Inocente, así se declaró la monja Catalina Cañón quien trabajaba en la Fundación Hogar Monserrate, ubicada en la vereda Tilatá, zona rural del municipio de Chocontá (Cundinamarca). La Fiscalía General le imputó el delito de tortura agravada por los hechos que se presentaron el pasado mes de julio.
Tras once meses de investigación, el ente investigador determinó que la monja habría ejercido un castigo severo contra un menor de nueve años de edad por orinarse en la cama. No bastó con la reprimenda sino que le habría amarrado sus partes íntimas con cabello para que no lo volviera a hacer.
Esto le generó daños psicológicos y físicos al niño que había ingresado voluntariamente a la Fundación por problemas de comportamiento y de lenguaje. Los familiares del menor, tras recogerlo para pasar unos días con él, se dieron cuenta que se mostraba distante, no podía caminar bien y prefería estar solo.
Tras varios intentos, un tío logró hablar con él. En ese momento se dio cuenta que los genitales de su sobrino tenían un tamaño anormal y presentaba varios moretones. Debido a esto tomaron la decisión de trasladarlo de urgencia al Hospital de Engativá, en el occidente de Bogotá para que fuera atendido.
Los galenos, al evaluar la situación pidieron trasladarlo inmediatamente a otro centro médico especializado para que se le practicara una intervención puesto que su integridad personal estaba en riesgo.
Los profesionales de la salud que atendieron el caso manifestaron que el menor estuvo a punto de perder sus genitales puesto que se presentó una infección en la vejiga. El menor, en proceso de recuperación, le contó a sus familiares lo ocurrido.
Por esto, tomaron la decisión de denunciar ante la Fiscalía General a las directivas de esta Fundación. Las pesquisas permitieron identificar a la monja como la autora de este cruel castigo.
En la acusación se tuvieron en cuenta, además de la declaración de la menor que fue tomada con la asesoría de un profesional, los relatos de los médicos que atendieron el caso en diferentes instancias, los familiares, otros menores que estaban o habían pasado por la Fundación.
La audiencia preparatoria de juicio quedó programada para el próximo 5 de septiembre.
La denuncia
Con la ayuda de un abogado, los familiares tomaron la decisión de presentar una denuncia para que se investigaran estos graves hechos. En la misma señalaron que vecinos le habían recomendado internar por un tiempo al niño.
Con varias referencias, y tras hablar con el menor, decidieron que lo mejor era someterlo a un tratamiento puesto que tenía serios problemas de comportamiento que lo estaban afectando en su vida diaria.
Cuando ingresaron les comentaron que tenían visitas restringidas y que únicamente podían comunicarse con él vía telefónica una vez a la semana. Por las medidas restrictivas de la pandemia del Covid-19 el aislamiento fue aún mayor.
En las escasas comunicaciones jamás le manifestó que estaba ocurriendo algo raro, al parecer por las presiones que infringían los directivos de la Fundación. Cuando finalizó el contrato y salió de ahí fue que empezó a contar lo que había pasado.
“Los médicos hallaron que el pene de mi hijo estaba amarrado con cabellos largos de una persona. Habían sujetado su miembro desde la base y eso le impedía orinar”, aclaró la madre del menor en su declaración ante la Fiscalía.
Este castigo no habría sido el único. Varios profesores golpeabas con puños, patadas e incluso ortiga a los niños como medida para guardar la disciplina.
La Fundación fue intervenida por las autoridades locales y departamentales. Igualmente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) tomó cartas en el asunto al anunciar una inspección.