A comienzos de 2011, un funcionario de la Procuraduría General, con sede en Bogotá, presentó su carta de renuncia alegando que se sentía agobiado por la persecución que había emprendido en su contra la administración de Alejandro Ordóñez Maldonado por su orientación sexual.
Pese a que reclamó vía tutela la protección de sus derechos fundamentales, la Corte Constitucional señaló en el 2012 que no había logrado demostrar su dicho.
Doce años después, el exfuncionario recibió un fallo favorable. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró que, en efecto, la Procuraduría General tiene una responsabilidad por los actos de discriminación y comentarios homofóbicos que recibió durante varios años, motivados por la posición católica que había implantado el jefe del Ministerio Público y la visión conservadora y casi discriminatoria que había en contra de personas con una orientación sexual diferente.
En el fallo, de 77 páginas, el Tribunal encontró probado que el entonces funcionario fue objeto de agresiones por su orientación sexual y que la entidad no adoptó las medidas necesarias y adecuadas para impedir que aquellas se perpetuaran. Así, la demandada desconoció su rol como garante y defensora de los derechos humanos, y permitió la vulneración de los derechos del demandante a la igualdad y al libre desarrollo de su personalidad.
En el fallo condenatorio, el Tribunal tuvo en cuenta varias declaraciones que aseguraron que los comentarios homofóbicos, desobligantes, ofensivos y humillantes eran casi una constante en contra del funcionario por parte de su superior. De nada sirvieron los reclamos y quejas, pues la situación empeoró hasta afectar la calidad de vida del demandante.
La historia clínica llegó a demostrar que por la ansiedad y depresión que sufrió por la constante presión recibió un certificado de pérdida de la capacidad laboral del 28.50 por ciento. Esto, sumado a los daños psicológicos y morales por los comentarios ofensivos constantes debido a su pertenencia a la comunidad LGBTIQ.
“Para la Sala, se encuentra demostrado que el daño alegado por el accionante relacionado con trastorno mixto de ansiedad y depresión tiene como origen el comportamiento homofóbico del servidor Mauricio Contreras, junto a la omisión por parte del señor procurador regional Luis Gonzalo Olarte Cely, al no tomar medidas respectivas para efectos de detener estos actos sistemáticos homofóbicos en contra del accionante y/o prevenirlos”, precisa el fallo que reclamó las omisiones que se presentaron en este caso.
En este sentido, se citó que el procurador, en una clara posición discriminatoria y ofensiva “no solo fijó imágenes en contra la población LGBTI dentro de las instalaciones de la entidad, sino que también dañó los objetos personales del demandante. Adicionalmente, el demandante fue víctima de una serie de correos electrónicos absolutamente contrarios al orden constitucional”, dice la decisión del Tribunal. Y allí volvió al procurador regional, de quien aclararon que conocía de este tipo de conductas y no dio trámite para empezar eventuales acciones disciplinarias”.
Por estos hechos, el Tribunal ordenó el pago de una millonaria indemnización por los daños y perjuicios causados a su salud física y mental. Igualmente, se le ordenó realizar un acto de excusas públicas al exfuncionario y tomar medidas, a partir de la fecha, para sensibilizar a sus funcionarios sobre las expresiones en contra de la identidad de género y realizar acciones para que no se vuelva a presentar una situación así.