En bloque, toda la bancada del Pacto Histórico salió a reclamar medidas cautelares contra la Procuraduría por las investigaciones que se adelantan contra sus militantes, eso amparados en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que restituyó al presidente Gustavo Petro en su cargo, cuando se desempeñaba como alcalde de Bogotá.
El fallo advirtió que un funcionario elegido por voto popular no puede ser sacado de su cargo por vía administrativa, pero a lo que no se refirieron en la rueda de prensa fue que entre archivos y fallos absolutorios han sido cerca de 80 las decisiones que han favorecido a este sector.
SEMANA conoció las decisiones de la Procuraduría y, por ejemplo, la actual ministra de Ambiente, Susana Muhamad, tuvo fallo absolutorio el 22 de noviembre de 2022, por hechos relacionados con la reserva Van Der Hammen cuando fungía como secretaria de Ambiente de Bogotá.
Este año, el 22 de febrero de 2023, fueron archivadas las investigaciones contra los congresistas lnti Raúl Asprilla Reyes, María José Pizarro, David Ricardo Racero Mayorca por no presentar declaraciones de renta.
Lo mismo ocurrió con la polémica senadora Isabel Zuleta, quien ha estado relacionada con los paros mineros en el Bajo Cauca Antioqueño. Ella recibió un archivo inhibitorio, el 29 de noviembre de 2022, por intervención indebida en política.
Incluso el exjefe de debate de la campaña del presidente Gustavo Petro, Alfonso Prada, quien luego fue su ministro de Interior y ahora es un estelar diplomático en París ante el Gobierno francés, tuvo dos investigaciones archivadas por hechos relacionados cuando fungía como director del Sena.
El récord lo tiene el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el mismo que en mitad de campaña, en una jugada en la que no mencionó nombres, pero sentado al volante de un carro dijo: “Cambio en primera”, en clara referencia al triunfo del presidente, el entonces candidato Petro, en primera vuelta. Quintero ha recibido 70 archivos de investigaciones desde 2021 hasta la fecha.
Su congresista en el Pacto Histórico, casualmente suspendido por ocho meses por la Procuraduría, ha tenido tres investigaciones disciplinarias archivadas.
El senador Flórez fue suspendido de su cargo por ocho meses porque, en medio de una borrachera, en la que apenas se podía mantener en pie, arremetió contra los agentes de policía que estaban impidiendo un escándalo generado cuando pretendía entrar por la fuerza a una mujer en un prestigioso hotel de Cartagena. “Asesinos”, les gritaba a los agentes. Por este hecho, fue sancionado a ocho meses por calumnia.
El detonante que generó la reacción en pleno del Pacto Histórico fue la formulación de cargos contra el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, y el argumento es el mismo, una calumnia que difundió, de la cual nunca se echó para atrás y ahora se arropa en la sentencia de la Corte IDH y la elección por votos, pero con lista cerrada, de su partido.
Los hechos se remontan a 2021, cuando, en medio del paro nacional, Arias acusó a la policía de torturar a unos protestantes que habían sido trasladados a un centro de protección. De acuerdo con la Procuraduría, Arias, ahora autoproclamado perseguido, utilizó expresiones calumniosas contra el comandante de la escuadra que estaba disponible, un intendente y dos patrulleros.
Contrario a Flórez, quien reconoció su error y hasta se está sometiendo a un tratamiento de desintoxicación por el consumo de alcohol, Arias no ha dado reversa, y por el contrario, al ver el avance de la investigación en su contra logró una convocatoria unánime en el Pacto Histórico para declararse “perseguidos” y solicitar las medidas cautelares.