El Ministerio de Educación hizo una evaluación de la vinculación de Francisco Barbosa, hoy fiscal General de la Nación, a la Universidad Sergio Arboleda, entre el 12 de marzo de 2019 y el 11 de marzo de 2020, mediante un contrato de trabajo para un periodo académico.

En un informe de la Subdirección de Inspección y Vigilancia, fechado el 17 de enero de este año y conocido por SEMANA, se explica que se analizó “la información contractual (etapa precontractual, contractual y postcontractual)” de varios docentes, entre ellos Barbosa.

Todo ello a raíz de un derecho de petición radicado el 13 de diciembre de 2021, ante el Ministerio de Educación, por Leonardo Espinosa Quintero, quien fue decano de la Escuela Mayor de Derecho de la Sergio Arboleda y, en su momento, fiscal general ad hoc en el caso de Odebrecht. Espinosa se quejó de la vinculación de Barbosa, entre otras personalidades.

El Ministerio, luego de sus investigaciones, concluyó que en la contratación de Barbosa, así como en las de otras personas, no se evidenció ninguna irregularidad.

“Resulta necesario reiterar que el principio constitucional de autonomía universitaria faculta a las Instituciones de Educación Superior a darse sus propios reglamentos bajo el apego de la Ley, en tal sentido si bien se observó la consecutividad en la contratación por prestación de servicios de las personas determinadas por el quejoso, no se evidenciaron hechos que hagan ver como irregulares las contrataciones analizadas”, señala el informe de visita, llamado de seguimiento preventivo, de la Subdirección de Inspección y Vigilancia.

Dicho informe tenía como finalidad verificar que la Universidad Sergio Arboleda cumpliera “con las normas para su funcionamiento, así como el desarrollo y prestación continua del servicio público de educación con sujeción a la Constitución, la ley, los reglamentos y a sus propios estatutos, en condiciones de continuidad y calidad”.

Sobre la vinculación de Barbosa y los demás profesores, el Ministerio de Educación anotó: “La Universidad Sergio Arboleda, atendiendo el requerimiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional, adjuntó la totalidad de documentación que permiten evidenciar las competencias académicas y profesionales de las personas naturales que ocuparon los diferentes cargos en los que fueron contratados cualquiera fuere la naturaleza del contrato. Se evidenció de igual manera que en algunos casos, los cargos que inicialmente obtuvieron las personas de las cuales fue analizada su hoja de vida, han atendido un progreso académico y profesional al interior de la misma institución. Lo cierto es que se evidencia del material probatorio aportado que han sido personas vinculadas con la Universidad Sergio Arboleda en distintas anualidades bien fuere como empleados o contratistas de prestación de servicios, en cargos que determinan una formación académica adecuada para las funciones que deben adelantarse en los mismos”.

En el caso del hoy fiscal General de la Nación, se señaló que el contrato de trabajo para un periodo académico tenía un objeto consistente en la “realización y ejecución de un período o semestre académico, en el cual el catedrático se obliga a prestar sus servicios en la universidad dictando cátedra en la (s) Escuela(s) la(s) asignatura (s) que le asigne la universidad en el semestre y con la intensidad horaria que la escuela establezca, o cualquiera otra actividad análogo, anexas, o complementarias. El catedrático expresamente manifiesta que conoce que se le contrata solamente por el período indicado, de tal suerte que a la finalización de éste se acabará la causa y materia del contrato y por lo mismo éste terminará. Sus funciones son exclusivamente de investigación académica y cátedra universitaria”.

Dicho contrató se pactó por 12 meses, entre el 12 de marzo de 2019 y el 11 de marzo de 2020. Sin embargo, se liquidó más de un mes antes, el 7 de febrero de 2020, “a partir de un mutuo acuerdo entre las partes para la terminación del mismo, el cual consta en el documento allegado por la institución universitaria”.

La terminación se dio porque Barbosa fue elegido como fiscal general de la Nación, el 30 de enero de 2020, por parte de la Corte Suprema de Justicia, y se posesionó el 13 de febrero de ese año, en la Casa de Nariño, ante el entonces presidente Iván Duque. Antes de esa fecha, Barbosa se desempeñó como consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales.

En el informe de visita, el Ministerio de Educación validó la idoneidad de Barbosa y los demás docentes.

“Lo que quiere advertirse es que, bajo las calidades académicas y profesionales de las hojas de vida examinadas en cada uno de los momentos particulares de contratación, las personas naturales evidenciaron su capacidad para el ejercicio del empleo o de la labor contratada. De igual manera, con la salvedad a la que se ha hecho referencia anteriormente, relativa a la modalidad de contratación, debe advertirse que el régimen jurídico que rige a la institución es el derecho privado que faculta a las partes de la relación contractual, acordar los montos de los salarios u honorarios. De otra parte se encontró que las contrataciones referidas no afectaron las rentas de la institución de educación superior que pudiere conllevar al desequilibrio financiero de la institución, poniendo en riesgo su operación crediticia y la prestación del servicio público de educación superior”, señala el documento.

El informe fue firmado por Gina Margarita Martínez Centanaro, subdirectora de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, y los profesionales María Camila Corredor Caldas, Harold Mauricio Cárdenas Moreno, Jenny Dirley Martínez Hernández, y José Arcadio González Garzón.

El documento del Ministerio de Educación concluye: “En síntesis, hecho el análisis de la contratación del personal de la institución y la remuneración de los mismos, esta obedece a los procedimientos establecidos para la IES en el marco de su autonomía y en cada caso analizado, se observa que se ha cumplido con los procedimientos internos”.

El pasado 5 de agosto de 2022, el Ministerio de Educación, a través de la resolución 015755, conminó a la Universidad Sergio Arboleda a adoptar medidas preventivas. En dicha resolución no se habla del hoy fiscal General ni de los demás los docentes vinculados. El Ministerio hace énfasis es que el centro educativo presenta “debilidades, deficiencias e irregularidades como incumplimiento de normas NIFF, indicadores de liquidez, reportes en el sistema HECCA-SNIES, deficiencias en el cobro de cartera, lo que supone un riesgo indeseado e insoportable para la calidad del servicio en condiciones de continuidad”.

Igualmente, en un comunicado fechado el pasado 16 de septiembre, el Ministerio de Educación informó que la resolución 015755 quedó en firme y que el pasado 13 de septiembre le pidió al centro educativo “el retiro inmediato de publicidad alusiva a la Acreditación Institucional Multicampus, por decaimiento del Acto Administrativo que otorgaba dicho reconocimiento de calidad”.

En ese comunicado tampoco se hace referencia a la vinculación del hoy fiscal Barbosa y los demás profesionales a la Sergio Arboleda. Puntualmente se señala: “La universidad deberá elaborar, implementar y ejecutar un Plan de Mejoramiento, que deberá ser validado por el Ministerio de Educación Nacional, encaminado a superar en el menor tiempo posible las causas que dieron origen a la medida”.