Este miércoles 12 de octubre, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, firmó un importante acuerdo con la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. El acuerdo busca fortalecer la investigación y prevención de casos de corrupción del personal del Inpec, que labora en el pabellón de alta seguridad de La Picota.

“Esta ayuda permitirá que esa cárcel sea también un centro de resocialización y de justicia restaurativa y no una escuela del delito, un lugar de corrupción, vergüenza, escándalos, violación de DD. HH., en fin, de todo tipo de anomalías que estamos decididos a erradicar”, señaló el jefe de la cartera de Justicia.

Y agregó: “Firmamos este acuerdo operativo, concreto, para erradicar de una vez para siempre ese problema tan grave que tenemos en el centro penitenciario de La Picota. Es un problema de mucho tiempo, crónico, con algún episodio reciente que nos avergüenza”.

Pues el episodio “más reciente” es el de una fiesta vallenata que, como si se tratara de un club nocturno, se tomó el pabellón de extraditables allí en La Picota: tragos, canciones a todo volumen, y más, hicieron parte de uno de los episodios más bochornosos en el que habría existido complicidad de miembros del Inpec.

Osuna destacó que, de una vez por todas, se busca erradicar dicha problemática: “Fue necesario remover al director anterior de La Picota. Por eso fue nombrado Bustamante, en quien confiamos que sea el paladín en la lucha por la transparencia. Qué bueno para todos nosotros contar desde hoy con la ayuda operativa para este acuerdo, en esa cárcel. Para que sea lo que debe ser, un centro penitenciario, un centro de resocialización. No una escuela del delito, no un lugar de corrupción ni de violación de derechos humanos y todo tipo de anomalías que estamos decididos a erradicar. Gracias a Estados Unidos. Asumimos el compromiso de todo lo que esté a nuestro alcance”.

La investigación preliminar que se abrió después de la fiesta, revelada por SEMANA, concluyó que hay caletas en las que los reclusos que están en el pabellón de extraditables guardan todo tipo de elementos prohibidos, como drogas, licores importados, dinero en efectivo y mucho más.

La Fiscalía y la Procuraduría General adelantan, actualmente, la recolección de elementos materiales probatorios para identificar quiénes permitieron el ingreso de los cantantes vallenatos y de música popular, así como el arsenal de botellas de licor y sustancias prohibidas.

Y es que el escándalo no es de poca monta. Esta semana, el procurador delegado de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, y quien fue designado como agente especial del caso, reveló que la “fiesta” no arrancó el 24 de septiembre como inicialmente se pensaba, sino que comenzó el 19 y se prolongó hasta el 26 de septiembre, es decir, duró realmente siete días.

Pero no solo eso, dice Sarmiento, lo que hubo fue un desfile de por lo menos 30 artistas, de todos los géneros musicales, durante los siete días de rumba al interior del pabellón de los extraditables.

La indagación, que ya adelanta la Procuraduría, recolectará todos los registros de ingreso, las minutas y los movimientos de todos y cada uno de los guardias que durante esos días estuvieron a cargo de los diferentes pabellones.

“Lo que nos ha dicho el hoy director encargado de la cárcel es que existía, por parte del anterior director, el permiso de ingreso de todos los artistas que estuvieron allí. Pero en lo que se refiere a licor, cigarrillos, celulares y otros elementos, estos están totalmente prohibidos”, sostuvo Sarmiento.

El delegado de Derechos Humanos afirmó que lo que se está tratando de establecer es qué funcionarios del Inpec permitieron el ingreso de los elementos prohibidos para iniciar las acciones disciplinarias del caso.

Sin embargo, no es el único episodio que ha puesto bajo la lupa al Inpec. A esta fiesta, se suma la fuga de alias Matamba. Por ese caso, se formuló ya pliego de cargos contra el exdirector de La Picota y seis guardianes por facilitar la fuga del temido alias Matamba.