Las condiciones geográficas, la vasta extensión territorial, las conectividades fluviales y terrestres, la cercanía con las fronteras nacionales influyeron en que esta se convirtiera en una zona estratégica para el cultivo, producción y comercialización de drogas ilícitas, así como el escenario para el fortalecimiento bélico y estructural de los grupos al margen de la ley, especialmente de las FARC-EP.
En esta región, la organización guerrillera cometió actos terroristas indiscriminados, secuestros, masacres y otro tipo de hechos violentos contra sus habitantes e integrantes de la fuerza pública; particularmente como consecuencia de la proliferación de los cultivos ilícitos, la presencia de la retaguardia de las FARC-EP y la creación de la Zona de Despeje durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana.
Estos hechos condujeron a la intensificación de la violencia y al uso de prácticas catalogadas como graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, que dieron cuenta de la degradación del conflicto armado, especialmente en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Vaupés.
Uno de los hechos con mayor impacto en la fuerza pública fue el secuestro de uniformados con fines políticos. El Comando de Personal de Ejército en sus archivos y bases de datos registran un total de 548 integrantes de la Institución castrense que sufrieron el flagelo del secuestro; de los cuales, 216 fueron privados de la libertad en la región de la Orinoquía; es decir, el 40 por ciento del total de las víctimas de este crimen. Parte de esta altísima cifra, se puede explicar en función a las tomas guerrilleras que se llevaron a cabo en Las Delicias, La Uribe, El Billar, y Miraflores.
Por otra parte, el uso de artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal también marcó un precedente en la región de la Orinoquía. Según los registros del Centro Nacional contra Artefactos Explosivos y Minas (CENAM) entre los años 2003 y lo que va recorrido del 2020, 7.646 integrantes del Ejército Nacional fueron afectados por el uso de minas antipersonal (MAP), munición sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI).
En lo que concierne exclusivamente a la región de la Orinoquía, se han registrado 1.965 víctimas, de las cuales, 434 perdieron la vida y 1.531 sufrieron afectaciones físicas como amputación de sus extremidades, pérdida de alguno de los sentidos, heridas por esquirlas, entre otras. Meta y Caquetá ocupan el segundo y tercer lugar entre los departamentos con más eventos por minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en el país.
Con estas cifras, la Comisión da una mirada a la situación de miembros de las Fuerzas Militares de la Macrorregión Orinoquia afectados por minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y secuestro, y escuchará a cuatro miembros del Ejército Nacional de Colombia, afectados por estos hechos en diferentes municipios de la región, como parte del camino que se está recorriendo para construir una verdad amplia, plural y equilibrada, que contribuya a la construcción de una paz estable y duradera.
Conéctese a este Espacio de Escucha este jueves 10 de diciembre, a las 2:00 p. m., a través de las plataformas digitales de Foros Semana y en Semana.com.
Organizan la Comisión de la Verdad en alianza con Foros Semana y con el auspicio de la Unión Europea.