El CICR entregó al presidente Gustavo Petro y al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, los resultados de un informe sobre la situación de orden público en el país, en donde quedó en evidencia la violencia que están atravesando las comunidades en zonas apartadas en donde aún con cese de fuego activo los grupos criminales continúan actuando a sus anchas.
Según la Cruz Roja Internacional el año pasó logró documentar 444 presuntas violaciones del Derecho Internacional Humanitario en Colombia. Dijo el organismo humanitario que: “los ocho conflictos armados clasificados por el CICR en Colombia afectaron en 2023 a miles de civiles, con consecuencias humanitarias como la desaparición, el desplazamiento, la violencia sexual, el confinamiento, la afectación por artefactos explosivos, y la asociación de niños, niñas y adolescentes con actores armados”.
De acuerdo con el CICR, en el 2023 “al menos 145 mil personas se desplazaron individualmente, lo que supone un aumento del 18 % respecto al año anterior. En algunos departamentos el incremento fue más alto. En Bolívar, por ejemplo, la población afectada por esta problemática aumentó en un 94 %, mientras que, en Cauca y Putumayo, el incremento superó el 50 %”.
Así mismo, indicó la Cruz Roja Internacional que el desplazamiento masivo en algunas regiones del país tuvo aumentos exagerados. “El aumento más significativo se dio en Putumayo, que registró un incremento de más del 1.000 %”.
“En Colombia hay comunidades enteras que no pueden transitar libremente por su territorio porque el miedo y la zozobra sigue condicionando la vida de estas personas. Para la población civil el respeto del DIH no es algo abstracto, por el contrario, significa mucho. El respeto del DIH mitiga la barbarie de la guerra y puede representar un alivio concreto para las personas afectadas en medio de la incertidumbre y el dolor que provoca la violencia, Estas obligaciones deben cumplirse independientemente de que existan o no diálogos de paz”, dijo Lorenzo Caraffi, jefe de la delegación del CICR en Colombia.
Sobre dicho panorama en cuestión humanitaria, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, dijo que es una realidad, y que el Estado debe responder de manera más rápida en inversión social. Frente al papel de la fuerza pública en las regiones, Velásquez manifestó que: “siempre que se pueda avanzar en planes de retorno con comunidades, lo que tenemos dispuesto desde el Ministerio es naturalmente el retorno de las comunidades y su libre movilidad, pero hay una afectación adicional y es la plantación de minas antipersonales que impiden el retorno inmediato de las comunidades y la presencia de la fuerza pública.
“Es fundamental que el Estado colombiano y los grupos armados sitúen las preocupaciones humanitarias en el centro de los diálogos de paz. En medio de las negociaciones se pueden adoptar acuerdos especiales que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población afectada por los conflictos armados, reforzando las obligaciones que tienen las partes en conflicto frente al derecho internacional humanitario”, dijo por su parte Caraffi.
Por último dijo el delegado del organismo humanitario que: “es importante que los acuerdos especiales correspondan a medidas concretas y positivas, que se construyan sobre la base de las disposiciones existentes en el DIH, y que tengan como finalidad la protección de la población civil y de otras personas afectadas por los conflictos armados”.