El ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón tuvo que hacer presencia en la Comisión Segunda de la Cámara para impedir que prosperara un proyecto de ley que pretendía degradar a aquellos oficiales de las Fuerzas Armadas y de Policía que resultaran condenados por la justicia penal militar o la justicia ordinaria. La iniciativa, que había sido promovida por el senador Manuel Virgüez del movimiento MIRA, buscaba que el Senado, encargado de aprobar o rechazar los ascensos de los militares, pudiera “salvar su responsabilidad” en caso de que algún oficial resultara condenado por la justicia penal o la justicia ordinaria, tal como sucedió en el caso del general Mauricio Santoyo, quien tras ser ascendido por el Congreso, terminó condenado en Estados Unidos por nexos con grupos paramilitares. Esos antecedentes motivaron al Senado a crear la figura de la degradación militar y policial, una sanción accesoria considerada como una ‘condena política’ a los oficiales, la cual consiste en el retiro del uso del uniforme y los distintivos oficiales y la devolución de medallas o condecoraciones que dicho oficial haya conseguido durante toda su carrera, al igual que el retiro de la asignación salarial. Y así como el ascenso se concede en una ceremonia pública, el Senado aprobó que la degradación y la indignidad también se apliquen en actos públicos y con similar publicidad. Ante esta iniciativa, el ministro de Defensa le pidió al Congreso hundir la iniciativa con el argumento de que hablar de degradación en este momento histórico y político puede ser peligroso y crea una confusión en el sentimiento de las Fuerzas Armadas. “No puede pensarse que mientras se habla de beneficios para organizaciones armadas al margen de la ley, ahora se busque ir más allá de las normas que ya se tienen definidos y hablar de la degradación”, dijo el ministro. Pinzón, además, dijo que los miembros de las Fuerzas Armadas no los pueden volver en los únicos funcionarios “expuestos a la crucifixión”. Incluso les dijo a los congresistas que no hay una figura que establezca alguna deshonra para parlamentarios vinculados con la ilegalidad. “Los uniformados “son los únicos funcionarios públicos que juran morir por defender la Constitución, la ley y los derechos de los colombianos”, dijo. La degradación militar había sido aprobada el semestre pasado por el Senado, después de la controversia que generó el ascenso del general de la Policía Francisco Patiño, quien estaba siendo indagado por modificar la escena del crimen del grafitero Diego Felipe Becerra, hecho calificado por el fiscal general Eduardo Montealegre como un “falso positivo urbano”. Pero ante la decisión del Senado, el representante Telésforo Pedraza calificó la figura de la “degradación militar” se constituye en “una afrenta al honor y la mística de soldados y policías, que día a día entregan sus vidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades”.