Un mensaje inesperado se escuchó este viernes en el despacho del presidente Juan Manuel Santos. La carta que hace ocho días un puñado de militares se había reservado llegó a su destinatario final. De puño y letra 28 altos mandos de la institución castrense le expresaron este viernes a su comandante en jefe los temas que los desvelan desde que arrancó la implementación.Las diferencias aún no están zanjadas. Y la desconfianza que desde el Teatro Colón quedó como una semilla en la mente de los oficiales no para de germinar. Incluso, el mismo general Jorge Enrique Mora, quien participó en la Mesa de La Habana, dejó su firma plasmada en una de las dos páginas que sólo se llenaron con los nombres y cargos de los miembros de la fuerza pública que decidieron jugarse su última carta antes del último debate del Acto Legislativo que da vida al Tribunal de Paz en el Senado.Esta vez los militares fueron más allá. Sus críticas no se sólo se centraron en el tan sonado debate de la responsabilidad por mando que afecta a los generales de la república, sino que también trasladaron sus preocupaciones a lo que viene ocurriendo en las zonas veredales donde actualmente se concentran más de 7.000 guerrilleros de las FARC."Existen muchas dudas y desinformación, motivo por el cual queremos expresarle nuestra inquietud por el interés manifiesto de esta organización (FARC) de crear a toda costa zonas permanentes y no de carácter transitorio en los sitios acordados (...) tal como aconteció en el pasado con las llamadas ‘Repúblicas Independientes‘", se lee en el segundo párrafo del documento.También dejaron ver su molestia con el ingreso de poco más de 1.200 miembros de ese grupo insurgente a la Unidad Nacional de Protección. A su juicio, se requiere establecer "estrictos mecanismos de supervisión por parte de la fuerza pública" que den confianza y disipen las dudas que rondan sobre el primer tránsito oficial de miembros de esa guerrilla a la vida civil.Siempre se dijo que no iba a ser fácil adherir a los militares al proceso de paz y ahora que el país está ad portas de cimentar la arquitectura judicial que investigará y juzgará los casos relacionados con delitos derivados de la guerra y cometidos por miembros de las FARC, agentes del Estado y civiles, las alarmas se encienden.El presidente Juan Manuel Santos les dio la razón horas antes de la firma en el Teatro Colón cuando a través de una fe de erratas accedió a reajustar algunos puntos y términos que no los tenían tranquilos. Sin embargo, las modificaciones no fueron suficientes y muchos de ellos aún piden mayor claridad y precisión sobre la justicia que aplicará para los miembros de la fuerza pública que son o serían investigados por delitos cometidos en el marco del conflicto.Según relató el general (r) Jaime Ruiz en entrevista con Semana.com, la molestia arrancó con la inclusión del Artículo 28 del Estatuto de Roma. La mención les puso los pelos de punta a los generales activos y en retiro porque en la práctica muchos de ellos tendrían que responder por crímenes atroces como los falsos positivos si se amarran sus procesos automáticamente a la responsabilidad de mando.Le recomendamos: "La Jurisdicción de Paz quedó hecha a la medida de las FARC": General Jaime Ruiz"Se logró sacar el Artículo 28 pero había otras cosas que quedaron y se modificaron inconsultamente a espaldas del mando militar. A espaldas de nuestro representante el general Mora, que debió estar en la mesa de discusiones pero no lo invitaron. A él lo excluyeron como también al general Naranjo. No todo se logró cambiar y como quedaron cosas pendientes, el compromiso era que eso quedaba incluido en este Acto Legislativo", relató.Pero los reajustes han sido a medias. Al menos ese es el mensaje que enviaron los miembros de la institución castrense desde que arrancó la discusión en el Senado. Incluso, en el documento que se conoció este viernes, advierten que aunque dos proposiciones sobre el Tratamiento Especial Diferenciado para miembros de la fuerza pública fueron aprobadas la semana pasada por iniciativa de nueve parlamentarios, aún quedan temas pendientes.La aplicación preferente del Código Penal colombiano, es uno de ellos. "La supresión de unos términos innecesarios e inconvenientes en lo referente a la sustentación legal de las reglas operacionales que darían lugar a interpretaciones jurídicas equivocadas en perjuicio de los inculpados. Se trata de establecer con precisión que esta normatividad operacional consignada en reglamentos, manuales y directivas, se presume de hecho estar totalmente acordes con la legalidad. En estas condiciones se fortalecen los estándares internacionales sin el más mínimo indicio de impunidad bajo el concepto de la prevalencia del derecho interno sobre la legislación internacional", dicen ellos.A esa enmienda se suma otro tema que acrecienta la falta de precisión del documento. A su juicio, nada debe quedar expuesto a interpretaciones y más si se tiene en cuenta "la poca confianza" que en este momento inspiran algunos de los miembros de la comisión que se encargará de elegir al centenar de investigadores y juristas que harán parte de la Jurisdicción Especial de Paz.En ese sentido, el grupo de militares también le exponen al presidente "la falta de garantía en cuanto a imparcialidad". Esto, porque a su juicio al menos dos de las personas que elegirán a los magistrados tienen "posiciones asumidas en contra de la fuerza pública que han sido muy evidentes". De ahí es que brota la propuesta de establecer un "mecanismo adecuado" que permitan supervisar la selección y nombramiento de quienes conformarán el Tribunal."No estamos exigiendo ni pidiendo nada especial", dijo en conversación con Semana.com el general (r) Luis Ernesto Gilibert Vargas, quien ratificó la preocupación que tiene con "la letra chiquita" porque "puede dar pie a diferentes interpretaciones judiciales".El debate sobre los parámetros de la justicia internacional no terminan de desenredarse y una vez más la discusión versa sobre el trato que recibirán los miembros de la fuerza pública que tengan que sentarse en el banquillo de los acusados. Lo cierto es que el debate continuará el martes y se anticipa que el tema volverá a estar en la mesa de la plenaria del Senado.