Desde el pasado 28 abril, cuando el paro nacional dejó en evidencia un estallido social cansado de la desigualdad, varios peajes en todo el país fueron destruidos. Edwin Mauricio Capaz, consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), dijo a SEMANA que aunque hay conversaciones en la mesa de diálogo entre delegados del Ministerio de Transporte y comunidades campesinas, indígenas y transportadores, estas giran alrededor de la no reactivación de los puestos de cobros sobre las vías.
La conversación se está dando en el municipio de Piendamó, Cauca, muy cerca al peaje de Tunía, el mismo que el pasado miércoles primero de septiembre fue incinerado sobre la vía Panamericana. Allí habían instalado una caseta provisional para reactivar los cobros de los vehículos que transitan por el sector. “Ese es producto del descontento social por encontramos con estas zonas de atraco institucionalizado”, dijo el líder indígena, al señalar que el dinero que pagan los colombianos a estas concesiones no se reflejan inversión social, ni educación.
Capaz los califica como “venas rotas”, argumentado que las vías del Cauca son “paupérrimas, no tienen la fluidez y la calidad de las vías trasnacionales”. Esa es la ruta para ir por carretera hacia Ecuador y cada carro que se pasa por allí paga alrededor de diez mil pesos.
Otros de los puntos que cuestionan es la cercanía entre un peaje y otro. Así, por ejemplo, del peaje de la Tunía a Villa Rica hay 40 minutos de recorrido, lo que consideran injusto y avaro por parte del Estado. “No estamos de acuerdo con la reconstrucción del peaje, esa es una de las exigencias de la gente del común”, manifestó Carmen Gembuel, consejera mayor de la Consejo Regional Indígena del Cauca.
“Hacemos un llamado al Gobierno nacional en cabeza de la ministra de Transporte, ministro del Interior y a Invías para que se bajen al ejercicio de dialogo comunitario. No podemos seguir en un país donde solamente se impongan condiciones, sino que se tiene que escuchar a las comunidades”, dijo Gembuel.
Cabe recordar que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es la responsable de estructurar y gestionar las concesiones viales en el país. Por esa vía, establece en los contratos las condiciones y los tipos de peaje que se cobran en estas carreteras.
Con la polémica de los últimos días por el ajuste en varios peajes que despertaron el malestar de algunas comunidades y sectores de la economía, como es el caso de los transportadores de carga, la entidad respondió a una serie de dudas sobre este tipo de cobros.
Por lo pronto, los ciudadanos los deben seguir pagando, pero llama la atención la poca creatividad para buscar encontrar opciones de financiación. Con corte al 31 de diciembre de 2020, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) contaba con 99 estaciones activas en las vías nacionales. Durante el año 2019 se registró un recaudo de $2,7 billones y para el año 2020 de $2,1 billones.
Frente a la movilización de vehículos por las vías concesionadas a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura: durante el año 2019 transitaron un total de 231.754.392 vehículos, y durante el año 2020 transitaron un total de 176.130.078 vehículos.
De los 99 peajes operados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 4 tuvieron este año incrementos por encima del IPC (Índice de Precios al Consumidor).
Se trata de las casetas de Calamar-Puerta de Hierro-Cruz del Viso, Machetá, Transversal del Sisga y en el peaje la Lizama -Bucaramanga-Barranca-Yondó, donde se establecieron tarifas diferenciales para los residentes de la zona.
Tres tributarias
En medio de ese debate, Fedesarrollo indicó este miércoles que dejar de cobrar los peajes de 9 concesiones de la primera ola de 4G representaría un impacto fiscal de 19 billones de pesos, lo que podría recaudarse con unas 3 reformas tributarias.