En algunos países, sobre todo de Europa, autoridades están exigiendo un carné de vacunación a las personas que quieran acceder a sitios públicos, como por ejemplo un banco, restaurante, bar, cine, etc. En el caso de Colombia, esa iniciativa comenzó a sonar, no sin antes generar un fuerte debate.

Como se sabe, en Colombia la vacunación contra el coronavirus no es obligatoria. Es una elección de cada persona. Hace algunos meses algunos creían que la desesperación por el virus era tal que la mayoría de las personas se vacunaría tan pronto tuvieran la posibilidad, pero el panorama es distinto. El Ministerio de Salud dice que hay poco flujo en algunos puestos de vacunación y la preocupación es que no se logre la anhelada inmunidad de rebaño, necesaria para ponerle fin a la pandemia.

Incluso en algunas ciudades, los alcaldes han señalado que son muy pocas las personas que están acudiendo a las citas, tanto de primera como de segundas dosis, tanto así que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, le pidió al Gobierno nacional que levantara todas las restricciones de edades para la vacunación, razón por la cual el Ministerio de Salud confirmó que las etapas se fusionarán a partir de agosto.

Sin embargo, por ahora la vacunación como un requisito obligatorio para acceder a un sitio público no está contemplada en el país. En diálogo con la emisora La FM, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, sostuvo que “sobre exigir carné de vacunación para ingresar a lugares, es un tema que estamos analizando con mucho cuidado. En caso de no tener una respuesta a la vacunación, habría que pensar si implementar esta estrategia, ya que la vacunación es un beneficio colectivo”.

Hace algunos días Gustavo Morales, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), le dijo a SEMANA que desde hace seis meses le propuso al Gobierno que hiciera que las vacunas fueran obligatorias.

“Los que están en contra de esa teoría sólo tienen un argumento y es que la ley estatutaria dice que nadie puede ser obligado a un tratamiento. Nuestra respuesta a esa objeción es muy fácil: 1) Las vacunas no son un tratamiento, son una tecnología para evitar tratamientos (...) 2) La Constitución dice que existe el deber a la salud de nosotros como personas y de nuestra comunidad”, argumentó Morales, asegurando que existe el fundamento jurídico necesario para una medida semejante.

Según él, la obligatoriedad de la vacuna es el camino, no para sancionar a millones de personas sino restringir ciertas actividades y derechos para los no inmunizados. Por ejemplo, piensa que acudir a un banco, ir a edificios públicos o viajar en avión, podrían ser algunas acciones para las personas inoculadas únicamente.

Para Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio que integra a las EPS del régimen subsidiado, aunque se deban tomar todas las medidas necesarias para controlar la pandemia, es “mejor enfatizar en la pedagogía para llegar a los que no quieren y convencerlos de los beneficios de la vacunación”, ya que se debe respetar el criterio individual de las personas, teniendo en cuenta las características del país.

Por su parte, Carlos Trillos, epidemiólogo de la Universidad del Rosario, dijo que la obligatoriedad no es el camino y está de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Vacunación en ese sentido. “El éxito de un programa preventivo es que las personas entiendan su razón de ser, los beneficios y que estos superan ampliamente el riesgo de enfermarse. Lo anterior garantiza el éxito de estos”, explicó.

Por eso, recordó que “la vacunación es una de las actividades preventivas que más han tenido impacto en el planeta”.