Recientemente, se vivió una polémica en el país por la campaña que emprendieron varios gobernadores del país en sus redes sociales, en donde publicaron el escudo de Colombia, haciendo énfasis en las palabras Libertad y Orden.

Según algunos gobernantes, como Juan Guillermo Zuluaga, del Meta, las condiciones de seguridad en el país habían desmejorado en los últimos meses. Dijo que en su región seguían las extorsiones, los secuestros y los homicidios.

Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga Cardona. | Foto: Revista Semana

En las últimas horas, se conoció el pronunciamiento del ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre la campaña Libertad y Orden de los gobernadores. Dijo el funcionario que “nadie va en contravía de hacer de Colombia un verdadero Estado social y democrático de derecho”.

Agregó que “nosotros no lo entendemos como una censura o reclamo o recriminación, es un propósito colectivo, es un propósito nacional, porque la libertad, el orden, la democracia, el Estado social y democrático de derecho, la lucha contra el hambre, la lucha por mejorar las condiciones sociales de la población no es una lucha política”.

Las declaraciones las entregó el ministro luego de un consejo de seguridad que se desarrolló en Barrancabermeja, Santander, en donde le ordenó nuevamente a la Fuerza Pública atacar al Clan del Golfo.

“Es la hora de frenar esa expansión, ese fortalecimiento y llegar a la terminación, debilitamiento de las organizaciones ilegales, forzando además a que asuman sinceramente la oferta de ‘paz total’ que el Gobierno mantiene”, afirmó el ministro Velásquez.

Georreferenciación de las zonas de influencia de las subestrcuturas Uldar Cardona Rueda, Julio César Vargas Torres y Yeison Leudo Chaverra del Clan del Golfo. | Foto: Cortesía suministrada a SEMANA

Sobre la situación en el Bajo Cauca antioqueño manifestó que “el compromiso, en primer lugar, es brindar toda la seguridad a una misión que encabezará la Defensoría Regional, pero con el acompañamiento seguro de las Naciones Unidas para hacer verificación sobre terreno en estas condiciones de confinamiento de poblaciones”.

Además, reiteró que uno de los compromisos del Gobierno nacional es lograr la mayor incautación de estupefacientes.

“Pero también de los insumos líquidos y sólidos que se utilizan para la producción (…) y también respecto de los beneficios económicos de las riquezas que se obtienen a partir de esa actividad, por lo cual, se viene ejecutando un plan especialmente con la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, pero con la contribución de toda la inteligencia del Estado, en cuanto a la identificación para la persecución de los bienes y riquezas provenientes de estas actividades ilícitas”, dijo Velásquez.

Por su parte, las Fuerzas Militares indicaron respecto al Bajo Cauca, que con los bomberos se removieron árboles derribados que restringían la movilidad en la Troncal de Occidente.

Es de anotar que en la región del Bajo Cauca antioqueño, las Fuerzas Militares tienen desplegados más de 10.000 hombres y mujeres, que además de presencia institucional y control territorial, actualmente adelantan labores de seguridad en las vías, el comercio y en las zonas rurales con el objetivo de dinamizar nuevamente la economía local y brindar las condiciones de tranquilidad óptimas para la cotidianidad de sus pobladores.

Territorio devastado por la minería en el Bajo Cauca. | Foto: Juan Diego Mercado Hidalgo

Adicional al componente militar que se moviliza en medio de esos recorridos, están las tropas ubicadas a lado y lado de la carretera en puntos estratégicos para permitirles a viajeros y transportadores un viaje seguro sobre este importante eje vial.

La remoción de los árboles puso en evidencia en grave daño generado por los desadaptados, equiparable a un ecocidio, que, sin importar la afectación a la naturaleza, a la flora, la fauna y el ecosistema de esta región del noroccidente de Colombia.

Hay que mencionar que la situación del Bajo Cauca, llevó al Gobierno nacional a echar para atrás el cese al fuego bilateral que había con el Clan del Golfo, tras comprobarse que estaban detrás de los actos criminales del paro minero.