La Procuraduría General de la Nación alerta por la grave situación que enfrentan cientos de migrantes en el departamento del Guainía. De acuerdo con el Ministerio Público, cerca de 160 familias de venezolanos y colombianos retornados han ingresado al país por el departamento de Guainía desde el pasado mes de septiembre, provenientes de Venezuela.
Según la Procuraduría, los abusos y vulneraciones a sus derechos cometidos presuntamente por las autoridades de ese país en la mina conocida como Yapacana, que se encuentra ubicada en el estado fronterizo de Amazonas de ese país, obligó a estas personas, que desarrollaban actividades de extracción aurífera, a huir junto con sus familias con destino al territorio colombiano.
“En las visitas de verificación de derechos humanos realizada en los asentamientos donde se encuentra gran parte de estas personas, el equipo de la Procuraduría registró deficiencias en el acceso al agua potable, servicios de salud, alimentación para la primera infancia y atención a mujeres gestantes, entre otras carencias”, indicó la entidad.
La Procuraduría también pudo conocer que algunos de los 14 resguardos indígenas presentes en Inírida, la capital del departamento, se han convertido en territorios receptores de las dinámicas migratorias, realidad que agudiza las necesidades frente a la atención por parte de las autoridades para las personas con necesidad de protección internacional y comunidades étnicas presentes en esta zona del país.
Como parte de la visita de verificación, la Procuraduría presidió una mesa de ‘Seguimiento a la respuesta institucional frente a los derechos y garantías de la población migrante’, en la que el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, les pidió a las entidades nacionales y locales intervenir de manera urgente con sus capacidades institucionales los asentamientos informales allí presentes, priorizando la atención en menores, adultos mayores y mujeres gestantes migrantes, incorporando en sus actuaciones el enfoque étnico.
Así mismo, ante la preocupación registrada por la Comisión frente a los riesgos a la seguridad de las embarcaciones, que al momento de zarpar no están atendiendo las exigencias básicas de seguridad para la tripulación, el procurador exigió mayor presencia, control y vigilancia por parte de la inspección fluvial y capitanía de puerto para estos fines.
La Procuraduría General de la Nación emitirá el próximo mes de diciembre un informe preventivo sobre los hallazgos que en materia de DD. HH. fueron identificados por esta comisión, así como las respectivas recomendaciones de actuación para las entidades del orden nacional, departamental y municipal, las cuales serán objeto de seguimiento por parte de esta entidad.