Luego de un atentado registrado el 27 de enero de 2018 contra la estación San José, en Barranquilla, en el cual murieron seis uniformados y otros 42 resultaron heridos, y que fue atribuido en su momento a la guerrilla del ELN, la Fiscalía le imputó cargos a un oficial, un suboficial y a tres civiles.
Se trata del coronel del Ejército Óscar Alexander Amado Pinzón, un reconocido oficial que lideró el entrenamiento de unidades del Ejército; el sargento Pablo Alieser Caro Soler, quien es el ayudante del Comando del Batallón Especial Energético San Carlos (Antioquia) y los particulares Manfred Mereda Rivas, Albenio Lozano Pretelt y Neiky Torres Perea, quienes fueron acusados de hacer parte de una red que vendía armas y municiones a grupos ilegales.
En la tarde de este viernes 10 de septiembre se celebró la audiencia en contra de los uniformados. Ahí se aseguró que la acción de dichas personas habría ayudado a cometer el atentado anteriormente señalado.
Según la acusación, hecha por la fiscal 156 de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (Decoc), la red de venta de armas, explosivos, municiones y uniformes de uso privativo de las fuerzas militares tenía influencia en numerosas ciudades del país, incluidas Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín y Tolima.
La funcionaria aseguró que con estas acciones los uniformados estaban poniendo en riesgo la seguridad nacional al vender fácilmente armas no solo al ELN y a las disidencias de las Farc sino también a otros grupos armados organizados que se encuentran en el país. “Toda esta investigación tuvo origen con el fin de identificar e individualizar el modo operandi del grupo delictivo ELN, que nos llevó a establecer que no solo les vendían a ellos sino a GAOR y a disidencias”.
Cabe señalar que uno de los datos fundamentales para llegar a esta conclusión fue la incautación de 14.800 cartuchos de varios calibres el 4 de noviembre de 2020, realizada en Melgar, Tolima, en lo que fue conocido como el segundo decomiso más grande de este tipo de elementos.
Justamente, esta incautación llevó a identificar a las personas que estuvieron detrás de la negociación de las municiones y contando con la ayuda de inteligencia militar, se logró determinar que tanto el coronel Amado Pinto como el sargento Caro Soles estuvieron en el lugar.
También, los investigadores encontraron que esta red de tráfico de armas sacaba todos los implementos del Cantón Militar de Tolemaida y los dejaba en una habitación arrendada por los dos uniformados, allí era donde se empacaban y se enviaban a sus destinatarios, todo debidamente pensado.
“Dentro de esta organización criminal se encuentra personal activo de las Fuerzas Militares, quienes utilizan sus cargos para delinquir en dicha actividad. Así mismo, utilizan servicio de transporte de encomienda para los envíos a diferentes partes del país”, aseguró la información dada por el CTI.
Esta misma dinámica era usada por la red para traficar estupefacientes, sin levantar sospechas. Por todas estas faltas, el ente acusador les imputó el delito de concierto para delinquir y tráfico de armas. Asimismo, se aclaró que la Fiscalía también tiene en su poder interceptaciones telefónicas en las que algunos de los capturados se refieren a cómo mover esos elementos en caletas y a los precios de las municiones.
Finalmente y mientras avanza el juicio, el ente acusador pidió mantener a los uniformados privados de su libertad.