El Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional y la Policía Nacional deberán elaborar un plan para aumentar los mecanismos de protección y seguridad para los excombatientes de la guerrilla de las Farc que se encuentran en el departamento del Arauca. Así lo ordenó el juzgado primero penal del circuito para adolescentes con funciones mixtas del Cauca al resolver una acción de tutela promovida por cuatro exintegrantes de ese grupo guerrillero que se acogieron al Acuerdo de Paz.

En la acción judicial, firmada por Pastor Alape, Rodrigo Granda, Nelson Quintero Estevez, Wladislav Aguirre Rodríguez, se pidió la protección de los derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad personal, así como a la reincorporación en condiciones dignas y de paz, advirtiendo que habían sido vulnerados tanto por los ministerios de Defensa y del Interior, la Gobernación del Arauca, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Defensoría del Pueblo.

Desde el 2 de enero de 2022, citan, se ha registrado el asesinato de 30 personas en la zona en medio del conflicto entre las guerrillas del ELN y el Frente Décimo de las disidencias de las Farc en Arauca, así como el desplazamiento forzado de centenares de habitantes del departamento y el estado fronterizo de Apure (Venezuela).

Estas acciones y enfrentamientos bélicos han afectado la integridad de los excombatientes que se encuentran en el ATRCR Centro Poblado Villa del Paz, ubicado en el municipio de Arauquita, “y en general todos los firmantes del departamento de Arauca”. Frente a estos hechos, y el miedo constante por su vida y seguridad, las 187 personas que se encuentran en ese Espacio Territorial y se encuentran en diferentes puntos del municipio han tomado la decisión de no salir de sus casas.

Los accionantes advierten que desde el 26 de agosto 2021 se retiró el puesto de control del Ejército Nacional que estaba ubicado en la entrada como parte de la seguridad que cubre esa zona y que el esquema colectiva protección asignado por la UNP a sufrido diversos ataques.

Frente a esta situación consideran que no existen las garantías de seguridad y protección, alegando las constantes violaciones a los Derechos Humanos que se han presentado en la zona.

El despacho judicial le ordenó a la Unidad Nacional de Protección que inicie el proceso de evaluación del riesgo que enfrentan los pobladores, y tomar medidas que se consideren necesarias.

“Más emerge la garantía de la seguridad personal de los accionantes y la pléyade de derechos con los que guarda conexidad, se encuentra expuesta a circunstancias excepcionalísimas y es que aunque no pueda predicarse que la UNP conculcó de manera directa los derechos fundamentales, si es claro que la situación que se presenta en el Departamento del Arauca, amerita como mínimo una revisión de la seguridad que se viene prestando a algunos habitantes de Villa Paz”, precisa el fallo de 45 páginas.

Para garantizar la protección y la seguridad de los excombatientes, el juzgado le dio instrucciones precisas al Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, la Gobernación de Arauca, la Unidad Nacional de Protección, el comando de Policía del Departamento de Arauca, la Brigada XIII acantonada en la ciudad de Arauca, la dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional para que coordinen y ejecuten de manera inmediata las medidas necesarias.

Igualmente, en las próximas 72 horas, las entidades mencionadas anteriormente deberán reunirse para evaluar la situación y adelantar la presentación de un informe semanal. Además, “de manera armónica se concertarán las medidas eficientes e idóneas para garantizar la preservación del orden público y, en particular, las que aseguren la vida, seguridad e integridad personal de los pobladores de la AETCR -Villa Paz, del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca.

El despacho judicial le pidió a la Fiscalía General, por medio de su Dirección Seccional de Arauca, que se adelanten las investigaciones pertinentes en el marco de la situación de violencia que atraviesa el departamento de Arauca en lo corrido del 2022, principalmente, en aquellas que involucren a los pobladores de la AETCR. Igualmente, se exhortó al Ministerio del Interior y la Gobernación del Arauca impulsar el funcionamiento y actividades de la Mesa de Garantías en defensa de los líderes y lideresas de Arauca “como un espacio de concertación para la garantía de la seguridad integral del liderazgo social en el territorio”.