El escandaloso caso de cabecillas de las disidencias de las Farc con orden de captura vigente moviéndose en camionetas de la Unidad Nacional de Protección, como ocurrió en Antioquia, llevó al Gobierno a reconocer posibles errores que se estarían dando con el levantamiento de órdenes de captura de peligrosos delincuentes.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, admitió que se deben revisar algunos procesos con la Fiscalía General de la Nación. “Tenemos que buscar cómo afinar también, dentro de las relaciones del Gobierno con el poder judicial en esta suspensión de órdenes de capturas, cómo definir exactamente los alcances de esas suspensiones”, señaló el ministro Velásquez.

Así mismo, el ministro indicó que para el caso de Antioquia, fue la Fiscalía General de la Nación la que decidió dejar en libertad a algunos de los cabecillas que fueron capturados por movilizarse en los vehículos de la UNP sin autorización y portando armas de fuego.

“Las decisiones judiciales son tomadas por el poder judicial, no por el Gobierno nacional”, dijo el ministro Velásquez.

Retén militar

Cómo se recordará, el escándalo que puso en entredicho el papel de la Unidad Nacional de Protección se presentó el pasado martes 23 de julio, cuando una robusta caravana de camionetas de alta gama, siete en total, se movilizaban entre Medellín y Anorí en donde había un retén militar.

Las tropas, cumpliendo su papel de rutina, detuvieron los vehículos para hacer los controles del caso. Sin embargo, varios de los ocupantes se negaron a descender del vehículo y también a identificarse plenamente, lo que levantó sospechas entre los militares, que optaron por pedir apoyo de la Policía y la Fiscalía.

Con el paso de las horas, se conoció que efectivamente dentro de uno de los vehículos iba uno de los más temidos cabecillas de las disidencias de las Farc en el departamento de Antioquia, alias Firu, cabecilla del Frente 33, a quien se le atribuye la activación de un campo minado días atrás, donde fueron asesinados seis militares.

Tras la complejidad de la situación, se ordenó que la caravana fuera trasladada al batallón militar Pedro Nel Ospina, en Bello, Antioquia. Allí, al hacer las respectivas requisas, se determinó que siete personas tenían que ser capturadas. Así mismo, se encontraron más de 160 millones de pesos en efectivo, dólares, armas de fuego, proveedores, memorias USB, teléfonos satelitales, celulares, computadores, entre otros elementos.

De acuerdo con las autoridades judiciales, quienes fueron capturados se dieron por varios motivos, entre ellos porque algunos tenían orden de captura vigente como el caso de alias Firu y otros en flagrancia por estar llevando armas de fuego o municiones, hechos que son constitutivos de acciones penales.

Sin embargo, horas después de las capturas, por decisión propia, la fiscal Luz Adriana Camargo decidió que tres de los siete capturados fueran dejados en libertad. Aún se desconocen los motivos que llevaron a Camargo a tomar dicha decisión, si –como lo dijo el ministro de Defensa– es una acción autónoma del ente acusar en donde no medió el Gobierno nacional.