Faltan solo cinco meses para que los colombianos regresen a los puestos de votación y participen en las elecciones regionales en todo el territorio nacional. Sin embargo, existen elementos que amenazan los comicios, principalmente, en materia de seguridad.
En el marco de la tercera Comisión Nacional de Seguimiento Electoral para las elecciones de Autoridades Locales de 2023, la MOE manifestó su preocupación frente a hechos que han venido sucediendo en el país. Además, rechazó categóricamente cualquier tipo de acción armada que afecte tanto la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones libres en materia electoral, como cualquier tipo de afectación que puedan sufrir de las diferentes candidaturas que se inscriban para las elecciones regionales.
En su comunicado, la Misión de Observación Electoral se refirió puntualmente al presunto comunicado emitido por el autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC-EP.
“Con el objetivo de brindar confianza al proceso electoral, la MOE recomendó la realización, con carácter de urgencia, de Comisiones de Seguimiento Electoral en cada uno de los departamentos señalados en el comunicado, a saber Caquetá, Guaviare, Putumayo y Meta”, precisó.
“Recrudecimiento de la violencia”
Adicionalmente, en su tercer informe de Observación Electoral, el cual fue entregado a las entidades estatales, la MOE destacó que en los primeros seis meses del calendario electoral, se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia por parte de los grupos armados ilegales en el país.
“En este periodo se han registrado un total de 634 hechos entre acciones armadas y amedrentamientos, un incremento del 141 % en comparación con el total de hechos para el mismo periodo de las elecciones locales de 2019″, indicó la MOE.
En tal virtud, advirtió que el accionar y presencia de grupos armados ilegales podría tener impactos en las elecciones regionales, las cuales se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023.
“Al respecto, se ha recibido información sobre amenazas y acciones para cooptar a liderazgos sociales y comunales por parte de grupos armados ilegales, así como prácticas asociadas al control y restricciones a la movilidad de pobladores en áreas rurales, cobros y extorsiones a actividades de comercio y acciones de empadronamiento”, señaló la MOE.
Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la MOE, también llamó la atención sobre las afectaciones a los liderazgos políticos: “en este periodo se han registrado 153 agresiones en su contra, el número más elevado en este lapso desde el 2012, momento en el que esta organización inició con este seguimiento”.
A su vez, la directora de la MOE hizo un llamado al Congreso de la República para que —con celeridad— se apruebe el proyecto de Ley ordinaria presentado por el Ministerio del Interior con mensaje de urgencia y que tiene como propósito resolver esta situación.
“Se debe recordar que la legislatura terminará el 20 de junio y, aunque su discusión se puede extender en sesiones extraordinarias, es fundamental que este proyecto de ley sea aprobado antes del 29 de junio, fecha de inicio de la inscripción de candidaturas, para que las organizaciones políticas tengan certeza con relación al número de diputadas y diputados que pueden inscribir”, anotó Barrios.
No hay información sobre auditorías
Finalmente, la MOE expuso que a cinco meses de las elecciones, la Registraduría no ha hecho pública la información relacionada con las auditorías que serán contratadas para los sistemas tecnológicos y aquellas que podrán ser implementadas por las organizaciones políticas y misiones de observación electoral.
“Debido a la contratación tardía de tecnologías para el preconteo, software de escrutinios y sorteo de jurados de votación, se corre el riesgo de que una vez más las elecciones se realicen sin auditorías, replicando cuestionamientos como los surgidos en el proceso electoral pasado”, añadió Barrios.
Por esta razón, “es necesario que la Registraduría explique cuál será el alcance de las auditorías a fin de tener claridad sobre la información a la que se podrá acceder y las garantías con que actores externos podrán auditar de manera especializada y profunda los diferentes sistemas tecnológicos que les permita tener certeza sobre la funcionalidad, seguridad en el resguardo de la información, mecanismos de trazabilidad y veracidad”, concluyó la directora de la MOE.