Diego Molano ha concentrado las mayores energías como ministro de Defensa en la lucha contra las drogas y las estructuras criminales que lideran ese negocio ilícito.
A quienes claman por la legalización de las drogas les responde que una solución de ese orden demandaría un acuerdo de todos los países del mundo, sobre todo productores y consumidores, y que eso no es viable por ahora.
El ministro Molano llama la atención sobre el asombroso incremento del microtráfico y dice que las drogas “se nos han metido en los parques, en los barrios, en las casas y en los colegios”, y que Colombia debe despertar para frenar ese fenómeno, antes de que sea muy tarde.
SEMANA: una de sus prioridades en 2021 fue la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué logró el Gobierno en este campo?
Ministro de Defensa: lo que hemos hecho en el Gobierno el presidente Iván Duque con nuestras Fuerzas Militares ha sido, primero que todo, luchar contra el narcotráfico y la criminalidad. El narcotráfico es la principal fuente que alimenta la violencia en Colombia. Cada hectárea de coca significa más desplazamiento forzado, más asesinatos de líderes sociales, más homicidios y masacres, que afectan a los sectores más pobres de la población.
En 2021 trabajamos en desarticular organizaciones criminales. Cuando comenzó el Gobierno del presidente Duque había siete grandes símbolos del mal. Este año quedaron desarticulados Los Caparros, con la captura de alias Flechas y gran parte su estructura; Los Pelusos, que han sido muy golpeados en Norte de Santander, y Los Puntilleros.
Nos queda la tarea de neutralizar y seguir desmantelando el Clan del Golfo. La captura de su máximo jefe, alias Otoniel, fue uno de los grandes golpes en 2021.
El ELN también fue duramente golpeado en 2021 con la neutralización de alias Fabián. Era el último cabecilla de la dirección del ELN en Colombia.
Y por supuesto también la lucha contra las disidencias de las Farc, que son las que hoy intentan originar desplazamiento y conflicto en el sur del país.
En materia de narcotráfico, lo que hicimos fue golpear toda la cadena que alimenta el valor de esos grupos organizados armados ilegales. Por ejemplo, completamos ya 350.000 hectáreas erradicadas en los cuatro años de Gobierno del presidente Duque.
Superamos la meta planteada para el cuatrienio en términos de hectáreas de cultivos ilícitos erradicadas. Este año vamos a cerrar con 105.000 hectáreas.
Logramos la cifra récord de incautación: más de 650 toneladas de clorhidrato de cocaína, es la mayor cifra incautada en los últimos diez años y nos concentramos mucho en destrucción de laboratorios.
A los laboratorios los hemos golpeado como jamás se ha hecho, es donde se concentra el valor agregado de la droga, ahí están los insumos, está la mayor cantidad de utilidades. Destruimos más de 5.600 laboratorios, gracias al trabajo de la Policía.
Esa acción contundente contra el narcotráfico y una ofensiva sin tregua contra los grupos armados ilegales nos permiten asegurar que avanzamos mucho más en control territorial y en la lucha contra estas organizaciones criminales que tanto afectan la vida y la tranquilidad los colombianos. Les hemos quitado el espacio a los criminales.
SEMANA: ¿y esa será la misma línea para 2022?
M. D.: en Colombia tenemos unos desafíos enormes. Una lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales, pero la decisión de la Fuerza Pública contra ese fenómeno es total.
Desmantelar las organizaciones y erradicar de la faz de Colombia el narcotráfico es nuestro objetivo. Porque el narcotráfico es el principal alimento de la violencia en Colombia. Y la violencia genera el terrorismo.
Tenemos un desafío mayor en el caso de Venezuela, porque el régimen de ese país protege a los grupos terroristas y permite que el narcotráfico nos haga mucho daño. No podemos distraernos un solo minuto en desmantelar esas estructuras criminales que nos hacen tanto daño.
En 2022 vamos a tener un gran frente de trabajo en la protección de nuestras fronteras. Se creó el Comando de Norte de Santander con 3.000 hombres agregados para la seguridad y combatir al ELN y a las disidencias de las Farc.
Se ha fortalecido la presencia en Arauca, tenemos ahí botes de bajo calado para proteger la soberanía y la seguridad a través del río Arauca.
Todo esto significa un trabajo muy grande y estaremos concentrados, repito, de manera muy especial en dar seguridad en las fronteras.
Nuestras Fuerzas quieren acompañar la reactivación, una reactivación segura y para eso necesitamos mayor seguridad. Estamos avanzando en ese propósito.
SEMANA: ¿qué les dice usted a esas personas que a pesar de la gravedad del daño que hacen las drogas, todavía piensan en que hay que darles un compás de espera a esas estructuras y no fumigar y no perseguirlas?
M. D.: hay muchos que plantean la legalización como la solución y la verdad es que la legalización de las drogas no es la solución de hoy. Para pensar en eso tendría que hacerse un acuerdo entre todos los países del mundo, consumidores y productores, y eso no se ha logrado y no va a ser fácil por ahora. De manera que esa solución no es para nuestro momento ni para nuestra situación.
Como padre de dos hijos veo que el microtráfico se disparó y está haciendo mucho daño a los niños, a los adolescentes y jóvenes de este país.
Las drogas ilícitas no son hoy algo que va a afectar solamente a Europa o Estados Unidos, sino que tenemos un gran problema de consumo interno y destrucción de nuestra sociedad como efecto de la propagación del microtráfico. Tenemos un problema muy grave de consumo interno desbordado por la permisividad que se ha ido generando de manera progresiva.
Como ministro de Defensa veo que cada hectárea de coca en poder de los criminales, cada laboratorio que se permite por no actuar con toda contundencia, mientras se esperan soluciones de largo plazo, es alimentar la violencia. Son más vidas perdidas hoy.
La lucha contra el narcotráfico debe continuar y se debe profundizar con toda la voluntad política y eso es lo que ha tenido este gobierno.
Si en un momento logramos reducir a 41.000 la hectáreas cultivadas en coca, ¿por qué ahora no? Es un asunto de voluntad política.
Vamos a hacer la aspersión por precisión. Es un sistema eficaz, por goteo, con alta tecnología, que recoge todas las recomendaciones de la Corte Constitucional en materia de protección de la salud y del medio ambiente.
También tenemos que seguir haciendo la erradicación manual, el desarrollo alternativo, la sustitución de cultivos ilícitos. Cómo lo estamos haciendo, cambiando coca por cacao.
Y hay que cambiar el foco a afectar la productividad que ellos tienen. Por eso este gobierno se ha concentrado en la lucha contra las drogas en la Zonas Futuro, que es donde estas organizaciones criminales utilizan todo tipo de rentas ilegales, además de narcotráfico. Estas organizaciones le han sumado allí minería ilegal, extorsión, desplazamiento forzado y tráfico de armas. Todo para amedrentar a la sociedad.
Hay que profundizar también el combate al microtráfico, que es una cara del problema de las drogas que los colombianos no hemos querido examinar a fondo y que está haciendo un profundo daño a la sociedad, especialmente a niños, jóvenes y adolescentes.
Los narcotraficantes han comenzado a enviar excedentes de drogas que les quedan a las ciudades colombianas, inclusive a algunas poblaciones medianas, para generar adicción en los jóvenes, a los que luego involucra en los delitos y recluta para sus intereses.
Por eso nuestros tres focos en esta lucha: combatir las organizaciones criminales, hacer la afectación a toda la cadena de narcotráfico y darle muy duro al microtráfico.
No podemos esperar soluciones teóricas económicas de largo plazo. Es un problema que tenemos que atacar ya. Al que no le podemos dar tregua porque se nos crecería de manera incontrolable. Eso es lo que hemos estado haciendo en el Gobierno el presidente Duque y que nos ha permitido que este fenómeno no continúe su crecimiento exponencial como venía antes.
SEMANA: ¿qué le pasó a la sociedad colombiana con el microtráfico? ¿Lo desestimó? ¿Lo desconoce?
M. D.: el narcotráfico se nos metió a los barrios. Se nos metió a las casas, a los colegios y la sociedad lo permitió por falta de una acción contundente. Lo desestimó pensando que era un problema pequeño. Hoy es un monstruo.
Organizaciones como el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN descubrieron que podían mantener las dos caras del narcotráfico: una, sus cuotas de exportación que los llena de dólares y otra, el consumo interno, que además de los recursos económicos que les facilita, les permite reclutar a los jóvenes para sus intereses. Este se ha convertido en una forma de reclutar jóvenes en las ciudades y en las poblaciones intermedias. Con la caja de este mercado interno pagan a sus hombres.
El microtráfico llegó a la ciudad utilizando los excedentes de droga que les quedan de exportación. Y eso ha generado lo que yo llamo el “círculo del mal”, que opera así: primero, distribuyen dosis gratis a los jóvenes en barrios, esquinas, colegios y parques; luego de que los meten al vicio y les generan dependencia, se produce la gran ruptura familiar y los muchachos comienzan a llevarse las cosas de la casa para venderlas y pagar la droga; cuando ya tienen a los jóvenes adictos, los grupos les entregan la primera arma blanca, el primer puñal, para que hagan un rol robo, los ponen de campaneros para avisar en las esquinas cuando viene la Policía, les dan droga para que vendan en los colegios.
Después los reclutan para los grupos criminales, los empoderan para atacar, para hacer el cosquilleo, el fleteo, los preparan para el robo de celulares y bicicletas. Y todo eso se vuelve un círculo del mal. Y esas ollas del microtráfico, al pie de parques y colegios, se convierten en las llamadas “zona de miedo”, donde se cometen todo tipo de delitos.
Colombia tiene que despertar muy rápido frente al problema del microtráfico. Los colombianos tenemos que darnos cuenta de que esta nueva cara de las drogas está consumiendo a nuestros jóvenes y que si no paramos esto ya, el daño para nuestra sociedad será mayor. Será muy grande.
No podemos ser indolentes al llamado que nos hace la ciudadanía en todas las ciudades para destruir las ollas de microtráfico. Nosotros nos metimos en este reto porque la gente nos lo ha pedido.
Son ollas que llevan años en las ciudades, alrededor de las cuales se ha generado todo clima de oportunidad para el delito.
Nos están llamando las madres de familia, los padres, los líderes comunitarios, pidiéndonos que nos enfoquemos a profundizar esta estrategia y lo vamos a hacer con toda la fuerza en este 2022.
SEMANA: ¿por qué dice que está creciendo el nivel de amenaza que significa el régimen de Nicolás Maduro para la seguridad de los colombianos?
M. D.: primero que todo tengo que expresar mi solidaridad con el pueblo venezolano.
Infortunadamente, lo que han hecho los regímenes de Chávez y Maduro ha creado la más grave crisis humanitaria con una migración de más de cuatro millones de ciudadanos de ese país. Casi un millón ochocientos mil de ellos en Colombia.
El régimen venezolano permite que grupos armados ilegales de Colombia como el ELN y las disidencias de las FARC hagan presencia allá para preparar las acciones terroristas que luego ejecutan en Colombia.
El régimen de Nicolás Maduro es un peligro cada vez mayor para Colombia.
Allá manejan pistas de narcotráfico para sacar la droga hacia mercados en Europa y Estados Unidos. Esos grupos terroristas que atacan en Colombia se financian allá.
Esa es la mayor amenaza para Colombia hoy, y por eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante para hacer presencia nuestra frontera.
Cuando uno ve que al otro lado de la frontera se permite planear, financiar y ejecutar acciones terroristas, contra Colombia, se constituye una amenaza mayor sobre la cual la instrucción a toda nuestra Fuerza Pública es proteger la frontera. Combatir con decisión a los grupos armados ilegales.
SEMANA: ¿usted cree que el endurecimiento de las penas para quien atente contra miembros de la Fuerza Pública será suficientemente disuasivo?
M. D.: lo que hicimos fue llevar tres proyectos al Congreso y son leyes de la República para mejorar la seguridad en Colombia.
Primero, un proyecto de profesionalización de los patrulleros y de la Policía que permite tener más y mejores policías, con mejores competencias, mejor información y mejor bienestar.
La otra ley es un régimen disciplinario que es más estricto con los uniformados, que da garantías de debido proceso, que hace rendición de cuentas y que no permite impunidad frente a las investigaciones cuando un policía incurre en actos contrarios a la ley.
Y la otra es una ley de seguridad ciudadana que da seguridad a los ciudadanos de a pie que se ven afectados por nuevos tipos de violencia y de crimen.
En ninguna de estas leyes se ha tocado la manifestación pacífica, que tiene que seguir siendo defendida y protegida por el Estado y por la autoridad y por nuestros policías.
Esta ley de seguridad ciudadana lo que hace es proteger a los ciudadanos de las organizaciones criminales que están contra la vida.
Lo que hicimos fue endurecer las penas para aquellos que destruyen el sistema de transporte público, una estación, un bus de servicio público. Se endurecieron las penas para quienes destruyen un CAI, que es el centro de la autoridad que garantiza la seguridad en el barrio. Se aumenta la pena para quienes utilizan capuchas y se esconden detrás de ellas para destruir los bienes públicos y atacar a las personas. O para lanzar bombas incendiarias. Y se elevaron las penas para quienes se atreva a asesinar uniformados, que son la autoridad.
Los policías son intocables en una sociedad ordenada. Agredir a un policía viola el principio de seguridad en una sociedad. Eso erosiona la legitimidad de la Policía y de la institucionalidad.
Pero también se aumentaron las penas para quienes incurren en asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y servidores públicos como policías y soldados.
SEMANA: ¿cómo analiza usted otro artículo de esta ley que permite a los ciudadanos defenderse hasta con armas letales cuando los violentos ingresan a sus domicilios, a sus vehículos o negocios?
M. D.: esa es una norma que incorpora el principio de legítima defensa que ya está en la legislación colombiana.
Lo único que hace esta norma es cambiar la carga de la prueba. Hoy, si usted está en su casa y un ladrón entra a su domicilio y atenta contra su vida y sus bienes, y usted hace uso de un arma letal, usted es considerado como un homicida. Con la nueva norma, el ciudadano puede alegar que lo hizo en legítima defensa. No puede ser tratado como un homicida.
Esta norma se puede aplicar cuando un criminal entra a su domicilio, a su negocio o a su carro. No es patente de corso para disparar, no es patente de corso para hacer lo que quiera y en todo caso va a haber un proceso judicial.
Se le tendrá que demostrar en el juicio que lo acusen, que no lo hizo legítima defensa. Ese es el cambio.
SEMANA: 2022 será un año para comenzar la implementación de unas normas legales en la restructuración integral de la Policía, otros procesos ya vienen en marcha. ¿Cómo será esto en 2022?
M. D.: la transformación de la institución busca tener más y mejores policías en la calle para proveer más y mejor seguridad a los colombianos.
Consiste en cuatro acciones: una reforma al Ministerio de Defensa que crea una Dirección de Seguridad Ciudadana, un Observatorio de Derechos Humanos en la Fuerza Pública, para dar garantía y tener una mejor coordinación de la política de seguridad ciudadana con el resto de ministerios.
Una segunda reforma consiste en crear una Oficina de Derechos Humanos del más alto nivel, un centro de estándares y competencias para garantizar su formación en Derechos Humanos como eje transversal de la Fuerza Pública y se organiza el Servicio de Policía en los barrios.
Y dos leyes: una, la de profesionalización de la Policía que busca que todos los agentes, inclusive una nueva categoría de patrulleros, cada cierto tiempo, cada cinco años, se certifiquen en competencias como uso de la fuerza, procedimientos policiales, Derechos Humanos y en el servicio de policía. ¿Qué quiere decir eso? Que cada policía va a tener que hacer un examen, una validación y si tiene esas competencias, esas habilidades y pasa, podrá ascender, seguir su carrera y recibirá una bonificación salarial. Si no pasa el examen en dos oportunidades, sale de la institución.
Vamos a aplicar la excelencia en la Policía para una mayor protección de los ciudadanos.
La segunda ley tiene que ver con ese nuevo régimen disciplinario que es mucho más expedito en los procesos, de manera que las faltas graves, gravísimas que tengan que ver, por ejemplo, con violación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, sean tramitadas con prontitud, pero con debido proceso.
Los ciudadanos podrán hacer seguimiento de sus denuncias contra los policías, en línea, garantizando el debido proceso del acusado, pero también la protección del ciudadano.
Los inspectores van a tener que resolver los casos muy pronto.
Con esta ley los ciudadanos van a poder tener mucha más protección de los policías, pero los policías a su vez van a tener que ser absolutamente respetuosos de los Derechos Humanos y de la ley en la protección de esos ciudadanos.
Estos cuatro elementos forman parte de la transformación integral de la Policía que hemos puesto en marcha.
Estas transformaciones tienen que repercutir en más protección para los ciudadanos y en unos policías más respetados por los ciudadanos.
SEMANA: en 2021 se neutralizaron algunos terroristas del ‘alto valor’. ¿Se mantendrá esa línea en 2022?
M. D.: sí, ya no están varios de esos que fueron símbolos del mal, que utilizaron el terrorismo para amedrentar a la sociedad colombiana. Para narcotraficar, cometer homicidios, masacres, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores.
Si en Colombia hay menos símbolo del mal, tendremos más tranquilidad. Nuestro plan de seguridad nacional tiene como objetivo desmantelar esas estructuras criminales y neutralizar a esos símbolo del mal.
A Otoniel lo estaban buscando las autoridades desde hace 12 años, pues lo capturamos y ya no podrá hacer más daño a los colombianos. Además, su estructura está haciendo desmantelada. 200 miembros de su organización han sido capturado después de capturar a su jefe.
Después de la captura de Otoniel, hemos visto que muchos miembros de la organización han tomado la decisión de someterse a la justicia.
En el Gobierno el presidente Duque llevamos ya 1700 miembros del ELN, disidencias de las FARC y Clan del Golfo que se han sometido a la justicia.
En solo 2021, duplicamos la cifra de miembros de esas organizaciones que se han sometido, pasamos de 655. Vamos a profundizar en esa tarea.
SEMANA: ¿tiene a Iván Márquez en la mira para 2022?
M. D.: el caso de Márquez es que pretende resguardarse en Venezuela, pero ejecutar en Colombia todo tipo de crímenes alrededor del narcotráfico.
Márquez fue congresista y se retiró para ir a la criminalidad. Luego tuvo oportunidad de firmar ese Acuerdo de Paz y abandonó para volver a la criminalidad. Es un cobarde. Se fue a Venezuela a planear la expansión del crimen en Colombia.
La desaparición de Santrich, Romana y El Paisa sí ha afectado la expansión de esa organización criminal.
Nuestra ofensiva en Colombia contra esos criminales incluye a las estructuras de Iván Mordisco y Gentil Duarte, y también ha limitado su expansión.
Estas actuaciones seguirán en Colombia con toda la decisión de nuestra Fuerza Pública.
SEMAMA: ¿cómo percibe que es recibida su labor de defensa vehemente de soldados y policías, que es tan marcada?
M. D.: como ministro de Defensa me corresponde garantizar que todos los policías y soldados de Colombia, casi 400.000 compatriotas que han jurado servir la patria, que han jurado hasta ofrendar su propia vida para proteger a los colombianos, tengan las mejores condiciones. y en eso trabajo todos los días.
Los policías y soldados que honran su uniforme son héroes de la patria.
Este año como sociedad enfrentamos una amenaza mayor. Cuando ocurrieron los bloqueos, cuando se dio el vandalismo, vimos una Fuerza Pública que protegió la manifestación pacífica, pero también de manera contundente actuó contra los violentos que afectaron el orden y la estabilidad de la democracia.
A los policías y soldados tenemos que darles todo el respaldo.
Pero también como ministro de Defensa tengo que decir que somos intolerantes con que un solo miembro de la Fuerza Pública manche el honor del uniforme. No lo aceptamos. O cuando procede por fuera de la ley.
Lo que sí exigimos es que a ese policía, a ese uniformado, se les garantice el debido proceso en su juicio.
Lo que no puede ocurrir es que se haga politiquería con el nombre de los policías y los soldados. Que saquen informes en los que se les acusa de lo peor, pero que luego estos defensores de la moral terminal de candidatos como lo estamos viendo. Y diciendo que la Policía hace masacres. Eso es un término que no aceptamos para nuestros héroes que cumplen con la ley.
Con los uniformados, total exigencia del respeto a la ley y total defensa de ellos.
Con respaldo y exigencia garantizamos una mejor Fuerza Pública. Militares y policías son el cimiento de la democracia.
SEMANA: ¿algo que no haya alcanzado a hacer en 2021 que madrugue a hacer en 2022?
M. D.: tenemos un objetivo claro para 2022, entre otros, y es que nuestra Fuerza Pública siga siendo innovadora en protección del medioambiente.
El presidente Duque señaló a través de la política de seguridad y defensa que el agua, los bosques, son un activo a proteger por nuestra Fuerza Pública. Al amparo de esta decisión creamos la campaña Artemisa, en la que participan militares y policías para impedir la deforestación.
Hace apenas unas semanas los países del mundo firmaron en Glasgow el compromiso de defender el medio ambiente. Uno de esos acuerdos es el control a la deforestación. Nuestras Fuerza Militares y de Policía son pioneras en el mundo en la protección del medioambiente. Nuestra Fuerza Pública es líder en el mundo en impedir la deforestación.
Este año en atención a esta cruzada logramos una reducción del 30 % en la deforestación de los bosques colombianos.
Sacamos una nueva ley de delitos ambientales para proteger al medio ambiente. Estamos poniendo freno al abuso contra la biodiversidad.
La Fiscalía acaba de imputar cargos a los criminales Gentil Duarte e Iván Mordisco, de las disidencias de las FARC, por crímenes contra el medioambiente. Queremos que esa campaña sea permanente.
Estuve en la Otan presentando los resultados de Artemisa y pudimos observar que no hay ninguna otra fuerza pública en el mundo comprometida como la nuestra con la defensa de los recursos naturales y de la biodiversidad. Esto debe ser parte de nuestra doctrina permanente y sostenida en el tiempo para nuestra Fuerza Pública.
Vamos a defender también que no haya deforestación de arrecifes de coral en nuestros océanos.
Y hay otro objetivo al que quiero entregarle todo mi empeño este 2022: el bienestar de los miembros de la Fuerza Pública.
Hemos avanzado, pero tenemos que hacer mucho más trabajo. Vamos a trabajar para que nuestros uniformados tengan una mejor salud mental, un mejor bienestar para ellos y sus familias. Y sobre todo esos héroes de la guerra que quedaron con algunas discapacidades. Por ellos vale la pena todo sacrificio.