Este martes, el ministro de Justicia, Néstor Osuna defendió la propuesta para que se emita una nueva directriz desde la Fiscalía General para revisar la situación jurídica de los integrantes de la denominada primera línea que actualmente se encuentran en centros carcelarios por los hechos registrados durante las manifestaciones realizadas entre 2019 y 2021.
Osuna aseveró que en la actualidad la fiscal general, Luz Adriana Camargo, está analizando, junto a su equipo, los alcances de esta propuesta y desde el Gobierno están a la espera de su respuesta. “Acataremos y recibiremos con beneplácito cualquiera que sea su directriz”.
El ministro recordó que hace algunos años existía una directriz en el ente investigador para actuar en los hechos que se registraran durante las protestas y manifestaciones. “Le proponía o sugería a los fiscales que en los casos de delitos cometidos en casos de propuestas sociales la imputación se hiciera solamente por el delito cometido de modo evidente” pero que nunca se añadiera un acto de terrorismo o como un concierto para delinquir.
En este sentido, citó que estos casos se podrían presentar como en el “daño a una vidriera, una lesión o un homicidio, pero que no se imputara ni terrorismo ni concierto para delinquir. Esa directriz fue abandonada por el fiscal Francisco Barbosa”. Por esto, desde la posesión de Luz Adriana Camargo como fiscal general se le pidió desde el Gobierno reconsiderar la reanudación de esa directriz.
Frente a los alcances de esta directriz, el ministro aseguró que es necesario revisar la situación jurídica de varios grupos para tomar una decisión. “Habría que distinguir de los que estén capturados, los que estén condenados, los que estén sindicados. No es una cosa automática, pero si hay un cambio de imputación para los que estén sindicados o por el tiempo que lleven capturados, se puede estar ante una libertad condicional para que enfrenten el juicio en libertad”.
Por el momento, el Gobierno no cuenta con una lista de los integrantes de la primera línea que estén privados de su libertad actualmente. “Esto tiene que ver con una situación de volver al cauce institucional tradicional, que es el recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
El pasado viernes, tras conocer la propuesta del ministro de Justicia y el presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General envió una publicación en la que avisaba que no había una decisión de fondo y que todo se encontraba en etapa de evaluación.
“En cualquier caso, la palabra definitiva al respecto la tendrán los jueces penales competentes y, en última instancia, la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria colombiana”, precisó el ente investigador en un comunicado.
Para tomar una decisión, se advirtió, se estudiará la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina jurídica internacional que fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a los alcances y la calificación de las imputaciones por terrorismo y concierto para delinquir “frente a los delitos perpetrados en desarrollo de la protesta social”, agrega la comunicación.