El Ministerio de Transporte autorizó la contratación de vehículos adicionales para ayudar a evacuar a los cerca de 1.400 migrantes, la mayoría de nacionalidad venezolana, que están llegando a la terminal del norte de Medellín con el fin de buscar un tiquete que los lleve hacia el Urabá antioqueño y luego continuar su tránsito por la selva del Darién y lograr su objetivo de llegar a Norteamérica.
Las tres empresas de transporte que prestan el servicio hacia Urabá no dan abasto desde hace 15 días, justo cuando comenzó a aumentar el flujo de estos ciudadanos venezolanos que luchan por llegar a Estados Unidos. El Ministerio autorizó el permiso temporal por la petición de las mismas empresas que se estaban demorando hasta dos días en entregar los tiquetes. Por tal motivo, autorizaron cerca de 25 vehículos que ayudarán a complementar la prestación del servicio.
“En aras de dar una solución a la situación humanitaria que se presenta en la terminal de Transportes de Medellín y garantizar la prestación del servicio público de transporte en condiciones de seguridad, se autorizará la operación bajo las siguientes condiciones: el transporte de pasajeros en la ruta Medellín-Necoclí se autorizará para los días 5 y 6 de octubre del año en curso, con las empresas de transporte especial con las que se suscribieron los contratos aprobados por la Superintendencia de Transporte para la temporada alta del mes de octubre de 2022″, afirmaron en el documento del Ministerio de Transporte.
Samir Echeverri, director de la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, afirmó que es una petición que estaban realizando desde hace 15 días por la alta demanda y las dificultades de atención no solo para los migrantes, sino para los demás pasajeros que frecuentan la ruta hacia esta región del departamento.
“La situación inició con cerca de 400 migrantes diarios, ahora el panorama es muy diferente, estamos recibiendo cerca de 1.400 migrantes diariamente. Con el permiso podremos lograr un mayor flujo”, sostuvo Echeverri.
En la terminal del norte, estos pasajeros esperan hasta un día para lograr comprar el tiquete por la alta demanda, debido a que la capital antioqueña es un paso obligado para los migrantes que llegan de distintas ciudades venezolanas, muchos con niños en brazos, poca ropa y esperando en los espacios del terminal un tiquete, que por estos días han estado escasos.
Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo, con tal de llegar hasta Necoclí y luego coger una lancha que los lleve hasta Capurganá, Chocó, y posteriormente comenzar el viaje hasta Panamá, atravesando la selva del Darién. Aunque cuando llegan a Necoclí también les toca esperar en las playas de este municipio hasta lograr un cupo en una de las lanchas que los llevan hasta Capurganá.
Ellos van mentalizados con el sueño americano, a pesar del calvario que les tocaría vivir para pasar la peligrosa selva del Darién, donde las autoridades han confirmado más de 100 muertos en lo transcurso de este año.
Cabe recordar que, en el año 2021, el municipio de Necoclí, en el Urabá antioqueño, estuvo con cerca de 20.000 migrantes, en su mayoría haitianos, con el mismo fin de cruzar esta peligrosa selva. Esa situación generó una bomba de tiempo en este municipio por la falta de atención en servicios básicos para esa población.
Precisamente sobre esta situación, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y su homólogo de Panamá, Eduardo Leblanc, se reunieron para hacerle seguimiento a esta situación migratoria en la zona del Urabá-Darién, dado que se han venido registrando graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas que atraviesan esa región con rumbo al norte del continente.
El tapón del Darién es una trampa mortal, coincidieron en señalar los defensores de Colombia y Panamá, al advertir los graves peligros que deben enfrentar los migrantes, no solo por las difíciles condiciones y los peligros de la selva, sino por las acciones de los grupos armados y organizaciones criminales a los dos lados de la frontera.
Como prueba de ello se registran frecuentes casos de personas desaparecidas o muertas en ese recorrido, el último caso fue el lamentable homicidio de una niña de seis años. Ante este escenario, las dos defensorías trabajan en la construcción de una alerta temprana binacional, con el fin de que con la institucionalidad de los Estados puedan articular acciones para reducir los riesgos de la población en tránsito.