Este sábado, el ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para dar garantías a la protesta pacífica en el país, unos cambios que se adoptaron como resultado de la Mesa Nacional de Evaluación de Garantías, indicó el funcionario, quien añadió que estas modificaciones se dan por indicación del presidente Iván Duque

De acuerdo con Palacios, el Gobierno acogió las recomendaciones presentadas por organizaciones de derechos humanos, jóvenes, gremios, sociedad civil y organismos internacionales.

El titular de la cartera del Interior dijo que se realiza la modificación al Decreto 003 de 2021, en el que se establece que no constituyen manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para “obstaculizar temporal o permanente vías o infraestructura, así como las que se convocan con fines ilegítimos, violencia, estigmatización y reitera el uso legítimo de la fuerza bajo principios de necesidad”.

De igual manera, el Gobierno reitera el uso legítimo de la fuerza bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación para neutralizar daños graves, ciertos y verificables que afecten el orden público y la convivencia poniendo en riesgo la vida, y la integridad de las personas, bienes públicos y privados.

“Dimos a conocer el marco de garantías del Gobierno nacional para quienes ejercen el derecho a la protesta pacífica, y también para quienes no lo ejercen y requieren ver sus derechos protegidos. Anunciamos la modificación de la estructura del Ministerio del Interior, fortaleciendo su enfoque integral en materia de diálogo social y Derechos Humanos”, indicó el ministro, quien estaba acompañado por el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, y el director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas Valencia.

Otro de los puntos que anunció Palacios fue que el viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos será ahora el viceministerio del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos.

El Gobierno anunció además la creación del Sistema Nacional de Gestión del Diálogo Social y Resolución de Conflictos, el cual será presidido por el presidente de la República y del cual harán parte el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Minas, la Consejería de Estabilización y el Alto Comisionado para la Paz, entre otros.

“Este sistema será replicado en todos los niveles; nacional, departamental y municipal, en donde se busca no solamente fomentar el diálogo social, sino poder dar resolución a los conflictos que se originen precisamente en materia de convivencia y conflictividad social”, dijo el jefe de la cartera política.

Del mismo modo, se creará el Observatorio de la No Discriminación y la no Estigmatización ‘Colombia es de todos’. Este Observatorio promocionará la inclusión y la lucha contra cualquier forma de discriminación o estigmatización como mecanismo de monitoreo y seguimiento a los diferentes actos o prácticas discriminatorias por razón de raza, ética, religión, género, orientación sexual, opinión y participación política y discapacidad, entre otros, reiteró Daniel Palacios.

Para finalizar anunció que se han dispuesto $34.732 millones para el fortalecimiento de las capacidades de la Policía Nacional, que se invertirán en tecnología, un plan piloto de bodycams y un componente de movilidad que hace parte del plan de transformación integral de la Policía Nacional.

Voces en contra

Varios analistas en redes sociales han mostrado su inconformidad sobre el anuncio del Gobierno, pues consideran que las medidas y cambios anunciados no solucionan los problemas actuales y, además, resultan inconstitucionales, como afirmó el reconocido abogado constitucionalista, Rodrigo Uprimny, en su cuenta de Twitter.

El experto manifestó, en primero lugar, que apoya el paro nacional, pues “considero justas sus razones pero he invitado a levantar los bloqueos que afectan desproporcionadamente derechos de terceros pues desbordan y deslegitiman la protesta”.

En su opinión, el anuncio del Gobierno es “groseramente inconstitucional”, ya que viola el principio de legalidad, pues “la delimitación del derecho fundamental a la protesta y a la manifestación sólo puede hacerse por ley (incluso sólo por ley estatutaria) y no por decreto, y menos por Twitter”.

Otro punto que llama la atención del jurista es que la Constitución y otros acuerdos a los que se ha adscrito el país señalan que “sólo la ley puede limitar el derecho a la protesta”.

Por último, Uprimny advierte que “modificar ese decreto 03/2021, no para garantizar la protesta pacífica, sino para restringirla es entonces un desacato a sentencia de la Corte Suprema”.