serán “gestores de paz”.