Veinticuatro horas después de que el presidente Iván Duque objetara seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, el Sistema de Naciones Unidas y la Misión de Verificación en Colombia se pronunciaron y le dieron un espaldarazo a la justicia transicional que pasa por momentos decisivos. En un comunicado reiteraron la “importancia del libre funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz como el principal instrumento de garantía del derecho a la justicia de las víctimas”. Pero más contundente aún, “lamentaron” que después de más de dos años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, la JEP no cuente con una Ley Estatutaria, “marco jurídico sólido que garantice su operación en pleno ejercicio de autonomía e independencia, principios claves que la ONU, desde el Consejo de Seguridad, ha señalado como indispensables en repetidas ocasiones”. Consulte: Los protagonistas de la paz que reaparecieron tras la objeciones a la JEP Justamente, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas llegará en los próximos días una carta firmada por más de 100 personalidades de la vida pública colombiana -entre exministros, políticos, académicos y artistas- en la que advierten que la estructura de la JEP y la implementación de los acuerdos están en peligro tras las objeciones que se radicaron en el Congreso. La Misión de la ONU pidió apoyo “político y práctico” para la JEP, esto con el fin de que pueda funcionar plenamente. “De este respaldo dependerá, en gran medida, que los derechos de las víctimas sean la prioridad y el centro de la construcción de paz”, aseguraron, al tiempo que pidieron dar mayor “celeridad a la definición” de la ley estatutaria de la JEP, que ahora está en manos del Congreso. Precisamente, este lunes Duque le pidió al Congreso celeridad para estudiar las objeciones que presentó a la estatutaria. Además, la Misión de Verificación considera esencial -en el marco de los estándares internacionales- que las decisiones sobre las objeciones presentadas por el presidente Duque “aseguren que la integralidad del Acuerdo Final será respetada, al igual que la independencia judicial de la JEP, los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, así como la seguridad jurídica de quienes dejaron las armas y están en la legalidad, de los miembros de la Fuerza Pública y de quienes voluntariamente se hayan acogido a la JEP”. Este último punto es vital, porque varios analistas han advertido que las objeciones y la reforma constitucional que anunció Duque para modificar el acto legislativo que creó la JEP derivará en mayor desconfianza de las bases de la Farc y podría aumentar la disidencia. Las palabras de la ONU, un organismo clave en el acuerdo de paz, se unen a las de otros sectores que han alertado en este mismo sentido. El presidente Duque explica por qué objetó parcialmente la ley de la JEP