Las denuncias por presuntas irregularidades en un multimillonario contrato para la alimentación en las cárceles, llegaron a SEMANA, pero antes estaban en poder de la Unidad de Servicio Penitenciarios - Uspec, el Inpec y el Ministerio de Justicia, sin embargo, no pasó nada, la licitación continuó y está a punto de ser adjudicada.
Las denuncias que también fueron remitidas a las autoridades de control, como la Procuraduría y la Fiscalía, advierten elementos que terminaron por afectar la transparencia en la licitación. Los denunciantes aseguraron reuniones entre funcionarios de la Uspec y algunos contratistas, cambios en los pliegos de condiciones y hasta entrega de documentos falsos para certificar experiencia.
“Hemos recibido la denuncia de un contratista de alimentos que advierte presuntas presiones indebidas ejercidas por la Unidad de Servicios Penitenciarios para la adjudicación casi a dedo de los contratos que están en juego en la licitación pública para la distribución de los grupos y los respectivos contratos”, señala la Fundación Cárceles al Desnudo en un derecho de petición.
Desde la cárcel La Picota, los propios internos, hicieron llegar a SEMANA las denuncias con el detalle de lo que está ocurriendo con la alimentación en las cárceles y que dejan serias dudas sobre el control y vigilancia que estaría ejerciendo la Uspec y el mismo Inpec, con el suministro de alimentos.
“La calidad de la comida es terrible, de muy mala calidad, envían comida podrida en descomposición y con malas calidades de cocción, el contratista de alimentación no tiene todas las herramientas para la preparación de alimentos y los cocineros exponen su integridad para poder hacer algo de comida cuando hay, siempre tenemos problemas de desabastecimiento”, señalan las denuncias.
Aseguraron los internos que no solo se trata de la calidad, salubridad o el sabor de la comida, buena parte de los suministros, los productos para preparar la comida, se quedan a la mitad de camino, no llegan a los centros de reclusión, mientras las planillas se firman como si cumplieran con la totalidad de lo acordado.
“El robo de materia prima es impresionante y ellos dicen que como está en una cárcel, los internos se roban la comida y es un problema de abastecimiento, pero cuando se les pregunta de cuánto es la pérdida, no tienen ni idea, ni existen informes de policía judicial, pero es que se pierde el producto en la cadena de producción”, advierten los documentos que llegaron a SEMANA.
Pero las denuncias por presuntos hechos de corrupción no están solo en la alimentación, los internos cuentan lo que ocurre con el servicio de salud. Las advertencias que debieron prender las alarmas de los entes de control y del propio Gobierno, no fueron tomadas en serio, al contrario, no hubo un solo pronunciamiento y al contrario, los problemas siguieron. No se cumplen con las rutinas de alimentación, menos con la atención en materia de salud.
“Este es un escándalo de contratación, tanto los de alimentación cómo los de salud y comunicaciones, entre otros, por ello la comisión de seguimiento de las ECI de la Corte Constitucional está pendiente, pero también es un problema humanitario, en los presos de las estructuras 1 y 3 de La Picota hay hambre, hay días donde reciben desayuno a las 3 de la tarde y almuerzo a las 11 pm”, fueron las denuncias de los internos.
Lo que esperaban los privados de la libertad con la adjudicación del millonario contrato para el suministro de alimentos, era superar los problemas que por años afectaron el sistema, sin embargo, la esperanza parece borrada con el impulso que tiene la licitación en un proceso plagado de advertencias.