A pesar de los avances en labores de desminado humanitario, Colombia sigue siendo considerado como el segundo país en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas nuevas, y el primero en cuanto a víctimas pertenecientes a la fuerza pública. Así lo demuestran las más recientes cifras reveladas por el Centro Nacional de Memoria Histórica, a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Sensibilización contra las Minas Antipersona, que se hace cada 4 de abril. El panorama es desolador.

La entidad ha documentado 10.239 víctimas de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados desde 1958. Entre los sobrevivientes de atentados con minas antipersonal, 3.430 han sufrido afectaciones físicas, y de estos, 3.095 son hombres, 245 son mujeres y de las otras 90 personas no se cuenta con información sobre su género.

Antioquia tiene el 21,95 % de las víctimas heridas; Nariño, el 9,68 %, y Norte de Santander, el 9,39 %; estos son los departamentos que concentran el mayor daño causado por estos artefactos en el país.

En el contexto del conflicto armado en Colombia, las armas explosivas no convencionales han sido un medio y un método de guerra común empleado por los grupos armados ilegales y una amenaza latente para la vida y la integridad corporal de la población civil y de los miembros de la fuerza pública.

Entre este tipo de armas se encuentran las minas antipersonales y los artefactos explosivos improvisados que se ubican, casi siempre, debajo de la tierra o sobre el suelo y pueden permanecer inactivas durante mucho tiempo, incluso décadas, hasta que una persona o animal activa su mecanismo de detonación.

Incapaces de distinguir entre la pisada de un miembro de la fuerza pública y la de un civil, las minas antipersonales no pueden apuntar a un objetivo, por lo que asesinan o hieren de manera indiscriminada a todos por igual.

En buena parte de los casos, según narra el Gobierno en un documento publicado recientemente sobre las víctimas de la fuerza pública, “las minas se crean con lámina galvanizada, un material de fácil consecución en el mercado, pues es utilizado en la industria de refrigeración, carrocerías, aires acondicionados y vallas”.

Para su fabricación, se emplea brea y tubos de PVC e incluye fragmentos de proyectiles y distintos explosivos como pólvora negra, nitrato de potasio, ANFO y R1 (una mezcla de nitrato de amonio, aluminio en polvo y clorato de potasio). Además de estos componentes, se sabe que los grupos armados ilegales han estado agregando materiales como tuercas, tornillos, vidrio y material fecal (humana y animal), los cuales agravan las heridas causadas por la explosión”.

Los primeros registros que se tienen en Colombia sobre el uso de minas antipersonales provienen de los años setenta, cuando el ELN empezó a usarlas como método y medio de guerra, pese a su prohibición por el DIH.

Dada su efectividad letal, esta práctica fue replicada por los demás grupos armados ilegales. Lamentable estrategia. Los territorios en los que se presentó el mayor número de afectaciones correspondían a zonas de presencia histórica, áreas de retaguardia estratégica, corredores de movilidad estratégicos y lugares con grandes extensiones de cultivos de uso ilícito, siendo estos territorios estratégicos.

Los atentados a los miembros de la fuerza pública por la activación de minas antipersonales han tenido distintos objetivos: uno, es evitar la persecución cuando ocurren combates, retrasar el desplazamiento de las tropas para evitar operaciones que procuran la captura de algún cabecilla o evitar el desarrollo de operaciones de control territorial.

Cabe mencionar que el 59,54 % del total de las víctimas de estos artefactos fueron miembros de la fuerza pública, mientras el 40,46 % fueron civiles. Otro de los propósitos es atacar a los miembros de la fuerza pública mientras se movilizan a bordo de vehículos oficiales en estado de indefensión. Para ello, los grupos criminales instalan minas al lado de la carretera, y con la explosión logran aturdir, disminuir y poner en franca desventaja a los uniformados.

Muchas de estas acciones delictivas trascienden el hecho de ser un ataque a categorizarse como masacres. En algunas ocasiones, las minas son utilizadas para proteger áreas campamentarias en las que permanecían poderosos cabecillas de la organización, zonas que comprendían un vasto número de hectáreas sembradas de cultivos de uso ilícito o laboratorios para el procesamiento y producción de cocaína, y territorios donde se ubican corredores de movilidad.