La Procuraduría volvió a requerir al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, pero esta vez la solicitud pide que entregue información detallada sobre la destinación de cerca de siete billones de pesos a través del Presupuesto General de la Nación 2024 para esa cartera.
El documento de cinco páginas firmado por la procuradora Diana Ojeda, delegada para la Salud, dice: “En atención a la defensa de los derechos fundamentales, los intereses de la sociedad y el ejercicio eficiente de las funciones públicas, realiza seguimiento a los recursos asignados a su cartera por medio del Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023, ‘Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos’”.
La procuradora explicó que en la página web del Ministerio de Salud se evidencia en la asignación presupuestal que más de cinco billones de pesos quedaron a disposición para el apoyo a programas de desarrollo de la salud Ley 100, razón por la cual requirieron información sobre la identificación de los proyectos aprobados destinados a ese ítem.
Así mismo, el ministro Jaramillo debe remitir la “planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (Empresas Sociales del Estado beneficiadas)”.
La Procuraduría también registró que para el Plan Nacional de Salud Rural se asignó inicialmente más de 13 mil millones pesos y un presupuesto de casi dos billones de pesos relacionado en programas como un modelo de fortalecimiento de infraestructura en centro de atención primaria, acceso a medicamentos y dispositivos médicos, planeación epidemiológica, prevención para poblaciones vulnerables, entre otros programas.
“Se solicita explicar en detalle en qué consisten cada uno de los planes, programas o proyectos presentados, su fundamento jurídico, la planeación de ejecución del rubro desagregado por territorios y por entidad o institución beneficiada (ESE)”, dice el documento del Ministerio Público.
Sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para financiar los servicios de salud de los regímenes subsidiado y contributivo del Sistema General de Salud para este año, el ente de control le pidió a esa cartera que aclare si se financiará el 5 % de ese programa, según lo establece la ley.
Por último, la procuradora Ojeda solicitó “informar si existen otros rubros con los cuales se tenga presupuestado financiar o cofinanciar proyectos remitidos por las entidades territoriales y/o las ESE relacionado con transporte asistencias, dotación hospitalaria e infraestructura en salud, conformación y operación de equipos básicos de salud y pago de acreencias (obligaciones laborales, honorarios, créditos judiciales entre otros)”.
A finales del año pasado, la procuradora Diana Ojeda y el Ministerio de Salud ya habían tenido un encontronazo por la respuesta que le dio esa cartera al ente de control para que respondiera por los pagos de los presupuestos máximos a las EPS.
En ese entonces, la procuradora delegada para la Salud aseguró que la respuesta a ese requerimiento, fueron “afirmaciones irrespetuosas y desobligantes, por parte del jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, señor Rodolfo Enrique Salas Figueroa, contra este organismo de control”.
Otro de los focos que tiene la Procuraduría sobre el Ministerio de Salud es la investigación sobre la destinación de 1.2 billones de pesos que habrían sido asignados para la construcción de hospitales y la adquisición de equipos médicos extramurales.
De acuerdo con la investigación en curso, todo parece indicar que no se encuentran registros de los controles ni la planeación correspondiente a estos traslados de recursos.
Según la delegada del Ministerio Público, los actos administrativos “no cuentan con información suficiente relacionada con los proyectos a cofinanciar”, por lo que pidió al ministro Jaramillo aclarar lo sucedido.