En una reunión liderada este lunes por la Defensoría del Pueblo con representantes de las EPS, la Adres, la Asociación de Clínicas y Hospitales y las directivas de Acemi, ante la preocupación que existe en el sector de la salud y entre los usuarios de Sanitas, Sura y Compensar, que en días pasados advirtieron de la crisis en la que se encontraban al no poder garantizar la prestación de los servicios de cara al mes de septiembre, se llegó a un acuerdo para seguir realizando mesas de concertación esta semana.
Según el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en dichas mesas se evaluarán tres puntos fundamentales: “la suficiencia de la UPC, los presupuestos máximos y las deudas pendientes de Gobiernos anteriores” con el fin de garantizar la prestación del servicio a los usuarios.
El ministro también insistió en que no se está generando ninguna crisis en el sistema de salud y “prueba de ello es el aumento en un 25.4 % del presupuesto destinado para el año 2023 y el aumento en un 16.23 % en la Unidad de Pago Por Capitación (UPC), es decir en el valor anual que el Estado reconoce por cada uno de los afiliados al sistema general de seguridad social en salud”, señala un comunicado del Ministerio de Salud.
El representante de la cartera también manifestó que “por eso nos vamos a sentar nuevamente, pero lo más importante en este caso es que tenemos ya un entendimiento y ellos mismos dicen que esta situación no es de ahora, ni de este Gobierno, porque este Gobierno ha hecho un esfuerzo grande, el presupuesto aumentó”.
Además, Jaramillo señaló que “lo más importante es que los ciudadanos entiendan que no se dejarán de prestar los servicios de salud”, debido a la gran incertidumbre por parte de miles de colombianos de lo que va a pasar con su EPS.
“Eso creo que fue una mala interpretación en el sentido de que nadie puede ir a creer que no se van a seguir prestando los servicios que se vienen prestando normalmente. Por múltiples razones, la primera, porque tenemos una infraestructura importante en materia de prestación de servicios y segundo, porque tenemos los recursos que el Gobierno ha presupuestado para los colombianos y los casi un millón de migrantes”, explicó el ministro.
Jaramillo reafirmó de nuevo que Gobierno del presidente, Gustavo Petro, tiene garantizados los recursos para continuar prestando los servicios a todos los colombianos y a cerca de un millón de ciudadanos migrantes.
Durante el encuentro, Jaramillo Martínez explicó a los asistentes los esfuerzos que el Gobierno hace para lograr un verdadero cambio al sistema de salud con la reforma que será debatida en el Congreso.
Procuraduría dice que hay riesgo en la prestación de los servicios de salud
La Procuraduría General de la Nación alertó por la crisis financiera que enfrentan las Entidades Promotoras de Salud, EPS, en todo el país. De acuerdo con el Ministerio Público, podría haber “graves consecuencias para la garantía del derecho fundamental a la salud de los colombianos”.
Las Agremiaciones de las EPS de los regímenes contributivo, subsidiado y algunas de estas Entidades han acudido a la Procuraduría y al Ministerio de Salud para advertir de la difícil situación financiera por la que atraviesan, lo cual impediría continuar garantizando la calidad y el acceso oportuno a los servicios de salud.
Concretamente, las EPS Sura, Sanitas y Compensar enviaron una carta al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, expresando que, por cuenta de la “angustiosa” situación financiera que atraviesan, incluso, podrían dejar de funcionar a partir de septiembre, afectando a 13 millones de usuarios.
De acuerdo con las EPS, las causas de la crisis financiera son el pago inoportuno y la actual deuda por servicios no financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que corresponden al Ministerio de Salud.
Se ha hecho un cálculo insuficiente de la UPC, es decir, de los recursos con los que se garantizan los servicios del Plan de Beneficios en Salud a que tienen derecho los usuarios.
El déficit financiero de las EPS obedece, entre otras causas, a fenómenos como la inflación, los cambios demográficos, la creciente inclusión de nuevas tecnologías en el Plan de Beneficios.
También han influido circunstancias como el aumento en la frecuencia de uso de los servicios ante la incertidumbre por la eventual reforma al sistema de salud, los efectos derivados del covid-19, las liquidaciones de EPS que generan traslados masivos de usuarios con mayores necesidades y la concentración asimétrica de cargas de enfermedad en algunas entidades promotoras de salud.